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Vaticano: violencia contra niños y explotación infantil no tienen excusa

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La violencia contra los niños y la explotación infantil no tienen excusa alguna

 Intervención de monseñor Silvano Tomasi, jefe de la Delegación de la Santa Sede, ante el Comité sobre los Derechos del Niño (Ginebra, 16-1-2014)

 Señora presidenta, miembros del Comité:

En 1990, en el momento de su ratificación [de la Convención sobre los Derechos del Niño], la Santa Sede hizo la siguiente declaración: «La Santa Sede considera esta Convención como un instrumento oportuno y digno de alabanza, encaminado a la tutela de los derechos y de los intereses de los niños, que son “ese precioso tesoro que se da a cada generación como un reto a su sabiduría y sensibilidad». […] Al adherirse a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Santa Sede pretende dar una nueva muestra de su constante preocupación por el bienestar de los niños y de las familias. En consideración de su particular naturaleza y posición, la Santa Sede, al adherirse a esta Convención, no pretende de ninguna manera prescindir de su misión específica, que es de carácter religioso y moral».

La protección de los niños sigue siendo una gran preocupación para la sociedad contemporánea y para la Santa Sede. El Informe de la ONU sobre la Violencia contra los Niños, publicado en 2006, citaba cálculos espeluznantes de la Organización Mundial de la Salud, según los cuales 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años «han experimentado relaciones sexuales forzadas y otras formas de violencia sexual con contacto físico» (1). Aunque presenten un margen significativo de error, dichos cálculos no deben ser ignorados ni eclipsados ??por otras prioridades o intereses de la comunidad internacional, máxime porque no incluyen proyecciones sobre el número de víctimas del trabajo infantil y de la trata de niños, ya sea esta con fines de explotación sexual, de trabajo forzado, de venta de órganos o de otras razones inconfesables. Aunque es poco lo que se sabe sobre la magnitud del problema, en 2002 la Organización Internacional del Trabajo calculó que 1.200.000 niños eran víctimas de la trata cada año (2).

Se encuentran culpables de abusos  entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo, y muy lamentablemente también entre los miembros del clero y demás personal de la Iglesia (3). Este hecho resulta particularmente grave, toda vez que estas personas ocupan cargos de gran confianza y están destinadas a unos niveles de servicio que han de promover y de tutelar todos los elementos propios de la persona humana, entre los que se incluye la salud física, emocional y espiritual. Esta relación de confianza es fundamental, y exige un mayor sentido de responsabilidad y de respeto a las personas atendidas.

Frente a esta realidad, la Santa Sede ha delineado cuidadosamente políticas y procedimientos diseñados para ayudar a eliminar semejantes abusos y para colaborar con las autoridades estatales respectivas con vistas a luchar contra dicho delito. La Santa Sede también se ha comprometido a escuchar con atención a las víctimas de abusos y a abordar el impacto que tales situaciones ejercen sobre los supervivientes de abusos y sobre sus familias. La gran mayoría del personal  y de las instituciones de la Iglesia a escala local han proporcionado –y seguirá proporcionando– una amplia gama de servicios a los niños a través de su educación y del apoyo a sus familias, y respondiendo a sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Las autoridades civiles competentes en los respectivos países han juzgado y castigado justamente crímenes atroces de abusos cometidos contra los niños.

La respuesta de la Santa Sede al fenómeno lamentable de los abusos sexuales a menores se ha articulado, por lo tanto, en diferentes ámbitos.

En el ámbito de la Santa Sede  como soberana del Estado de la Ciudad del Vaticano, la respuesta a los abusos sexuales a menores ha sido acorde a su responsabilidad directa sobre el territorio de dicho Estado. En este sentido, se ha promulgado una legislación especial al objeto de cumplir con las obligaciones legales internacionales; legislación que cubre el Estado y su pequeña población (4).

En el ámbito internacional, la Santa Sede tomó medidas concretas con su  ratificación, en 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2000, se adhirió al Protocolo Facultativo referente a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la pornografía infantil  (OPSC), así como al Protocolo Facultativo referente a la participación de niños en conflictos armados (OPAC). La Santa Sede promueve y fomenta, por consiguiente, estos instrumentos internacionales.

Al mismo tiempo, la Santa Sede, en su calidad de organismo central de la Iglesia católica, ha formulado directrices para facilitar la labor de las Iglesias locales a la hora de implantar medidas efectivas dentro de su jurisdicción y conforme a la legislación canónica.

Las Iglesias locales, teniendo en cuenta la legislación nacional vigente en sus respectivos países, han elaborado directrices y velado por el cumplimiento de estas, con el fin de prevenir cualquier abuso adicional y de afrontarlo con rapidez, con arreglo a la legislación nacional, en caso de que se produzca. En el párrafo 99 del Informe  periódico de la Santa Sede se hace referencia a algunos ejemplos de tales medidas adoptadas por Iglesias locales: por ejemplo, la Iglesia católica en los Estados Unidos de América ha adoptado una Carta para la protección de niños y de jóvenes y una serie de medidas relacionadas con esta (5).

También se han llevado a cabo otras iniciativas de carácter práctico, como la oferta de cursos en línea por parte de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en colaboración con la Universidad de Múnich, así como la promoción de buenas prácticas por parte de organizaciones no gubernamentales de inspiración católica; iniciativas, estas, de acceso transnacional.

El resultado de la acción combinada llevada a cabo por las Iglesias locales y por la Santa Sede presenta un marco que, correctamente aplicado, ayudará a eliminar los casos de abusos sexuales infantiles por parte del clero y de otro personal de la Iglesia. Dada la posición única de la Santa Sede en el seno de la comunidad internacional, y teniendo en cuenta la presencia de las Iglesias locales en tantas partes del mundo, la Iglesia católica está totalmente dispuesta a servir de ejemplo de las mejores prácticas en este importante cometido, tal como requieren los elevados valores e ideales que integran la Convención y sus Protocolos.

El Informe periódico de la Santa Sede sobre la CDN se divide en cuatro partes. La I Parte contiene consideraciones generales, con inclusión de la naturaleza de la Santa Sede como sujeto de derecho internacional. La II Parte responde a las observaciones finales del Comité al Informe inicial de la Santa Sede, y, en particular, a las cuestiones relativas a las reservas, a los cuatro principios del Comité y a los deberes y derechos de los padres, a la educación de las niñas, a la educación sanitaria y a la educación sobre la CDN. La Santa Sede trata también de los principios que promueve acerca de los derechos y deberes del niño en el contexto familiar. La III Parte presenta las contribuciones internacionales de la Santa Sede al avance y a la promoción de los principios básicos consagrados en la CDN respecto a una amplia gama de cuestiones relacionadas con la infancia (por ejemplo: la familia, la adopción, los niños con discapacidades; la salud y el bienestar; el ocio y la cultura, así como medidas especiales para proteger a los niños, con inclusión de cuestiones relacionadas con el abuso sexual, con la drogadicción, con los niños que viven en la calle y con los grupos minoritarios). Por último, la IV Parte se refiere a la aplicación de la Convención en el Estado de la Ciudad del Vaticano.

La reunión de hoy constituye una importante oportunidad para dar las gracias al Comité por sus preguntas. Las Respuestas escritas incluyen nueva información sobre las iniciativas de la Santa Sede referentes a la promoción de los principios esenciales sobre los programas de ayuda a víctimas infantiles y de ambiente seguro para los niños.

El Informe inicial de la Santa Sede sobre el OPSC se divide en seis partes. La I Parte contiene una breve introducción que incluye un análisis de las directrices informativas del Comité. La II y la III Parte explican la naturaleza de la Santa Sede y reiteran las tres reservas y la declaración de la Santa Sede ante la CDN. La IV Parte examina las aportaciones de la Santa Sede a la afirmación de los derechos del niño a través de los discursos y de las alocuciones del Santo Padre, dirigidos a todas las personas de buena voluntad, tanto creyentes como no creyentes. La V Parte analiza las actividades internacionales de la Santa Sede. Por último, la VI Parte trata de la aplicación del OPSC en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Las Respuestas escritas proporcionan información actualizada sobre la aplicación del OPSC en el Estado de la Ciudad del Vaticano, con inclusión de las modificaciones de sus leyes penales encaminadas a definir y a tipificar como delito la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, así como otros delitos mencionados en el OPSC. Desde el momento en que se presentaron dichas Respuestas escritas, un ciudadano del Estado de la Ciudad del Vaticano ha sido investigado por presuntos delitos sexuales cometidos contra niños fuera del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Informe inicial de la Santa Sede sobre el OPAC se divide en cuatro partes. La I Parte contiene una introducción que proporciona información básica acerca de la ratificación y de otras cuestiones. La II y la III Parte tratan del papel de la Santa Sede y presentan consideraciones en relación con la CDN que incluyen las reservas, la declaración y siete principios básicos de la política de la Santa Sede respecto a los niños. La IV Parte presenta una síntesis de las declaraciones y de las actividades de la Santa Sede  que afirman los derechos del niño y los principios establecidos en el OPAC por lo que se refiere a prevención, prohibición, protección, recuperación y reintegración. El Informe de la Santa Sede sobre el OPAC contiene poca información sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano, ya que este carece de fuerzas armadas en el sentido técnico de la palabra, pues solo dispone de un cuerpo de guardias (la Guardia Suiza) que protegen al Papa, y de un cuerpo de policía ( Cuerpo de Gendarmes), que garantiza el orden público de dicho Estado.

Como queda dicho, los Informes  contienen también siete principios clave que la Santa Sede promueve como una perspectiva auténtica de los derechos y deberes del niño de acuerdo con el derecho internacional. Tales principios pueden expresarse de la siguiente manera: 1) el niño tiene la dignidad inherente al ser humano y a la persona humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural; 2) los derechos y deberes del niño deben ser considerados en el contexto de la familia, 3) el pleno respeto de los derechos y deberes del niño requiere una protección y una promoción especiales de los derechos y deberes de la familia; 4) el bienestar del niño es responsabilidad primaria de sus padres y familiares, y 5) el niño tiene derechos y deberes con respecto a la protección de su propia vida, y los padres tienen deberes y derechos correlativos para la salvaguardia de la vida del niño, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural; 6) el niño tiene el derecho y el deber de recibir educación, y los padres tienen sus correspondientes deberes y derechos de educar al niño, y 7) el niño tiene derechos y deberes en materia de libertad religiosa, considerando los deberes y derechos de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas.

Diversas instituciones de la Iglesia católica en todo el mundo están comprometidas con vistas a asegurar un amplio abanico y un nivel elevado de servicios sociales, sanitarios y educativos de vital importancia, acompañando con ellos a las familias en su formación y protección de los niños. Piénsese tan solo, por ejemplo, en la red de escuelas católicas, desde la primaria a la secundaria y hasta los niveles de educación superior, patrocinados por órdenes religiosas católicas, por diócesis y por parroquias locales, que brindan una educación formal e informal de importancia vital a más de 50 millones de niños en todo el mundo, impartida a menudo en zonas rurales y entre poblaciones marginadas (6).

En resumidas cuentas, no hay excusa para cualquier forma de violencia hacia los niños o de explotación infantil. Semejantes crímenes no tienen justificación alguna, con independencia de que se cometan en casa, en el colegio, en el marco de actividades comunitarias o deportivas, o en organizaciones y estructuras religiosas. Esta es, desde siempre, la política de la Santa Sede. El Papa Juan Pablo II declaró, por ejemplo, que el abuso sexual de los jóvenes «resulta negativo bajo cualquier punto de vista y es justamente considerado un crimen por la sociedad; constituye también un pecado horrible a los ojos de Dios» (7). Por este motivo, la Santa Sede y las estructuras locales de la Iglesia en el mundo entero se han comprometido a considerar inviolable la dignidad y toda la persona de cada niño: cuerpo, mente y espíritu.

El Papa Benedicto XVI, hablando a los obispos de Irlanda en 2006, dijo las siguientes e importantes palabras: «En el ejercicio de vuestro ministerio pastoral, durante los últimos años habéis tenido que responder a muchos casos dolorosos de abuso sexual de menores. Son mucho más trágicos cuando el pederasta es un clérigo. Las heridas causadas por estos actos son profundas, y es urgente reconstruir la confianza donde ha sido dañada. En vuestros continuos esfuerzos por   afrontar de modo eficaz este problema, es importante establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, dar todos los pasos necesarios para evitar que se repita, garantizar que se respeten plenamente los principios de justicia y, sobre todo, curar a las víctimas y a todos los afectados por esos crímenes abominables» (8).

Análogamente, el Papa Francisco ha  afirmado con claridad su intención de seguir la cuidadosa atención prestada por sus predecesores a este grave problema al compartir su propia y profunda preocupación con los obispos de los Países Bajos y al dar a estos un consejo certero: «De manera muy especial, deseo manifestar mi compasión y la seguridad de mi oración a cada persona que ha sido víctima de abusos sexuales y a su familia; os pido que sigáis apoyándolas en su doloroso camino de sanación, que han emprendido con valentía» (9). El Papa ha emprendido una nueva acción y ha anunciado la creación de una Comisión para la Protección de los Menores, con el fin de proponer nuevas iniciativas para el desarrollo de programas de ambiente seguro para los niños y para mejorar los esfuerzos de atención pastoral a las víctimas de abusos sexuales en todo el mundo (10).

En conclusión, la Santa Sede espera acoger cualquier sugerencia de este  Comité que pueda ayudar a la Santa Sede en la promoción y en el fomento del respeto de los derechos del niño, así como asegurar una aplicación eficaz de las disposiciones contenidas en la Convención y en sus Protocolos.

 

 

NOTAS

 

(1) Cf. http://www.unicef.org/violencestudy/I.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf.

(2) Cf. OIT, Cada niño cuenta. Nuevas estimaciones mundiales sobre trabajo infantil, Ginebra 2002. Aun siendo muy difícil obtener estadísticas fiables en esta área, estas pueden dar, por lo menos, una idea de la inmensidad del problema. Por ejemplo, las estadísticas mundiales proporcionadas por ARC of Hope for Children presentan el siguiente panorama en 2013:

– 40 millones de niños sometidos a abusos cada año;

– el suicidio es la tercera causa principal de muerte entre los adolescentes del mundo entero;

– el 30% de los niños con discapacidades graves acogidos en residencias especializadas en Ucrania muere antes de los 18 años de edad;

– aproximadamente el 20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres informan haber sufrido abusos sexuales cuando eran niños, mientras que entre el 25% y el 50% de todos los niños informa haber sufrido abusos físicos;

– las estadísticas indican que, cada año, 3 millones de niñas pequeñas sufren mutilación genital.

(3) Cf. John Jay College Research Team, The Causes and Context of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests in the United States, 1950-2010, Washington D.C. 2001.

(4) Las autoridades judiciales competentes del Estado de la Ciudad del Vaticano también ejercerán ahora su jurisdicción penal sobre estos crímenes y de acuerdo con las leyes modificadas por la Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano n. VIII, de 11 de julio de 2013, sobre Normas complementarias en materia penal, y por la Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano n. IX , de 11 de julio de 2013, sobre Modificaciones del Código Penal y del Código de Enjuiciamiento Penal, cuando dichos delitos hubieran sido a) cometidos por personas consideradas «oficiales públicos» (por ejemplo, las personas que trabajan en el seno de la Curia Romana y de las instituciones con ella relacionadas, así como el personal diplomático en misión por el mundo); b) cometidos por las mismas en el ejercicio de sus funciones, y c ) si el autor se encontrara físicamente presente en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano y no hubiera   sido extraditado (véanse, en especial, la Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano n. VIII , de 11 de julio de 2013, sobre Normas complementarias en materia penal, y la Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano n. IX , de 11 de julio de 2013, sobre Modificaciones del Código Penal y del Código de Enjuiciamiento Penal: cf. ECCLESIA 3.696 [2013/II], pág. 1383).

(5) La Carta revisada para la protección de niños y jóvenes fue redactada por el Comité Especial sobre Abuso Sexual de la Conferencia Episcopal Católica Estadounidense (USCCB). Fue aprobada por la totalidad de los obispos católicos de los EE. UU. en su Asamblea Plenaria de junio de 2005, y esta segunda revisión fue aprobada en la Asamblea Plenaria de junio de 2011. Las Normas Esenciales revisadas para las políticas diocesanas/eparquiales de tratamiento de alegaciones de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes o diáconos fueron redactadas por la Comisión Especial sobre Abuso Sexual de la USCCB y por la Comisión Mixta Vaticano-Obispos de los EE. UU. sobre normas acerca del abuso sexual. Fueron aprobadas por la totalidad de los obispos en su Asamblea Plenaria de junio de 2005; recibieron la recognitio posterior de la Santa Sede el 1 de enero de 2006 y fueron promulgadas el 5 de mayo de 2006. La Declaración revisada de compromiso episcopal fue redactada por la Comisión Especial sobre la Vida y el Ministerio de los Obispos de la USCCB. Fue aprobada por la totalidad de los obispos católicos de los EE. UU. en su Asamblea Plenaria de noviembre de 2005, y después nuevamente en 2011. Esta edición revisada, que contiene los tres documentos citados, está autorizada para su publicación por sus signatarios.

(6) A fecha de 2011, la Iglesia gestiona el mayor sistema escolar no gubernamental del mundo. Roy Gardner,  Denis Lawton, Jo Cairns, Faith Schools, Routledge, 2005, p. 148.

(7) Juan Pablo II, Discurso en el Encuentro interdicasterial con los cardenales de los Estados Unidos de América, 23-4-2002, n. 1: ECCLESIA 3.099 (2002/I), pág. 652.

(8) Benedicto XVI, Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal Irlandesa con ocasión de su visita «ad limina Apostolorum», 28-10-2006: ECCLESIA 3.336 (2006/II), pág. 1719.

(9) Papa Francisco, Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos con ocasión de su visita «ad limina Apostolorum», 2-12-2013.

(10) Cf. Sesión informativa del 5-12-2013: «En la Sesión informativa de hoy, jueves 5 de diciembre, a las 13 horas, además del director de la Sala de Prensa ha participado también el cardenal Sean Patrick O’Malley, arzobispo de Boston, miembro del Consejo de Cardenales, quien ha emitido la siguiente Declaración: “Prosiguiendo con determinación en la línea emprendida por el Papa Benedicto XVI, y acogiendo una propuesta formulada por el Consejo de Cardenales, el Santo Padre ha decidido constituir una Comisión específica para la protección de los niños, con la finalidad de aconsejar al Papa Francisco en torno al compromiso de la Santa Sede con la protección de los niños y con la atención pastoral a las víctimas de abusos. Serán sus finalidades específicas: 1) informar sobre el estado actual de los programas para la protección de la infancia; 2) formular sugerencias para nuevas iniciativas por parte de la Curia, en colaboración con obispos, Conferencias Episcopales, superiores religiosos y Conferencias de Superiores Religiosos; 3) proponer nombres de personas adecuadas para llevar a término sistemáticamente tales nuevas iniciativas, con inclusión de laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes con competencias en la seguridad de los niños, en las relaciones con las víctimas, en salud mental, en aplicación de las leyes, etc. La composición y las competencias de dicha Comisión serán indicadas próximamente con mayor detalle por el Santo Padre en un documento específico”. El cardenal O’Malley ha citado, además, alguna de las directrices de la Comisión que va a constituirse».

 

(Original inglés procedente del archivo informático de la Santa Sede; traducción de ECCLESIA)

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