Cartas de los obispos Última hora

Una nueva ley de educación

Hace pocas semanas iniciaba su trámite parlamentario una nueva ley de educación. Otra más, dirán algunos. Y no les falta razón. En los últimos cuarenta años nuestra sociedad ha soportado el vaivén de siete leyes sobre este tema tan fundamental para el desarrollo de un país y para el futuro de sus gentes en general, sobre todo para niños y jóvenes. Y va la octava.

Quienes proponen las leyes aspiran siempre a concitar adhesiones. Suelen pedir también opiniones de los distintos sectores afectados por cada ley para que sus aportaciones puedan mejorar el texto inicial. En este caso concreto parece que algunas asociaciones de padres, grupos de profesores y federaciones de centros de enseñanza no han sido escuchadas. Las actuales autoridades ministeriales han tenido más prisa por el trámite que paciencia por el diálogo y la discusión razonada. Han mostrado poco interés en acercar posturas distantes. Es curioso cómo se busca el pacto escolar cuando no se gobierna y se olvida el discurso del consenso cuando se tiene el poder. Se duda de que los beneficios venideros lleguen a todos. Aunque es cierto que se utilizan contundentes y ampulosas palabras para definir un futuro universal envidiable. Más para tranquilizar los oídos de la misma cuerda ideológica recordando que conseguirán el objetivo propuesto a pesar del enojo del resto. Y así continúa dividida la sociedad en dos grandes grupos que caminan en líneas paralelas sin alcanzar puntos de contacto que favorezcan al conjunto de la misma.

Con este marco de referencia supongo que se nos permitirá opinar a quienes manifestamos serias discrepancias al respecto. Algunos grupos directamente interesados en la enseñanza lamentan el escaso eco que han tenido sus sugerencias. A pesar de todo no queremos ser reducidos al silencio.

En ese mismo sentido la Comisión Episcopal ha hecho pública una nota (17 de junio) en la que señala su responsabilidad para participar en el debate, su insistencia en la protección y la promoción del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, el derecho de los padres en la educación de sus hijos, el concepto de «demanda social» en todas las etapas, la formación integral del alumno incluida la dimensión moral y religiosa, el conocimiento y la comprensión de la propia realidad social con sus raíces cristianas y costumbres que marcan la identidad de nuestro pueblo, el respeto a las normas y disposiciones de los Convenios Internacionales sobre enseñanza y, por supuesto, de nuestra Constitución y los Acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede. Pide, al final, un esfuerzo por el diálogo y la colaboración de unos y otros por el bien de todos.

Estoy plenamente de acuerdo con el contenido de dicha nota. La he resumido mucho pero se puede leer completa en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Por otra parte y llevando el caso a nuestro ámbito cultural, tras escuchar a responsables de nuestras escuelas católicas y profesores de religión en la escuela pública, la preocupación es similar a la descrita para el resto del Estado: la poca atención, cuando no la discriminación, a los centros de iniciativa social por parte de la Administración educativa, el olvido de los padres en su responsabilidad, el escaso reconocimiento del profesorado que busca la innovación y la participación, la negligencia en el tratamiento de la educación integral del alumnado.

Hasta ahora hemos escuchado advertencias, silencios o amenazas. Es fundamental que nos pongamos a trabajar para conseguir un entendimiento que a todos beneficia. No queramos presumir de unas buenas escuelas sin contar con su larga experiencia y actual dedicación.

+ Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

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