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Un año del Ingreso Mínimo Vital, la ayuda que no llega a los más necesitados

Hoy, 1 de junio, se cumple un año de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).  Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2020 del 29 de mayo, y de las más de cinco reformas que ha experimentado el texto jurídico en su corta vida, las expectativas generadas en torno a esta medida no han sido satisfechas, tal y como recoge Cáritas.

La institución católica señaló desde un primer momento las lagunas que impedían el acceso a esta prestación a muchas personas en situación de pobreza y exclusión social. Un año después, los datos hablan por sí solos: sólo el 16 % de las familias acompañadas por Cáritas perciben el IMV y el 48% reconocen no haber recibido la suficiente información para tramitarlo. Esto, junto a la situación, a fecha del mes de febrero de 2021, donde 258.000 personas por Cáritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico y 825.000 personas están en situación de pobreza severa, pone de manifiesto que todavía queda mucho recorrido para la adecuada implementación de esta ley.

Cambios propuestos para ayudar más y mejor

Esta medida, dicen desde Cáritas, es clave a la hora de ayudar a millones de personas en situación de exclusión social. Es por ello que es necesario incorporar en la norma las modificaciones oportunas para que la garantía de rentas mínimas sea efectiva. A su juicio, en primer lugar hay que revisar el tipo de cobertura y contemplar a los jóvenes entre 18 y 22 años, con tasas de paro inasumibles  a día de hoy. Para la solicitud de esta cobertura es necesario simplificar la tramitación. Para Cáritas,  debe modificarse el artículo 25, suprimiendo las inadmisiones a trámite, reduciendo los tiempos a 3 meses –en una prestación de urgencia por carecer de ingresos, la celeridad en los tiempos es esencial—; motivar, conforme exige la ley, las denegaciones; e incorporar la asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas. La situación de vulnerabilidad económica que genera la necesidad de acceder al IMV debe ser la del momento actual, por lo cual las excepciones contempladas para los años 2020 y 2021 deben ser la norma general. Por último, para la institución de la Iglesia, el IMV es claramente insuficiente en su cuantía y está pensando como un sistema formado por el IMV como suelo mínimo y complementado por las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas. En este sentido, es imprescindible que las CCAA mantengan sus rentas mínimas, haciéndolas complementarias con el IMV.

Una medida defendida por todos

La necesidad de dotarse de un sistema estatal de garantía de rentas mínimas para las personas en situación de vulnerabilidad es una medida defendida por gran parte de las instancias políticas nacionales y europeas. Así, en el marco de la Unión Europea, las recomendaciones del Consejo de 2018 y 2019 señalaban que los sistemas de garantía de ingresos mínimos regionales presentaban disparidades en las condiciones de acceso, la cobertura y la suficiencia. El Pilar Europeo de Derechos Sociales proclamado en la Cumbre de Gotemburgo en 2017 establece, por su parte, en su principio 14, que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a una prestación de renta mínima adecuada que garantice una vida digna. Y la Carta social europea, en su artículo 13, se pronuncia en el mismo sentido.

En España se trata de una demanda que las organizaciones sociales y del tercer sector viene reclamando desde hace años. Tanto Cáritas como la Fundación Foessa han reiterado públicamente la urgencia de su regulación para poder garantizar esta protección a las personas y familias que no tienen recursos, a  los «descartados» a los que se refiere el Papa Francisco.



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