Coronavirus Iglesia en España

Son casas, no hospitales

Sor Cecilia

A sus 79 años sor Cecilia, enfermera jubilada e Hija de la Caridad, se había puesto en primera línea de la lucha contra el COVID-19 en la residencia de mayores La Guindalera que esta congregación tiene en Madrid. El lunes 4 de mayo la enterraron. «La palabra es desolación. Para muchos era como una madre, ella se encargaba de que todos tuvieran sus medicaciones, pañales, de que estuvieran pendientes de las citas… es un pilar fundamental que a ver cómo vamos a sustituir ahora». Las palabras vienen de Iliana Crespo, la terapeuta ocupacional de la residencia. El mismo lunes, a las seis de la tarde, se leyeron por el sistema de megafonía las cartas que los residentes habían escrito, a modo de despedida, a la hermana Cecilia. «Qué decirte, era una bellísima persona», añade Crespo.

En La Guindalera, con 34 trabajadores, hay 56 plazas para residentes y una comunidad de 14 Hijas de la Caridad. A pesar de estar en un barrio céntrico de Madrid, han sufrido solo tres pérdidas: sor Cecilia y dos residentes, todos en el hospital. Aunque los ánimos en estos días se han visto afectados, hay signos de que la situación puede mejorar. Crespo describe el estado actual como «una locura, pero organizada», y en ella empiezan a darse buenas noticias. Por ejemplo, hace unos días recibieron el permiso de las autoridades sanitarias para que los residentes salieran a la azotea y tomaran algo de aire fresco. Precisamente, la movilidad y actividad de los mayores es uno de los factores que más ha preocupado a la terapeuta, que ha tenido que inventarse actividades individuales para ayudar a los residentes. La Hija de la Caridad sor Ana Ester Miguel Yagüe es la directora de La Guindalera y destaca, sobre todo, el buen hacer de su equipo. «En estos momentos se ha visto una generosidad y entrega muy grandes, muy generosa por parte de los profesionales», destaca Miguel.

Quedan todavía muchas interrogantes. «No sabemos cómo ha sido la propagación, no sabemos el paciente cero. En un momento teníamos nueve personas aisladas, de repente empezamos a hacer los test y daban positivo sin tener ningún síntoma… fue lo complicado», recuerda Crespo. Para ella, el momento más duro fue cuando llegó la Unidad Militar de Emergencias y por protocolo hubo que reubicar a la gente para cumplir con los requisitos de aislamiento. «De la noche a la mañana, un residente que llevaba muchos años en una habitación se encontraba en otra que no era suya, ni eran suyas sus cosas, ni era consciente de la magnitud de la situación», recuerda la terapeuta. Esta anécdota ilustra muy bien la realidad de las residencias, cuya arquitectura está pensada para la vida en común. Por ejemplo, en La Guindalera un patio interior que no pueden utilizar por prevención.

En Moratalaz, la residencia Fundación Santa Lucía de Cáritas también ha vivido momentos muy duros. «Nos faltan diez», cuenta la hermana Altagracia Abreu, Hermana de la Caridad del Cardenal Sancha, y una de las tres religiosas que viven dentro del centro. De esos, algunos son positivos confirmados, otros negativos confirmados, y alguno a quien no se le hizo PCR. De las tres plantas de la residencia, llegaron a tener dos con contagiados. Ahora es una y van camino de que llegue a no ser ninguna. De las tres hermanas, dos han dado positivo por COVID e incluso una tuvo que ser hospitalizada aunque, por suerte, se recuperó a sus 78 años.

El coronavirus les golpeó, explica la hermana Altagracia, en dos intervalos. «Solamente un día se nos murieron dos, uno en la madrugada y otro en la noche». Los momentos en los que alguien ha fallecido eran de los más duros. «Es echar lejía al cadáver, luego un sudario, luego lejía, luego otro sudario», cuenta la religiosa.

Al inicio fue el caos

La directora de La Guindalera destaca que los medios no han podido ser siempre los mejores. En los primeros momentos, acceder a los materiales era extremadamente complicado. «Ves cómo tienes que tenerlo, y es angustioso porque no sabes dónde ni cómo conseguirlo». En su caso, la fundación a la que pertenece la residencia y Lares, que aglutina más de mil residencias sin ánimo de lucro en España, les prestaron una ayuda inicial muy valiosa.

En los primeros días del estado de alarma, conseguir los Equipos de Protección Individual (EPIs) resultó muy difícil. Por un lado, la escasez hizo que los precios aumentaran desorbitadamente. Por otro lado, la incertidumbre creada hizo que no se pudiera garantizar la entrega de mascarillas. Francisco Manuel Delgado tiene amplia experiencia en gestión de crisis. La del año 2008 tuvo que gestionarla desde su puesto de secretario general de Cáritas diocesana de Coria-Cáceres. La de este 2020, desde su cargo de técnico de apoyo para las siete residencias diocesanas.

El primer pedido que hicieron fue el 13 de marzo, un día después del cierre de las residencias de la diócesis. Llegó tarde, pero llegó y eso posibilitó tener EPIs para los trabajadores. «Hemos gastado 50.000 euros en EPIs para las siete residencias, sin un respaldo de la diócesis habría sido muy difícil. Es liquidez que pudimos sacar de un fondo de reserva para otra cosa. Si para nosotros resulta difícil hacer sostenibles las residencias para tener coste cero, imagínate ahora. Es un problema a largo plazo», explica Delgado, que desgrana algunas de las dificultades que tuvieron esos días para surtirse de mascarillas. «Estabas esperando el pedido, y de repente te decía que se lo había quedado la Guardia Civil. ¡Por Dios, qué hacemos, necesitamos esto ya! Hicimos otro a una empresa de Valladolid. No me garantizaban que llegara el envío y me propusieron ir a por él. Llamé a las autoridades y me lo quitaron de la cabeza porque no me aseguraban que, dependiendo de la patrulla que me parara, no me pudieran quitar el material e incluso denunciar», relata.

Carlos Domínguez, enfermero. De las administraciones ha llegado «poco y tarde»
Una de esas siete residencias diocesanas es la de San Nicolás de Bari, en Coria. Carlos Domínguez, enfermero y responsable de Recursos Humanos del centro, destaca que la solidaridad de la ciudad les permitió suplir algunas de las carencias por parte de la administración, de la que, dice, han recibido «poco y tarde». «Un grupo de mujeres se coordinó en la diócesis para hacer mascarillas. Ha habido bastante solidaridad de la gente de la calle», remarca. En Miajadas, un pueblo de Cáceres, se encuentra la residencia San Martín de Porres, vinculada a la parroquia a través de Cáritas y fundada por las Carmelitas Vedruna, que a día de hoy participan como voluntarias. Susana Sanz, la directora de este centro con 58 residentes, destaca que «al ser un pueblo, las redes han funcionado a una velocidad tremenda». Particulares han elaborado batas en las casas, y Sanz también valora muy positivamente la actuación de Ayuntamiento y Policía Local. Aun dentro de la tensión, esta residencia es de las que han podido controlar el virus. En parte ha sido por el trabajo y los protocolos que establecieron. Su único positivo fue un residente que volvió del hospital y fue aislado de manera preventiva una semana. Al día siguiente de terminar el aislamiento le detectaron un pico de fiebre y volvieron a aislarle antes de hacerle el test. Pasó la enfermedad sin síntomas graves, explica Sanz. Desde entonces, varios residentes han presentado síntomas sospechosos pero no han sido contagiados por COVID-19.

También han controlado al coronavirus con bastante éxito en el Hogar Betania, en Murcia. La residencia pertenece a la diócesis de Cartagena y su director, Alfonso Martínez, destaca que su caso no es excepcional en la Región de Murcia. «Hay más de 100 residencias concertadas, y solo 3 ó 4 han tenido problemas importantes», señala. A favor, que cuando se decretó el estado de alarma todavía no era una región demasiado afectada, y que «el gobierno autonómico tomó medidas restrictivas desde el primer momento», añade. En contra, lo mismo que todos: conseguir a tiempo los EPIs. «Llamabas a un proveedor y lo primero que te decían es: “No me preguntes por mascarillas”. Dimos de casualidad con uno a quien le llegaban cien y ni le pregunté el precio», explica. Así pudieron tirar hasta que días después consiguieron más, pero ya planeaban tener que utilizar mascarillas caseras hechas por religiosas, amas de casa y familiares que se ofrecieron. «Era una tranquilidad, hicimos acopio gracias a la generosidad de muchas mujeres de Murcia que se volcaron».

En el Hogar Betania de Murcia, con cero positivos por COVID, así celebraban la Cruz de Mayo

Una rutina que desgasta a trabajadores y residentes

Una de las palabras que puede definir la rutina del último mes y medio en las residencias de mayores es «protocolo». El ritmo y las maneras de trabajar han cambiado radicalmente, y eso supone un gran cambio y tensión para los trabajadores, tengan o no casos activos en sus centros. Por ejemplo, en el Hogar Betania han cambiado los turnos, pasando de 3 a 2 (más largos). Así consiguen menos trasiego diario de gente. En las siete residencias de la diócesis de Coria-Cáceres se ha establecido un protocolo detallado que ha implantado un gabinete de crisis formado el 12 de marzo. El uso de mascarillas, la manera de usar los EPIs, la toma de temperatura a trabajadores y residencias, o cómo hacer las desinfecciones son algunos aspectos. En su caso, han llegado al punto de facilitar equipos de protección a familiares de trabajadores que tenían que salir de sus casas, y servicio de compra para que los trabajadores no tuvieran que exponerse más de lo necesario.

El confinamiento puede agravar un deterioro cognitivo leve
Estas nuevas maneras de trabajar también han afectado a las plantillas. Como dice Carlos Domínguez, «hay días buenos y días malos». Domínguez cuenta que, desde antes del estado de alarma, en el ambiente sanitario ya pensaban «que no era lo que contaban, que había algo más». En su caso, el momento clave fue el 11 de marzo, cuando cerraron la residencia: «Ese día pensé: “Esto que viene es gordo”». Y, aunque el coronavirus esté controlado en la residencia en que uno trabaja, la tensión psicológica es alta. «Hemos pasado días muy preocupados por las noticias. Y te vas a casa pero las cabezas siguen dando vueltas al tema. Al que más y al que menos, le ha afectado. Pero vamos para adelante con esperanza», señala Alfonso Martínez en Murcia. Dentro de esos protocolos, el uso de los EPIs es tan necesario como extraño. Enfermeras y auxiliares han dejado de ser reconocibles para los mayores, con la dificultad añadida que supone para aquellos con deterioro cognitivo. Les cuesta aceptarlo. Sobre esto, la hermana Altagracia Abreu recuerda una anécdota de los primeros días en la residencia de Cáritas: «Era espectacular, al principio cuando usábamos las mascarillas, una abuela de 103 años me preguntaba que para qué hablaba con mascarilla. “Pues quítate eso que tú no estás contagiada”, me decía. Al final se fueron acostumbrando».

En La Guindalera, las trabajadoras se rotulan el nombre en los EPIs para que los mayores sepan quiénes son, y muchas veces eso no es suficiente. «Nos conocen las voces, los ojos, pero para los que están con mayor deterioro cognitivo es complicado. A veces les enseñamos una foto del móvil, o a lo mejor destaparnos los ojos para que nos reconozcan», cuenta Iliana Crespo. El objetivo, que los mayores sientan el entorno de la manera más familiar posible.

 La hermana Altagracia Abreu con el sacerdote José Luis Segovia acompañan a una residente de en la Fundación Santa Lucía, de Cáritas

Es difícil hacer llegar el consuelo

La necesidad de crear un entorno amable también implica mantener contacto y transparencia con las familias. Carlos Domínguez cuenta que todos los días les informan por un grupo de WhatsApp y, a quienes no pueden acceder a este medio, él mismo les llama por teléfono cada dos días. También, ante la falta de visitas, las residencias han establecido mecanismos para que sus mayores puedan hablar con videoconferencia con sus seres queridos. Eso requiere también un trabajo extra por parte del personal.

Para muchos mayores la suspensión de misas ha supuesto un problema y la atención espiritual ha tenido que suplirse de otras maneras, poniendo muy en práctica esa creatividad pastoral que se ha reivindicado tras el cierre de las iglesias. Por ejemplo, Alfonso Martínez cuenta que muchos residentes del Hogar Betania eligieron el centro porque había Eucaristía diaria. «La suspensión de las misas empezó en Cuaresma. Dejamos el Santísimo, las flores al sSeñor y abierta para ser visitada. Luego llegaba la Semana Santa, que en esta tierra es tan vivida», explica. Una de las primeras medidas fue dejarles a todos los residentes los horarios de todas las celebraciones que podían seguir por los canales de televisión. Pero Murcia es lugar de procesiones, y en el Hogar Betania hicieron lo que pudieron. Cubrieron un carro de la cocina con un mantel y flores para llevar la imagen de la Virgen de su capilla. Además, el personal se puso bolsas de basura como si fueran túnicas de nazareno, y con música de marchas pasaron habitación por habitación. «Fue una experiencia muy bonita», comenta el director de la residencia. Visto el éxito, también armaron una cruz de mayo para celebrar la entrada del mes de la Virgen.

Al mismo tiempo, hay muchas residencias en las que la atención espiritual ha sido más difícil. Miguel Antonio Ruiz es el párroco de la Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones, desde donde él y su compañero llevan la capellanía de la residencia Sanitas de la localidad. El cierre de las residencias ha implicado interrumpir la asistencia que daban. Allí celebraban la Eucaristía una vez por semana y llevaban diariamente la comunión a los mayores. Ruiz siente un cierto desasosiego. «Habría que darle una vuelta a los protocolos en general», opina, refiriéndose sobre todo a la soledad en la que viven las personas mayores. En este tiempo de cuarentena solo ha podido entrar a una residencia a dar la unción de enfermos, y el resto, que dice han sido muchas y ha perdido la cuenta, han sido en el hospital de Torrelodones.

Desde hace unos días, en la La Guindalera han recibido autorización para que las residentes puedan airearse en la azotea

Las residencias tampoco son cárceles

La preocupación de este párroco no es única. Lares aglutina 1.050 residencias a nivel nacional con 54.000 plazas, aproximadamente un 15% de este sector, el que no tiene ánimo de lucro aunque se trate de entidades privadas. Muchas de ellas pertenecen a congregaciones religiosas. Su secretario general es Juan José García, quien se muestra muy preocupado por la desescalada. «Hasta la fase 3, no se piensa en dejar salir a las personas que viven en residencias de mayores. ¿Vamos a llegar a un aislamiento permanente de una persona en 15 metros cuadrados y con demencia? ¿Qué decimos como sociedad, que ellos tienen que hacer sacrificios porque no somos capaces de pensar en clave de todo?», pregunta.

«Medicalizar residencias resuelve el colapso sanitario pero no es lo mejor para las personas», asegura Juanjo García, de Lares
García califica la crisis de «más que sanitaria, humanitaria». Reflexiona que si «un niño es un héroe por estar confinado en un piso… ¿un mayor en una habitación, que a veces es doble?». Para García, la decisión de medicalizar las residencias «resuelve los problemas del colapso sanitario, pero no es lo mejor para las personas». La lectura que hace es que estamos ante una «crisis moral» al desvelar que en el plan de desescalada se valora a las personas por «su utilidad productiva».

La pregunta sobre el trato a los mayores está entre trabajadores. «Es una casa, no es una cárcel», explica Carlos Domínguez. Igualmente contundente se muestra Francisco Manuel Delgado: «Igual que una persona sin síntomas ni COVID podrá salir, por qué no un mayor». Susana Sanz insiste en que el plan «no deja de ser discriminatorio, porque los mayores de 70 pueden salir a la calle pero solo si no viven en una residencia. ¿Y nosotros, qué? Queremos que vivan y que quieran seguir viviendo», reclama.

Susana Sanz, directora de la residencia San Martín de Porres en Miajadas, lee el manifiesto por el Día del Trabajador el 1 de mayo

Lourdes Bermejo, vicepresidenta de la SEGG: «Si ayudas en el aseo, no hay distancia de seguridad»

Lourdes Bermejo

«Culpar a las residencias de que no han hecho bien las cosas es como culpar a una comunidad de vecinos porque los que viven ahí se contagian». Este ejemplo es de Lourdes Bermejo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Puntualiza que son «lugares de vidas, son como una casa grande».

«La salud de los ciudadanos depende de los servicios de salud», explica; y remarca que las residencias atienden «la vida cotidiana de personas que necesitan apoyos, no son instituciones pensadas para cubrir una situación como la que ahora acontece». Bermejo llama la atención sobre la dificultad para acceder a los EPIs y otras medidas de protección a tiempo, que no fueron proporcionadas en un primer momento a las residencias. «En las residencias, al principio no tenía COVID ninguna, eso se lleva de fuera. Si se limitan las visitas familiares, pero el personal no tiene sistema de protección, no hay tests, y tienes que ayudar en el aseo o comida, no hay distancia de seguridad: era lógico que se contagiaran», explica Bermejo. Especialmente, cuando se trata de una enfermedad que se transmite de personas enfermas pero asintomáticas. En esta crisis distingue dos escenarios: aquellos territorios donde el virus se propagó en un primer momento y en las que hubo «dos o tres semanas de margen», lo que dio más tiempo de reacción.

La vicepresidenta de la SEGG insiste en que el COVID es una enfermedad infectocontagiosa que llegó a unas instalaciones que no son sanitarias sino sociales. Por eso, ellos propusieron en un principio aislar a las personas contagiadas a «lugares o centros intermedios, o una residencia donde haya personas mayores con COVID, en un lugar de tratamiento para preservar al resto».

Tampoco le parece acertado responsabilizar de los contagios al hecho de que la mayor parte de residencias sean privadas, pues «son las que tuvieron material de protección y ayuda más tarde». Además, «hay mucho sector privado con un ánimo de lucro razonable o sin ánimo de lucro. Se necesita cierto margen de beneficios para reinvertirlo en la propia residencia, para hacer reformas o mejoras, es lógico. No influye tanto que sea pública o privada, como el margen de lucro buscado y el modelo de atención y organización», opina. Pero advierte de que «los cuidados son caros», y muchas plazas concertadas por las administraciones han salido a concurso con precios «por debajo de coste». Es entonces cuando acaparan plazas las empresas de capital riesgo, los llamados fondos buitre, «que tienen capacidad financiera y entran en el mercado con tiempo para rentabilizarlo en un futuro», dejando fuera a empresas con más solvencia técnica. Ante esto, Bermejo se pregunta: «¿La responsabilidad es del buitre por ser buitre o del que tiene que vigilar que si viene y se apodera del mercado actuará como buitre?, ya existían antecedentes en Francia». Más allá de la titularidad, Bermejo plantea que ahora es necesario «analizar en qué hemos fallado para prevenir, sería imperdonable tener una situación parecida en el futuro y que no hayamos tomado medidas».

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