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Secuestrados siete religiosos en Haití
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Secuestrados siete religiosos en Haití

La Conferencia Episcopal de Haití ha confirmado el secuestro de siete religiosos católicos, dos de ellos franceses. Su apresamiento se produjo en la mañana de ayer domingo, 11 de abril, en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, cuando se dirigían a la primera misa del sacerdote Amel Joseph en Ganthier. El portavoz del episcopado, P. Loudger Mazile, ha indicado que los secuestradores han exigido el pago de un millón de dólares. Además de ellos fueron capturadas también otras tres personas, familiares de uno de los sacerdotes. La policía sospecha que tras el rapto se encuentra una banda llamada «400 Mawozo».

Según ha informado la Conferencia Nacional de Religiosos y Religiosas, los secuestrados son los presbíteros Evens Joseph, Michel Briand (francés), Jean Nicaisse Milien, Joël Thomas —los cuatro de la Sociedad de Sacerdotes de Saint Jacques— y Hugues Baptiste, diocesano de la archidiócesis de Cap-Haitien. Las religiosas, por su parte, son Anne Marie Dorcélus PSST, tía del P. Amel Joseph, y sor Agnès Bordeau (de nacionalidad francesa), Hermana de Pommeraye. Los tres laicos también pertenecen a la familia del Padre Amel Joseph: se trata de su madre (Oxane Dorcélus), su hermana (Lovely Joseph) y su padrino, Welder Joly.

La Conferencia Episcopal Francesa y la Conferencia de Religiosos y Religiosas de la antigua metrópoli han expresado hoy en un comunicado conjunto su «profunda preocupación» por la suerte que puedan correr todos ellos, al tiempo que manifiestan su cercanía a la Iglesia de Haití y a todo el país y les aseguran su «apoyo y oración». La nota insta asimismo a los secuestradores a liberar a estos «hombres y mujeres de paz» y a «no añadir más odio donde ya hay pobreza e inseguridad». «La gran pobreza de este país, combinada con la contestación política, aumenta la inseguridad que ya existe desde hace muchos años», señalan.

Los secuestros con fines de extorsión están hoy a la orden del día en Haití. Cada día, y solo en la zona de Puerto Príncipe, se producen una media de diez. Los consagrados, como puede verse, no escapan a ellos. En enero pasado, la víctima fue Dachoune Sévère, religiosa de la Congregación de Hermanitas de Santa Teresa del Niño Jesús. Y unos meses antes, en noviembre de 2020, el sacerdote Sylvain Ronald, misionero de la Congregación del Inmaculado Corazón de María.

En la Iglesia adventista, el oficiante y tres personas más fueron secuestradas no hace mucho en plena celebración, siendo liberadas al día siguiente tras el pago de un rescate.

Decenas de bandas

Hoy por hoy, nadie tiene garantizada en Haití su seguridad. Allí operan decenas de bandas criminales —los medios hablan de hasta 76— que campan a sus anchas sin que las fuerzas de seguridad consigan imponer el orden. En el primer trimestre de este año fueron secuestradas al menos 142 personas. Se calcula, asimismo, que hay en circulación medio millón de armas ilegales.

Desde el pasado 18 de marzo está vigente el estado de emergencia en cuatro zonas de la periferia de la capital controladas por las pandillas y en una región del interior. El presidente Juvenal Moïse lo decretó después de una intervención policial para liberar a varios rehenes en la peligrosa barriada de Village de Dieu que se saldó con cuatro agentes muertos. Para «restaurar la autoridad del Estado» en las áreas controladas por las pandillas, justificó el decreto presidencial.

Además de las bandas criminales, formadas en su mayor parte por jóvenes, en los últimos tiempos ha aparecido también un grupo paramilitar denominado «Fantome 509» integrado por policías y expolicías.

Crisis política

Haití, sostienen los analistas, es una bomba de relojería. El país está inmerso desde hace mucho tiempo en una crisis política que no tiene visos de solución. Moïse está gobernando por decreto, pues al Parlamento no tiene actividad. La oposición considera que su mandato expiró el pasado 7 de febrero. Él, sin embargo, asegura que el año que ejerció la presidencia de manera provisional no debe tenerse en cuenta y que su gobierno debe prolongarse hasta el 7 de febrero de 2022. El presidente realiza una interpretación de la Constitución distinta a la que hizo respecto a la renovación del Senado.

La Conferencia Episcopal le instó a dejar la presidencia en una declaración el pasado 2 de febrero. En ella subrayaban que la ley es igual para todos y que nadie está por encima de ella. Denunciaban también que «el país está al borde de la explosión» y que «el pueblo está harto de los asesinatos, la impunidad y la inseguridad».



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