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Resumen de la mesa redonda en Manos Unidas sobre Amazonía: la vida amenazada

La defensa de los derechos humanos y el medioambiente ante las actividades extractivas. «Para producir un solo anillo de oro se generan 20 toneladas de residuos», ha asegurado Pedro Sánchez, de la red latinoamericana Iglesias y Minería. «La guerra y la violencia se explican muy bien cuando ponemos la lupa sobre la economía, porque la violencia está estrechamente relacionada con proyectos e intereses económicos», ha afirmado el colombiano Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y miembro de Iglesias y Minería.

«En los lugares donde se llevan a cabo los proyectos extractivos, al paso de los años, solo encontramos desastres» ha lamentado Lucero Guillén, de la Pastoral de la Tierra de Yurimaguas, Perú.

La mesa redonda tuvo lugar el martes 29 de octubre, en la sede de los Servicios Centrales de Manos Unidas en Madrid, con la participación de tres ponentes que forman parte de organizaciones con las que colabora la ONG española.

La Amazonía, y la creciente preocupación internacional por los derechos humanos y el medioambiente en una región que alberga la mayor biodiversidad del mundo y en la que habitan 30 millones de personas –de las cuales 2,5 millones son indígenas–, ha sido, hoy, protagonista de la mesa redonda «Amazonía: la vida amenazada», que ha tenido lugar en la sede de los Servicios Centrales de Manos Unidas.

Los tres expertos participantes en la mesa redonda, que visitan Madrid tras participar en el Sínodo para la Amazonía, han reflexionado sobre la situación actual en el llamado «pulmón del mundo» y las posibles vías de acción de cara al futuro, basándose en sus experiencias de trabajo junto a las poblaciones indígenas amazónicas.

Carlos García Paret, responsable de incidencia política de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), moderador del encuentro, ha sido el encargado de hacer un repaso por las grandes amenazas que, además de afectar a la biodiversidad de la región, considerada uno de los mayores reguladores del clima del planeta, pone en grave riesgo la existencia de 400 pueblos indígenas, cuyo bagaje social y cultural, y su manera de entender la vida, son fundamentales para garantizar la vida y el futuro no solo en esa región sino en el resto del mundo.

«A pesar de que la Amazonía es la tercera gran reserva de recursos del mundo, no tiene, a día de hoy, ningún tratado que la proteja», ha asegurado García Paret. Esto lleva a que la región sufra las consecuencias de amenazas como el agronegocio, encabezado por la ganadería y el cultivo de soja; la proliferación de infraestructuras como carreteras y centrales hidroeléctricas; la industria extractiva, principalmente la minería y la extracción de petróleo, y el cambio climático y el impacto que todas estas actividades tienen en las comunidades afectadas, «que se traduce en amenazas y asesinatos de líderes campesinos e indígenas», ha denunciado el responsable de incidencia política de la CONGDE.

Agua y tierras envenenadas

La imagen de un delfín rosado, especie que únicamente vive en la Amazonía y que recientemente ha sido declarada en peligro de extinción por culpa de la contaminación derivada de la actividad minera, dio paso a la intervención de Pedro Sánchez, miembro del equipo de coordinación y responsable de comunicación de la Red Iglesias y Minería, que forma parte, también, del núcleo de comunicaciones de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica).

La contaminación de las aguas y de la tierra con mercurio es, a juicio de Sánchez, una de las mayores amenazas para la vida en la Amazonía. «Cada día se arrojan al río más de 40 toneladas de mercurio y otros minerales tóxicos, derivados de la minería», declara Sánchez. «En la Amazonía el aire, el agua y la tierra están contaminados» ha asegurado, antes de referirse a la minería para la extracción del oro, que utiliza, asimismo, altas dosis de mercurio. «Para producir un solo anillo de oro se generan 20 toneladas de residuos», ha asegurado el representante de Iglesias y Minería, para subrayar, después, la necesidad de que «todos empecemos a reconocernos, como pide el papa Francisco, como pecadores ecológicos».

Sanchez se ha referido también a los desastres ocasionados por la práctica de la minería «a cielo abierto», que hace que se rompan los diques y que los residuos tóxicos inunden campos, ríos y poblaciones. Como sucedió en Yurimaguas, en Perú, y más recientemente en la comunidad brasileña de Brumadinho, «donde podría decirse que más de 200 personas fueron asesinadas por la minería», ha asegurado.

«Porque el extractivismo es sinónimo de corrupción», ha declarado Pedro Sánchez. «Claramente, es necesario extraer los metales para que haya desarrollo, pero no en estas condiciones –ha explicado– porque en América Latina, en los lugares en los que ha pasado la minería, ahora solo hay muerte, destrucción y pobreza».

La razón de los conflictos es siempre económica

Alberto Franco, misionero colombiano, presidente del consejo directivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y miembro de la red Iglesias y Minería, ha apelado a la responsabilidad de todos en el cuidado del planeta. «Porque el mundo es uno solo y en él todo está conectado, por lo que o lo salvamos entre todos o entre todos acabamos con él».

El religioso colombiano ha centrado su intervención en las consecuencias que el conflicto colombiano ha tenido sobre las poblaciones indígenas y campesinas, a las que acompaña desde hace más de tres décadas. «La guerra y la violencia se explican muy bien cuando ponemos la lupa sobre la economía, porque la violencia está estrechamente relacionada con proyectos e intereses económicos», ha asegurado el misionero.

En Colombia, siete millones de personas fueron desplazadas por el conflicto. Y a esos siete millones de personas «les quitaron ocho millones de hectáreas de sus tierras, que quedaron en manos de personas que tenían intereses en el conflicto –periodistas, políticos, militares, empresarios», ha señalado Franco. «Y esos terrenos se utilizaron para sembrar palma, aunque luego se descubrió que debajo de la palma, había oro, uranio y petróleo», ha explicado el directivo de Justicia y Paz.

«Para muchas empresas es mucho más fácil corromper que trabajar legalmente –ha denunciado el religioso–. Y eso pasó en Colombia, cuando bajó la intensidad del conflicto, empezó a aparecer la magnitud de la corrupción».

«Colombia tiene muy buenas leyes y leyes para todo. El único problema es que no se cumplen».

Invisibilizados, no olvidados

La hermana Lucero Guillén, que lleva 36 años de vida misionera en la Amazonía y desde 2012 coordina la Pastoral de la Tierra, una iniciativa del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, ha hecho mención a los numerosos proyectos (infraestructuras, minería, eléctricas o cultivo de palma) dirigidos y planificados por el Gobierno, que se llevan a cabo en la Amazonía peruana y que afectan, principalmente, a los territorios indígenas.

«Durante mucho tiempo creíamos que a nosotros nos tenían olvidados, pero la realidad es que lo mejor era invisibilizar a los pueblos afectados por estos proyectos, para poder seguir haciéndolos», ha explicado la hermana Guillén. «No es que no se acordaran de nosotros, es que no querían que se hablara de nosotros», ha aclarado.

El gobierno de Perú es el encargado de implementar esos proyectos, considerados de interés, nacional, por lo que se imponen a los intereses de los pueblos indígenas. «Y en los lugares donde se llevan a cabo, al paso de los años, solo encontramos desastres», lamenta la misionera. «Son los lugares más pobres, los que menos servicios tienen», ha añadido. Esa precariedad y esa pobreza extrema es lo que lleva a algunas comunidades a aceptar los proyectos que, al principio, parecen generar lo suficiente para cubrir sus necesidades.

Algunos territorios indígenas fueron titulados hace años, «pero ahora tenemos que actualizar los cambios que se han producido en las mediciones para que las empresas no se aprovechen de la indefinición que hay», ha explicado la religiosa. El Gobierno ha dado préstamos para que se lleve a cabo esa titularización, pero eso no significa que los territorios sean realmente de estos pueblos. Los recursos naturales son patrimonio de la nación por lo que el gobierno viene a decir: «Yo los exploto. Este es tu suelo, pero lo que hay debajo, yo lo gestiono», ha manifestado la hermana Lucero.

La solución a todo esto es política, «pasa por un cambio de la constitución para que los territorios pasen a ser propiedad íntegra de las comunidades indígenas».

Posibles soluciones

Tomar conciencia de lo que está sucediendo, de lo que consumimos y de cómo lo consumimos. Plantearnos el futuro, estar atentos a los movimientos juveniles, escuchar el grito de la Tierra y de los pobres, como pide el papa Francisco, son algunas de las ideas que han planteado los ponentes para hacer frente a las amenazas al planeta.

«Debemos proponer acciones concretas, investigar y protestar. Tenemos que mostrar que las empresas de aquí tienen efectos allí», ha propuesto Alberto Franco.

Por su parte, Pedro Sánchez ha hecho referencia a lo acordado en el Sínodo para la Amazonía que plantea «una conversión ecológica, de comportamiento y pastoral».

Para la hermana Lucero es el momento de actuar y reflexionar. «Tenemos que ser honestos. Hemos ‘fregado’ (comprometido) el futuro de las nuevas generaciones. Sentémonos a mirar la vida y a, realmente, vivir».

La mesa redonda se cerró con una propuesta común: debemos, todos, plantearnos una nueva mirada y una nueva relación con la naturaleza, porque en nuestras manos está frenar el deterioro de una Amazonía y de un planeta amenazados.

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