«No es tolerable que ya pasado más de una quinta parte del siglo XXI se pretenda que en Puerto Rico se viva de la forma en que se vivía hace más de ochenta años en cuanto al acceso a servicio eléctrico». Así se expresa la Iglesia puertorriqueña en un mensaje que clama contra la crisis energética que sufre el país.
El escrito denuncia el colapso en el que se encuentra el servicio a causa de la crisis económica, agudizada por la pandemia, los desastres naturales —el paso del huracán María en septiembre de 2017, por ejemplo— y las decisiones políticas.
Entre las causas que han agravado la situación están «la falta de planificación, mantenimiento y desarrollo adecuado del sistema» y «la privatización en la que se sobrepone el interés privado al bien común y el bienestar general del pueblo».
La Iglesia recuerda que la energía eléctrica no es un lujo o un privilegio, sino un derecho y un servicio esencial cuya ausencia empobrece la vida de la población, pues «impacta negativamente a todos» y en todas las esferas de la vida.
Abandono de responsabilidades del Gobierno
«El deber de suplir energía eléctrica a nuestro país es un deber público. No importa el modelo organizacional que se utilice, es el Gobierno de Puerto Rico el que tiene la obligación de ofrecer a todos los puertorriqueños el nivel de calidad mínima en el servicio eléctrico que nos permita una vida plena», indican los prelados. Estos denuncian también «el claro abandono de responsabilidades» por parte de las autoridades, y lamentan la controversia política en que se enfrascan los poderes públicos, que —subrayan— no sirve de nada pues se trata de un debate «más dirigido a evitar la responsabilidad de cada uno que a obtener la solución para todos».
El episcopado recuerda que ya expresó su preocupación sobre esta cuestión en un mensaje previo a las elecciones del pasado año titulado «De la tribulación a la esperanza». En él se decía: «Se necesitan nuevas formas de generación de energía que no dependan de los combustibles fósiles o que resulten en desperdicios nocivos que ponen en riesgo a tantas personas. Cualquier propuesta en esta dirección debe basarse en estudios serios y confiables sobre su viabilidad y su impacto socioeconómico en el país (…)».
Ahora, en su nuevo pronunciamiento, señalan que es necesario exigir la liberalización de los fondos de emergencia asignados para la recuperación del sistema eléctrico (9.600 millones de dólares); hacer las reparaciones de emergencia necesarias; evaluar una moratoria en las plantas generadoras al uso de gas, dada su carestía y condición de combustible fósil; financiar proyectos de micro redes de sistemas fotovoltáicos para los sectores más vulnerables; y evitar penalizar con el llamado «impuesto al sol» a quienes han tenido que asumir el coste de proveerse ellos mismos de energía.
«Nuestro Gobierno no puede evitar su responsabilidad, su deber, su obligación», concluyen los obispos.
