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Presidente del Grupo Valía: «Empezar a cobrar el IBI pondría en riesgo muchas obras sociales»

Alberto Alonso Regalado, presidente ejecutivo del Grupo Valía, dedica sus esfuerzos profesionales para asesorar instituciones religiosas. En concreto, su área es la de gestionar el patrimonio de las entidades. Al igual que con colegios o con otras obras apostólicas, cada vez las instituciones religiosas se abren más a colaboraciones externas con laicos. En muchas ocasiones el número impone la necesidad de buscar ayudas fuera, pero esa colaboración se puede buscar también por convencimiento. Colegios, monasterios, iglesias… son muchos los edificios que es necesario mantener.

—La crisis económica derivada del coronavirus ha sido muy dura. ¿Cómo ha afectado a las instituciones religiosas, sobre todo en cuanto a los edificios?
—Muchos están en alquiler, y en esos casos se ha tenido que ver cómo ayudar al inquilino. En la mayor parte de los casos se ha optado por una moratoria, pero en algunos casos también ha habido quitas. Sin embargo, el mercado se cerró por completo para las ventas y eso es algo que ahora se está reactivando. Este aspecto es relevante porque muchas instituciones religiosas tienen inmuebles vacíos y hay que intentar, en la medida de lo posible, gestionar bien eso. En estos meses, las instituciones han priorizado lo humano y sanitario, y el apartado patrimonial ha quedado, lógicamente, en un segundo plano.

—Es habitual que el patrimonio de la Iglesia genere debates sociales. Uno del que se habla en los últimos meses es el de la posibilidad de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). ¿Qué opina de esto?
—El patrimonio de la Iglesia sirve para realizar sus obras y su misión: poder garantizar la sostenibilidad de sus obras sociales y de sus actuaciones resulta clave. Para nosotros, la gestión de ese patrimonio debe ser correcta y permitir el sostenimiento de las actividades de las instituciones. Muchas obras sociales están ligadas a una renta o ingresos, y podrían correr peligro. Desde nuestro punto de vista, el papel de la Iglesia en esta crisis está siendo muy relevante y lo seguirá siendo.
Si se empieza a cobrar el IBI, algunas obras dejarán de ser viables; el efecto de implementar este impuesto puede ser muy negativo. Imaginemos la educación concertada, por ejemplo. Comprendemos, por otro lado, que el tema del IBI tiene que racionalizarse en algunos casos concretos. En caso de que vaya a incluir este impuesto, tendrá que ser de manera gradual, porque si no dará lugar a situaciones muy delicadas. Hay instituciones misioneras que con su patrimonio en España son capaces de sostener su trabajo en África o en Asia y que, de cobrarse el IBI, no podrían enviar fondos a sus misiones. Hay que pensar con mucho cuidado el aspecto legislativo, si es que se tiene que hacer.

—Habla también de la profesionalidad y responsabilidad por parte de las instituciones a la hora de gestionar el patrimonio… ¿hay buenos y malos ejemplos en los que pensar?
—Un muy buen ejemplo es la gestión cultural de nuestro país en los edificios con valor artístico. Se ve al visitar otros países: en las comparaciones suele salir ganando la Iglesia española, que lo ha hecho mucho mejor, con un buen trabajo previo.
Un aspecto negativo podría ser el del mantenimiento de conventos y comunidades en zonas despobladas, rurales, de la España vaciada. Muchas veces, en los pueblos está la Iglesia y la «casa del cura». Y el mantenimiento de los obispados no ha sido siempre el correcto. Quiero incidir en que la solución no tiene por qué ser siempre comercial. Por ejemplo, se podría ceder al ayuntamiento o a un proyecto de turismo rural, o una simple cesión con alquiler muy bajo y el compromiso de mantener el edificio. Imagínate vivir a 20 kilómetros de una ciudad con un alquiler de cien euros, mucha gente lo querría.

—Un aspecto que ha generado alguna polémica social es el de las inmatriculaciones.
—Creo que todo se hizo de forma correcta. Otra cosa es que se haga un cambio legal posterior que pueda afectar a esto. Es muy delicado pensar en leyes retroactivas. Es lógico pensar que pueda haber cambios hacia delante, pero… ¿Hacia atrás?

—¿Cuáles son los primeros pasos cuando una institución religiosa contacta para interesarse en la gestión de su patrimonio?
—Empezamos con una valoración y estudio de todos los activos para tener una visión global de qué gestión sería la más correcta, y qué necesidades se pueden presentar. Es muy importante hacer un listado y valoración para, después, llevar a cabo la mejor gestión con soluciones adecuadas. Al mismo tiempo, hay que hacer un llamamiento a insituciones, diócesis y congregaciones, a sensibilizarse con esto.

—Centrarse en el mercado inmobiliario puede ser visto con reservas para alguna institución religiosa, especialmente en lo relativo a la especulación.
—Se puede ser ético y rentable, en eso no hay ningún problema. Tanto la economía como la obra social pueden ser muy éticas.

—¿Cómo llega un profesional del mundo de la economía a interesarse por la gestión del patrimonio de instituciones religiosas? Parece un mercado muy concreto y reducido, e incluso poco atractivo para una empresa.
—En Valía nos dedicábamos a la empresa familiar, y de repente empezaron a llamarnos algunas instituciones religiosas. En el fondo, son dos maneras de ver la actividad económica muy similares. Una gran multinacional piensa en el máximo beneficio en un año, a lo sumo en cinco, pero una empresa familiar busca estabilidad y hace planes a dos generaciones. La Iglesia sintoniza con ese modo de ser. No en vano lleva 2.000 años y hay pocas instituciones que hayan durado tanto. Con una entidad religiosa hacemos un contrato por 20 ó 25 años, eso es mucho en el mundo empresarial. En este contexto, hay que tener en cuenta que los miembros de muchas congregaciones tienen una media de edad alta, de unos 75 años. Ahí tiene que generarse un hueco para la gestión por parte de laicos.

—El patrimonio financiero también es parte significativa de algunas instituciones religiosas. ¿Qué líneas se siguen? Las inversiones generan dilemas éticos. Por ejemplo, el mes pasado el Vaticano ha recomendado desinvertir en combustibles fósiles como manera de llevar a la práctica lo escrito en Laudato Si’.
—Lo primero que hacemos es un protocolo de inversión, algo que por suerte cada vez piden más entidades. Por ejemplo, nada de invertir en empresas que exploten laboralmente a sus trabajadores en Asia, tampoco en armas. Además, es muy importante para nosotros no comprar directamente en las acciones de las empresas, por lo que seleccionamos fondos de inversión indirectos. No creemos que tenga mucho sentido que una orden religiosa se siente en el consejo de administración de una empresa o tenga el 5% de ella.

—Hace diez años estábamos en crisis y ahora también. ¿Se ha aprendido algo?
—Se ha aprendido mucho de la quiebra de Lehman Brothers. Los gobiernos han tenido respuestas mejores y más rápidas. Además, es cierto que hay instituciones que tenían liquidez y se ha podido aprovechar para invertir.

—¿Cómo moverse en una crisis para instituciones como las religiosas, que piensan en la estabilidad, tal y como ha comentado antes?
—En una crisis de este calado, lo primero que se afecta es el mercado inmobiliario. Después, viene el mercado financiero. Vemos que en estos dos aspectos hay signos de recuperación ya. Y el tercer apartado es el económico. En este sentido, hay que pensar en que vendrán problemas en el futuro.

—Es fácil pensar que uno de esos problemas será el de cómo gestionar los colegios concertados, con toda la afectación en el sector educativo.
—La situación de la concertada es diversa. Hay una parte que no tiene margen de actuación, solo cubre costes. Son centros que sufrirán mucho… imagina si tienen que afrontar impuestos adicionales. La concertada de la Iglesia necesitaría algunas ayudas para poder continuar hacia delante. Hay que comprender que existen colegios concertados que viven casi en negativo, en esta coyuntura van a tener dificultades. No olvidemos que son colegios que realizan una importante labor social en muchos barrios en los que, sin concertada, la pública no tendría capacidad para asumir los alumnos. Un concierto ahorra dinero al Estado al invertir en el edificio, creo que fue una medida muy inteligente por parte del gobierno de Felipe González en su día. No entendemos por qué no se destinan ayudas a la concertada, cuando es semipública.

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