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Preocupación en la COMECE porque el Pacto de la UE deja en manos de los Estados la acogida o no de los solicitantes de asilo

Importante declaración de la Comisión de Episcopados de la Unión Europea (COMECE) en vísperas de la celebración, hoy 18 de diciembre, del Día Internacional del Migrante. Se trata de un documento en el que el Grupo de Trabajo sobre Migración y Asilo del organismo episcopal analiza los pros y contras del Pacto de la UE propuesto por la Comisión Europea el pasado 23 de septiembre como «nuevo marco» para gestionar la migración de manera «justa y predecible».

El documento de la COMECE reconoce los esfuerzos comunitarios «por tener en cuenta los intereses de todos los Estados miembros y desbloquear el punto muerto». Pero al mismo tiempo denuncia que «las circunstancias actuales de la vida de los migrantes, los solicitantes de asilo y las víctimas de trata de personas requieren de atención urgente», y muestra sus dudas respecto a que el Pacto pueda resultar eficaz para «aliviar la difícil situación, agravada por el COVID-19, en la que se encuentran los migrantes y refugiados».

COMECE, además, considera «de suma importancia» la creación entre los Estados miembros de «un mecanismo justo y eficiente de solidaridad y reparto de responsabilidades», garantía que no se determina claramente en este marco. «El nuevo mecanismo de solidaridad flexible propuesto en el Pacto —dice la declaración— suscita varias preocupaciones, ya que deja a los Estados miembros la decisión de acoger o no a los solicitantes de asilo, lo que seguirá sobrecargando injustamente a los Estados miembros con una frontera exterior, en particular la frontera exterior de Europa meridional. La UE debería responder en la medida de lo posible con un espíritu de solidaridad y generosidad a las necesidades de los migrantes y los solicitantes de asilo, y no limitarse a reducir las presiones migratorias aumentando los retornos».

Promover una cultura de la fraternidad

El Grupo de Trabajo, constituido por expertos nombrados por los distintos episcopados y representantes de organizaciones católicas que trabajan en los ámbitos de migración y asilo, hace un llamamiento a los Estados para que fomenten en la sociedad «un ambiente más acogedor» que permita crear «lazos de fraternidad entre los migrantes y los habitantes de los países de acogida». En este sentido, indican que resulta «crucial para prevenir la violencia y la intolerancia contra los recién llegados» un giro en la narrativa presente, una nueva dinámica que permita reconocer a «la otra parte como prójimo, con su innata dignidad humana, en vez de alimentar la desconfianza, la confrontación y la polarización».

La cooperación en materia migratoria con terceros países, objetivo fundamental del Pacto, debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones, se hace constar. Los acuerdos de la UE, en particular con los países africanos, no deberían limitarse a resolver las corrientes migratorias, pues estos constituyen «una oportunidad única» para que Europa pueda contribuir a un desarrollo auténticamente organismo de aquel continente.

Controles fronterizos

La declaración expresa su preocupación porque «el uso de procedimientos fronterizos estrictos de asilo y retorno pueda socavar en la práctica tanto el espíritu de acogida como el derecho de asilo». La detención de los recién llegados no puede ser «generalizada», sino «una medida de último recurso basada en una decisión individual, estrictamente necesaria y proporcional, limitada en el tiempo y revisada periódicamente», y no puede aplicarse a los niños ni a las mujeres embarazadas. Los controles fronterizos son un derecho legítimo de los Estados, pero deben garantizarse en ellos «condiciones humanas de recepción» que permitan acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y solicitantes de asilo.

En las fronteras se debe garantizar también que los migrantes tengan «pleno acceso a la protección internacional, sin discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, religión, país de origen o cualquier otro fundamento jurídico». «Se deben abordar —dice la declaración— las preocupaciones de derechos humanos en relación con los datos biométricos. El procedimiento de control fronterizo preliminar, junto con la recopilación de datos en Eurodac, no debería crear nunca un sistema en el que los migrantes y los solicitantes de asilo se consideren como números en lugar de seres humanos con dignidad. Por el contrario, y lo que es más importante, debería servir para apoyar a los Estados miembros en la adopción de nuevas medidas para mejorar la detección de las víctimas de la trata durante los controles fronterizos, reforzando la capacitación del personal de fronteras y sensibilizando a las empresas de transporte».

La COMECE solicita que se permita el acceso de las Iglesias y organizaciones religiosas a los centros de acogida, y también de quienes prestan allí atención religiosa y pastoral. Su presencia en las fronteras de la UE —constata— «ha proporcionado una recepción digna y humana de los migrantes y los solicitantes de asilo, lo que significa un apoyo adicional a las autoridades». Los gobiernos deben, por tanto, reconocer su labor —de asesoramiento y apoyo psicológico y religioso con recursos y estructuras— y reforzar el apoyo que le presta, «lo que incluye, por ejemplo, la inspección independiente y el acceso a los centros de recepción y detención, en particular cuando las condiciones de los migrantes y los solicitantes de asilo son aún más precarias y se sienten aislados».

Aspectos del Pacto valorados positivamente por el Grupo de Trabajo de la COMECE son: «la creación de un mecanismo de control de respeto de los derechos fundamentales en el control previo a la entrada» para afrontar las «devoluciones en caliente» (se solicita que sea independiente), y la propuesta de la Comisión de crear un grupo informal de expertos para escuchar las opiniones de los migrantes y los ciudadanos de origen inmigrante.



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