A la derecha, Carlos Bresciani, el jesuita detenido, junto con otros miembros de la Compañía.
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Piden diálogo al Estado chileno después de detener a un jesuita y varios mapuches

En sendos comunicados, los jesuitas y un grupo «mujeres y hombres de fe» rechazaron «violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile» contra mapuches. Estas declaraciones siguen al desalojo  de las municipalidades en la región de la Araucanía, hoy en particular la Municipalidad de Tirúa (región del Biobío). El 6 de agosto, « el padre Carlos Bresciani SJ y dos comuneros fueron detenidos por un grupo de Carabineros, sin provocación previa», denuncia la Compañía de Jesús.

«Nuestro compañero se trasladó esta mañana hasta la municipalidad porque los comuneros le pidieron su presencia ante el inminente desalojo de fuerzas policiales y el uso desproporcionado de la fuerza. El padre Carlos fue detenido injustamente, como lo han sido cientos y cientos de mapuche a lo largo de la historia», afirma el comunicado de la Compañía de Jesús en Chile.

Apoyo de «mujeres y hombres de fe»

El mismo día, un grupo de quince sacerdotes y religiosas, «mujeres y hombres de fe», emitió un comunicado con un llamamiento a «reconocer y dialogar». Se trata de personas que colabora con su labor en territorio mapuche. «Con urgencia le pedimos al Estado que cese lo que consideramos una constante y creciente presión sobre los territorios mapuche que está produciendo violencia, falta de comunicación, desconfianza, polarización y muerte, no sólo de personas, sino también del Itrofill Mongen (Naturaleza-biodiversidad)», afirman.

«Los actuales escenarios de conflicto y enfrentamiento encuentran su origen en la negativa a dialogar en torno a las demandas políticas mapuche y al avance de la industria extractivista en los territorios. El pueblo nación mapuche está, una vez más, reclamando», denuncian. «Cuando se criminaliza la justa demanda indígena de reconocimiento y autodeterminación se vulnera el estado de derecho. Creemos que las acusaciones de terrorismo o de violencia criminal se fundan en el prejuicio y la discriminación, y se alimentan de los intereses oligárquicos, que perpetúan sus privilegios mediante la manipulación y la corrupción política», añaden.

El comunicado termina con un llamamiento: «El Estado debe de una vez por todas promover y generar espacios de diálogo para que los derechos políticos de los pueblos indígenas sean reconocidos y respetados. El Estado no puede seguir postergando el reconocimiento pleno de los derechos del pueblo mapuche a ser protagonistas en la toma de decisiones en todo lo que les compete y afecta».

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