Ángel Pérez Pueyo, obispo de la diócesis de Barbastro Monzón, ha expresado su «satisfacción por el deber cumplido» al conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha ordenado la inmediata devolución de los 111 bienes a su diócesis en la sentencia hecha pública esta misma mañana. «Sobre todo por haber podido defender a los más débiles, a esos cuarenta y tres pueblos a los que todavía les tienen retenido su patrimonio», ha destacado el prelado. Además, ha querido matizar que este resultado es un reconocimiento al trabajo en equipo «y en comunión» y ha citado a la Diputación General de Aragón así como «a mis pastores predecesores como don Alfonso, don Juan José, don Ambrosio… sus vicarios, los delegados de Patrimonio, jurídicos y los de medios de comunicación de la diócesis». Pérez Pueyo ha transmitido que su objetivo ha sido siempre «buscar la verdad como pastor, una vez que nos habían dado la razón por vía canónica necesitábamos este reconocimiento judicial. Esta sentencia nos da mucha paz». Y es que dicha sentencia estima íntegramente la demanda del obispado aragonés en representación de las parroquias de la zona oriental y desestima en su totalidad las demandas presentadas por la diócesis de Lleida y por el Consorcio del Museo de Lleida de las que absuelve al obispado oscense. No obstante, el obispo de Barbastro, en la línea de su actitud de todos estos meses, ha querido mostrar su colaboración y cariño con la «diócesis hermana» de Lleida. «Seguimos apostando por la colaboración y comunión entre las dos diócesis. De la misma forma que tendí la mano cuando llegué, vuelvo a ofrecerla. Tenemos el reto de revitalizar la España vaciada, despoblación y vejez que vivimos en Aragón oriental y, precisamente debemos aprovechar nuestro patrimonio como elemento de dinamización y volver a la raíces, a nuestra fe, en definitiva a la fe en Jesucristo». El juicio que se celebró el pasado mes mayo, pretendía resolver el litigio que enfrenta desde 1995 a la diócesis de Barbastro con la de Lleida a cuenta de los conocidos «bienes de la franja», pertenecientes a aquellas parroquias aragonesas que habían estado adscritas a la sede catalana, pero que en ese año pasaron a depender de la oscense, recién erigida.
