Una reunión entre CONCAPA y Celáa
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Padres y antiguos alumnos de enseñanza católica piden «amparo» al Defensor del Pueblo y a la UE por la Ley Celaá

Padres y antiguos alumnos de la enseñanza católica han remitido sendos escritos al Defensor del Pueblo, Francisco Miguel Fernández Marugán, y a la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel. Solicitan «amparo» a estos dos organismos «ante la exclusión, por parte de los responsables del Ministerio de Educación, de las demandas y aportaciones al nuevo proyecto de la Ley de Educación».

La carta está firmada por el presidente nacional de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro José Caballero; y el presidente de CEAAAEC (Confederación Española de asociaciones de antiguos alumnos de la enseñanza católica) y OMAAEC (Organización Mundial de Antiguos Alumnos de Enseñanza Católica), José Antonio Cecilia. La queja de estas asociaciones es que, a pesar de su presencia «en más de 300.000 centros educativos de todo el mundo y algo más de 150 millones de antiguos alumnos, la ministra de Educación, Isabel Celáa, nos ha excluido intencionadamente».

Al Defensor del Pueblo le dirigen una solicitud de ayuda: «Creemos que se vulneran derechos y libertades fundamentales, no solo de las familias, sino también de toda la sociedad general». Así lo afirman respecto al texto de la LOMLOE, la ley que se está tramitando ahora en el Congreso, conocida como «Ley Celáa».

Por la libertad de Educación

Según CONCAPA y CEAAEC, «la nueva normativa propone un sistema de enseñanza contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias; a pesar de estar recogido en el artículo 18.4 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de Naciones Unidas (1966)». Señalan en el escrito que su intención es «conseguir un verdadero pacto social  y político».

También consideran que el proyecto de Ley de Educación contraviene varios artículos de la Constitución Española. «La nueva normativa que quiere imponer el actual Gobierno, propone un sistema de enseñanza contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias; a pesar de estar recogido en el art. 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la Asamblea General de Naciones Unidas (1966). Las consecuencias son imprevisibles en un futuro inmediato. También, a nuestro entender, se vulneran las libertades y derechos fundamentales afirmados en el art. 27 de la Constitución Española», afirman CONCAPA Y CEAAAEC.

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