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Objeción de conciencia

En este año 2021 se han cumplido cien años del nacimiento de John Rawls, en la ciudad americana de Baltimore. Su fecunda docencia en la universidad de Harvard  ha sido ampliamente reconocida. El año 1971, recogía algunos estudios previos y publicaba su famosa obra «Teoría de la Justicia».

En ella intenta resolver el debatido problema de la justicia distributiva. Para ello apela  al contrato social,para ofrecer como resultado el ideal y el programa de la  justicia como equidad. Como se sabe, ya en la presentación de la teoría, Rawls analiza y propugna dos principios de justicia que podrían obtener un acuerdo universal.

El primer principio trata de asegurar las libertades básicas para todos los ciudadanos. El segundo principio pretende tener en cuenta las diferencias en los puestos de autoridad y de responsabilidad, que han de ser asequibles a todos. Según él, es preciso dar prioridad al primer principio sobre el segundo.

En la segunda parte de la obra, Rawls analiza algunas cuestiones que tienen mucho que ver con la moral, como la igual libertad de conciencia. Retoma el antiguo estudio sobre la tolerancia pero lo hace moderno al analizar el fenómeno de la tolerancia de los intolerantes o la intolerancia de los que se dicen tolerantes.

Otro problema como el de la justicia entre las generaciones ha adquirido una llamativa vigencia ante los abusos de la naturaleza y los desastres en la Casa Común, a los que se refiere el papa Francisco en su encíclica Laudato si’.

Aun subrayando la legitimidad del gobierno de la ley, Rawls se pregunta como Santo Tomás de Aquino si se puede admitir el deber de obedecer a una ley injusta. Su justificación de la obediencia civil y de la objeción de conciencia se fija especialmente en la persona que se encuentra envuelta en una guerra injusta.

El autor podía recordar los trágicos atentados contra la vida humana, perpetrados por terribles gobiernos totalitarios. No parece prever lo que muy pronto habría de ocurrir con la legalización del aborto y de la eutanasia. Pero su conclusión es muy esclarecedora:

«Aunque la obediencia civil justificada parece amenazar la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae sobre aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima, a la que los hombres tienen derecho a resistirse».

Ya sabemos que a lo largo de la historia se han quemado muchos libros que ayudaban a las gentes a pensar.  Ochenta años después de haberse publicado esta obra, cabe preguntarse si algún día no será delito leer y meditar estas páginas.



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