Opinión

No a la Ley Celaá: La LOMLOE, retroceso educativo. Por Fidel García

Resulta una falta de respeto y una provocación radical que el Gobierno de Sánchez representado de forma torticera y unilateral por el ministra Celaá, pretenda contra viento y marea y en plena pandemia del Covid-19 aprobar e imponer a la sociedad por la fuerza de los hechos consumados y sin pactar ni negociar con la comunidad educativa una ley autoritaria y que viola toda la legislación de la ONU y de UNESCO sobre la libertad de educación y el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la educación moral y religiosa conforme a sus preferencias, como también reconoce el artículo 27 de la Constitución Española. Por eso la Religión en la ley Celaá sufre un recorte injusto y sectario por reaccionario en relación con Europa.

El proyecto pedagógico de la Ley Celaá pretende cercenar de raíz la Enseñanza Concertada para imponer una educación única laica y pública basada en el género como componente ideológico fundamental. En un Estado  Democrático y de Derecho los gobiernos tienen una función subsidiaria en la educación, solo los gobiernos autoritarios pretenden adueñarse de la educación para manipular a los educandos e imponer sus modelo educativo único, centralizado y uniforme que tiene como finalidad penalizar el esfuerzo, la calidad y la excelencia educativa para imponer la uniformidad de la mediocridad. La enseñanza concertada es un derecho educativo reclamado con toda justicia por los padres. Es un bulo educativo muy extendido que la enseñanza concertada es un privilegio para ricos, cuando la realidad es todo lo contrario son muchas las familias que eligen la enseñanza concertada porque desean una educación de calidad para su hijos, sin verse por ello obligados a pagar un plus por ejercer  el derecho fundamental a una educación de calidad, que no puede ser un privilegio de los políticos ricos que mandan  sus hijos a los colegios caros. La ministra Sra. Celaá sabe muy bien que la enseñanza concertada tiene gran demanda social entre las familias y es esta demanda social lo que parece molestar a la Ministra, además del bilingüismo y la enseña diferenciada tan perfectamente constitucional como la concertada y la pública. La Sra. Ministra no quiere para los demás lo que sí quiso para sí y su familia.

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