Mozambique, país que acaba de visitar el Papa Francisco, se ha convertido en los últimos tiempos en escenario de violencia por el control de los recursos naturales. El problema es particularmente importante en la provincia de Cabo Delgado, al noreste del país, fronteriza ya con Tanzania, donde el descubrimiento de riquezas minerales —piedras preciosas, grafito, gas y petróleo— está atrayendo desde hace tiempo a todo tipo de personas, negocios y proyectos que han alterado la vida de las poblaciones locales, sin que las autoridades competentes estén gestionando correctamente el conflicto generado. La ambición por hacerse con el control de esos recursos se ha traducido en decisiones ilegales sobre la posesión de la tierra (no han tenido en cuenta a las comunidades) y, desde octubre de 2017, en violencia armada. Todo ello ha acarreado la destrucción de viviendas, de la economía familiar, del tejido social, y el irrespeto de los derechos humanos de la población.
A finales de agosto la Universidad Católica de Mozambique acogió, en su sede de Pemba, la capital de la provincia, un seminario sobre el conflicto social. La declaración final de ese encuentro, en el que estuvieron representadas tanto la Comisión Justicia y Paz del Episcopado como la propia Universidad Católica, denuncia que la reacción estatal a las “prácticas de exploración informal y caótica” ha limitado el acceso de miles de personas a esos recursos, pero también a otros como la madera y la pesca, agravando la situación de pobreza de la población. Los procesos de reasentamiento —se dice— también han sido caóticos donde el Estado aparece en alianza con el gran capital.
Los participantes en el seminario piden al Gobierno que garantice a las comunidades y familias su derecho constitucional a la posesión y uso de la tierra, así como a recibir asesoramiento jurídico e información adecuada y detallada sobre los proyectos de explotación. “El gobierno debe revisar el modelo extractivo de economía, que no genera trabajo y potencia exclusión social, desigualdades y conflictos”, concluye la declaración final del seminario, que pide también formación para los militares en materia de derechos humanos y que se garantice la asistencia a las personas desalojadas a causa de la violencia de la insurgencia.
Haciéndose voz de las mismas, el obispo de Pemba, Luiz Fernando Lisboa, escribió este verano una carta abierta al pueblo de Dios en Cabo Delgado. En ella pide a las autoridades que hagan frente a una violencia que —recuerda— antes del ciclón Kenneth, que azotó al país en abril, ya había costado la vida a más de 200 personas. La solidaridad nacional e internacional que se desató tras aquella catástrofe natural, insiste el prelado, “deja todavía más visible el silencio y abandono en el que se encuentran las víctimas de los ataques”. Para monseñor Lisboa, hay que “desenmascarar quién se esconde detrás” de los mismos. “Mientras el pueblo esté instrumentalizado por poderes ocultos que pretenden imponer los propios intereses, ni habrá paz, ni reconciliación, mucho menos esperanza”, concluye.
