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Más plurales, más libres, más iguales, por Pedro Huerta

Cuando el 23 de septiembre el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez, al presentar las enmiendas conjuntas de su grupo y de PSOE a la LOMLOE, afirmó sin pudor que la existencia de la educación concertada en España era una anomalía en el conjunto de Europa que la nueva Ley educativa venía a corregir, marcaba el comienzo de las movilizaciones y actuaciones de todas las entidades representativas de la educación concertada en nuestro país, que se ha consolidado mediante la campaña «Más plurales». La tramitación del proyecto de Ley (LOMLOE) ha unido en una misma reivindicación a los titulares de los centros, las asociaciones de madres y padres de alumnos y los representantes de los trabajadores. En las últimas semanas se han adherido un buen número de instituciones y asociaciones que se identifican con los argumentos de la campaña en la defensa de una educación más plural, de calidad y en libertad.

A nadie se le escapa que nuestro sistema educativo necesita reformarse, poco han contribuido los continuos cambios legislativos que solo consiguen cansar a la comunidad educativa y se justifican exclusivamente en la confrontación política, por lo que acaban impregnando de ideología lo que solo debería reflejar mejora pedagógica y organizativa, tanto para el sistema como para los mismos centros educativos. Llevamos años exigiendo un pacto educativo político y social que afronte estas mejoras desde el consenso, con la vista puesta en la formación que queremos para las generaciones futuras, mejorando la financiación, protegiendo la calidad de la educación, tanto en la red pública como en la privada-concertada. Sin embargo, en más de cuarenta años de democracia, tanto los gobiernos como los partidos de oposición han preferido confiar en leyes destinadas más a acabar con la anterior que a promover la educación.

En este contexto nace la LOMLOE, anunciada el mismo día que el Congreso aprobaba la LOMCE con intención de derogarla por considerarla falta de consenso, y que se ha convertido en la ley menos participada de nuestra democracia. La última constatación de este hecho lo confirma la negación de la Comisión de Educación del Congreso para admitir la comparecencia de expertos y entidades educativas en el debate sobre las enmiendas a la Ley. A esto se une la buscada oportunidad del Gobierno para tramitar una ley de este calado, e impregnada de una fuerte carga ideológica, al mismo tiempo que sufrimos la crisis sanitaria más grave de los últimos cien años, con los centros educativos volcados en cumplir los protocolos de seguridad para mantener las clases pero sin recibir todas las ayudas prometidas, con los profesores y directivos extenuados por esos mismos protocolos y por compaginar grupos y alumnos en enseñanza presencial y enseñanza telemática, con las familias preocupadas por la seguridad de sus hijos y de su propio núcleo familiar. No se ruborizó la ministra de Educación cuando, interpelada por esta situación en el Senado, afirmó que de tener aprobada la LOMLOE nada de esto habría pasado.

Lo que esta Ley y este Gobierno entienden como evitable, en este y en cualquier otro contexto social, tiene que ver con los aspectos más peligrosos que la LOMLOE pretende incorporar a nuestro maltrecho sistema educativo. Bajo capa de modernización y mejora, la LOMLOE es, en el fondo, un mala reedición de la antigua LOE, agravando el modelo pedagógico, reduciendo más aún los niveles de exigencia y alejando el objetivo tantas veces reclamado de calidad educativa y de autonomía de los centros.

A todo esto se une un preocupante recorte de libertades, que pasa por encima de los derechos claramente expresados en el artículo 27 de la Constitución e inventa un derecho a la educación pública, en un nuevo ataque contra la complementariedad de redes y en especial contra la educación concertada, que es considerada, como decíamos al comienzo, una anomalía del sistema, a pesar de formar parte de los modelos educativos de la mayoría de países europeos. Los partidos que forman el Gobierno, y que presentan esta nueva Ley, proponen la educación pública como único eje vertebrador del sistema educativo, pero lo hacen por encima del consenso, del diálogo y de la pluralidad, promoviendo una escuela única y laica frente a cualquier otra propuesta, incluso pasando por encima de la libertad de los padres para elegir el proyecto educativo para sus hijos, eliminando las oportunidades de promoción social e integración que la escuela concertada incorpora a nuestro modelo educativo, introduciendo nuevas asignaturas con valores equívocos y no consensuados socialmente con el único objetivo de desplazar aquellas asignaturas que ayudan a integrar la personalidad y generan pensamiento crítico, como es el caso de la filosofía o la enseñanza religiosa, a pesar de que precisamente la religión es demandada por más del 67% de los padres y alumnos. Tras toda esta información es posible que alguien crea que ya es suficiente, pero aún hay más. La LOMLOE pretende incorporar dos restricciones importantes. Por una parte, dejar fuera de la posibilidad de conciertos la futura ampliación de la gratuidad en primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años, de hecho el proyecto de Ley de Presupuestos ya prepara esta polémica disposición adicional de la LOMLOE dedicando una importante subida que permita ampliar las plazas públicas de esa etapa educativa. Por otra parte, poniendo en duda la continuidad de los centros específicos de educación especial, promoviendo la integración de sus alumnos en centros ordinarios, que se justifica por principios de equidad pero que nuevamente ignora y reemplaza la libertad de los padres de estos alumnos para elegir el centro que mejor responda a las necesidades educativas de sus hijos. No es casualidad que el 41,8% de los alumnos de Educación Especial que están dentro del grupo de alumnos con Necesidades Educativas Especiales derivadas de la discapacidad están en centros concertados.

La mayor parte de la educación concertada de nuestro país la conforman centros de ideario católico, que cuidan su proyecto educativo desde la propuesta de las bienaventuranzas, que integran comunidades educativas plurales, que colaboran en la mejora de la calidad educativa desde una formación permanente y un acompañamiento desde una pastoral de conjunto. Es evidente que esta pluralidad molesta, y por eso se pasan por alto las apuestas de solidaridad, acogida e integración que la escuela concertada, y específicamente la católica, presta a nuestro sistema educativo y a la sociedad en general.

Nos movilizamos para reclamar que la educación salga de la confrontación política, que necesitamos una ley educativa que mejore la calidad y la financiación, que permita la libertad de elección, una ley de futuro real. Pero esa ley no es la LOMLOE. Únete firmando en masplurales.es.

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