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Los obispos valencianos responden «sin acritud y con verdad» a la nueva Ley de Educación

Los tres obispos de la Comunidad Valenciana, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares y los obispos de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, y de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, han recordado que «el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de elección de centro constituyen aspectos esenciales de la Constitución».
Así lo han hecho en una carta abierta tras el polémico vídeo del PSPV-PSOE en el que el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, defendía la denominada Ley Celaá arremetiendo contra la clase de Religión, de la que dice «solo la escogen los alumnos porque les sube la nota de media, en lugar de optar por otras asignaturas». Además, acusa a los padres y profesores de los centros concertados de «confusión y falsedades» sobre la ley.

Es intolerable el desprecio que muestra a esta enseñanza

La respuesta, contundente, se ha publicado en el periódico diocesano Paraula: «Es intolerable el desprecio que muestra a esta enseñanza. Le quita toda la importancia que tiene en la educación de la persona y para el bien común, también para la universidad y su quehacer». La misiva defiende la propia materia «fomenta valores de caridad, no exclusión y esperanza».
Además, los obispos recuerdan al secretario autonómico que hay jurisprudencia, y se cuestiona el ejemplo de los guetos en relación a la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas: «No hable de guetos, eso no existe en la enseñanza concertada, y si existe en algún centro, aplique la ley y sancione, pero no esparza acusaciones falsas». Respecto a la selección del estudiantado, niega que se haga «directa o indirectamente» al cumplir «de manera implacable» la normativa del Consell, aludiendo también al «compromiso con los desfavorecidos» de los colegios diocesanos. «No podemos permitir la más mínima sombra al respecto, sería una injuria», sentencian.

«Los hijos son los padres, no el Estado»

Sobre la elección de centro, «para que exista deben promoverse las condiciones para que la libertad de enseñanza sea real y efectiva, los responsables de los hijos son los padres, no el Estado». Afirman que debilitar la opción de escoger afectará a las familias con menor poder adquisitivo, abocadas «forzosamente» a la escuela pública.
Al término de su carta, los obispos lanzan una pregunta de fondo, «¿sería igual nuestra sociedad en la que vivimos sin la aportación a ella de los colegios libres de iniciativa social confesionales católicos, llamados ahora ‘concertados’, sería lo mismo la pedagogía educativa con sus desarrollos e innovaciones históricas, sin la aportación de estos colegios? Y por razones parecidas, ¿sería igual la sociedad sin las clases de religión que han recibido muchos de sus ciudadanos? ¿Tendríamos la misma Universidad? Nos atrevemos a formular una última pregunta, ¿daría lo mismo un mundo, una sociedad, sin el conocimiento de Dios y de Jesucristo?».

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