El presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, arzobispo Miguel Cabrejos, bendice unos respiradores para luchar contra la Covid-19.
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Los obispos peruanos piden que no se altere el calendario electoral

Que se garantice la celebración de las elecciones generales del próximo mes de abril y el traspaso de poder al gobierno que salga de las mismas en julio. Esta es la petición que ha hecho la Conferencia Episcopal de Perú (CEP) tras la destitución, el pasado 9 de noviembre, por el Congreso y por presunta corrupción, del presidente Martín Vizcarra. El mandatario que reemplazara al también destituido por corrupción Pedro Pablo Kuczynski ha estado al frente del país dos años y ocho meses. El comunicado de la CEP, de siete puntos, llama a consolidar el Estado de Derecho, a dar prioridad a la emergencia sanitaria y económica que azota a Perú (con más de 39.000 muertos ya por Covid), y a continuar la lucha contra la corrupción, «un cáncer social que definitivamente hay que curar».

La Conferencia de Religiosos y Religiosas también ha lamentado en otra declaración que la moción de censura que ha puesto fin a la presidencia haya tenido lugar «en medio de la más grave crisis sanitaria y económica de los últimos años» y «aplicando dudosamente la figura de la incapacidad moral permanente, siendo que existen los procedimientos legales para investigar, procesar y sancionar al Presidente, en conformidad con la Constitución».

Había prisa por destituir a Vizcarra, quien sin apoyos parlamentarios había hecho de la lucha contra la corrupción una de las prioridades de su acción de gobierno. De hecho, ha sido apartado de la Casa de Pizarro —por 119 votos a favor, 39 en contra y cuatro abstenciones— cuando solo quedaban cinco meses para que expirase su mandato. Era la segunda vez en dos meses que se sometía a un proceso de destitución. Del anterior, por tráfico de influencias, salió airoso. Este, por el presunto cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas siendo gobernador de Moquegua, en 2013 y 2014, le ha costado el cargo, que ahora pasa a ejercer interinamente el presidente del Congreso, Manuel Moreno. Se da la circunstancia de que 68 miembros de la Cámara tienen procesos judiciales en curso.

Vizcarra ha acusado a los parlamentarios de echarle para retrasar los comicios y, de esta manera, poder prolongar su mandato. «Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido», ha dicho. Según una encuesta de finales de octubre, el 78% de los peruanos eran partidarios de que continuase en el puesto y que las investigaciones siguieran su curso cuando finalizara su gestión.

Hace dos meses, en víspera de la anterior moción de censura, los obispos escribieron: «No es el momento de generar caos y división, cuando la prioridad es hacer frente a la pandemia unidos, y enfrentar solidariamente la crisis sanitaria, social, económica, educativa y política, luchando contra la corrupción y preparándonos a la post pandemia. (…) En estas circunstancias y a solo siete meses de las elecciones generales, no se debe debilitar nuestra frágil democracia, ni su institucionalidad por lo que cualquier acto que vaya en contra de la ley, debe ser sancionado en su debido momento y la autoridad en cuestión debe someterse al debido proceso en la etapa de investigación, así como en el posterior desarrollo de la misma».

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