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Los obispos lamentan «las trabas» de la nueva Ley de Educación y piden un Pacto real

«Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. No es el momento de enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país». Con este mensaje de los obispos de la Asamblea Plenaria de la CEE sobre la nueva Ley de Educación, ha comenzado Luis Argüello, portavoz de la CEE y secretario general, la rueda de prensa final de los trabajos de la reunión del organismo episcopal .

En el comunicado, ha afirmado que «no sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad» en la educación. Argüello ha leído los siete puntos del texto en el que los obispos piden que la Ley Celaá «ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en el artículo 27 de la Constitución y en su interpretación jurisprudencial a lo largo de sentencias en los últimos años».

En el mismo mensaje, la CEE muestra su apoyo a «los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades especiales», algo a lo que también ha aludido en la posterior rondas de preguntas en la que ha destacado cómo el Congreso de Laicos puso de manifiesto «que es propio de la vocación laical estar en la plaza pública».

Sin respuesta del Gobierno

Además, los obispos de la CEE han subrayado que la propuesta que realizaron respecto a la asignatura de Religión «no ha recibido respuesta por parte del Ministerio». Aún más, la nueva ley «suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar». Y han insistido en que « no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento», reivindicando que «respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado».

También, Luis Argüello ha querido señalar la voluntad del Pueblo de Dios «para hacer posible el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad». Y que, «más allá del debate sobre una ley concreta», la Iglesia seguirá «defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral».

Derecho a una educación integral

Durante las preguntas de los periodistas, el secretario general de la CEE ha destacado que esta nueva Ley «nos preocupa no solo por la asignatura de Religión y el estatus de la escuela concertada», sino «por lo que significa la educación en una sociedad, como por ejemplo el propio planteamiento de la ley al esfuerzo de los alumnos o a los criterios pedagógicos» La escuela, ha subrayado, se trata de «un lugar de convivencia donde se quiere formar de manera integral a todos los ciudadanos».
En un momento en el que estamos, «de grandísima evolución tecnológica, de mirar al futuro, de riesgos para una comprensión humanista de la propia organización de la sociedad, si que parece importante este cultivo de una educación en un desarrollo humano integral», ha destacado.

A veces, ha destacado Argüello, «se habla de escuela confesional o la asignatura confesional pero es que otras propuestas también son confesionales, la propia LOMLOE es confesional. Confesional en su manera de entender la educación, en la perspectiva ideológica que tiene detrás de sí, en la manera de entender lo publico en lo identificado a lo estatal… desde esta propuesta de cada uno». Desgraciadamente, ha lamentado, «nuestra propuesta no ha sido contestada o no ha sido ni siquiera estudiada conjuntamente». No obstante, ha asegurado que «no queremos perder la esperanza» y «nosotros seguimos tendiendo la mano a un pacto educativo». Un acuerdo que según el secretario «no puede dejar fuera la demanda de la sociedad española a través de las familias, la propia escuela concertada, la presencia de la Iglesia a través de la asignatura de Religión». Estos derechos, ha explicado, «tienen un verdadero marco en el artículo 27 y sus 10 puntos». La defensa del mismo debe hacerse desde «una propuesta de diálogo, de entendimiento, desde enmiendas que todavía podrían hacerse a la Ley en su paso por el Senado y su vuelta al Congreso para buscar esta manera de poder encontrarnos». Por el contrario, si no fuese así, ha contestado a las preguntas de los periodistas «sería la propia Constitución la que tendrá que venir en ayuda de aquellos sectores que se consideran excluidos o ninguneados en esta Ley».

Por eso, ha insistido, «hay que esperar a que la ley sea definitivamente aprobada, pero nos parece que lo que el artículo 27 de la Constitución dice sobre la educación y la libertad de enseñanza, a primera vista, en el texto que nos está llegando, parece que se fuerza bastante la interpretación constitucional de este artículo». «Nosotros lo que deseamos es que, en el periodo que falta para la aprobación de la ley, pudiera ser posible una mejora de la misma, y que hiciéramos todos un esfuerzo para buscar caminos de encuentro».

Pacto Global Educativo

Aludiendo al Pacto Global Educativo del que Argüello ha asegurado que el Gobierno había apoyado de manera informal, el secretario ha lamentado que la contradicción «de no llevarlo a cabo entonces en lo concreto». Con esta Ley, «no se hace lo posible para que este pacto se dé». No hay que olvidar, ha dicho, que «el pacto que se con los afines en un espectro ideológico, deja de lado planteamientos de otro tipo».

Para el secretario, es extraño ver esta doble actitud: «Por una parte subrayar la importancia de un Pacto Educativo Global y por otra, no hacer lo posible por llegar al pacto allá donde se tiene la responsabilidad política de poder llevarlo a cabo». Durante estos últimos meses la Conferencia Episcopal Española ha hecho llegar su propuesta a personas de todo el espectro parlamentario. En las próximas semanas, viendo que la ley, habiéndose discutido, va tomando carta de naturaleza «cabe posibilidad de incorporar aspectos de mejora, reconociendo la dificultad del momento», ha concluido.

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