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Los obispos de Perú, ante las elecciones: «De esta crisis o salimos juntos o no salimos»
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Los obispos de Perú, ante las elecciones: «De esta crisis o salimos juntos o no salimos»

Llamamiento de los obispos de Perú de cara a las decisivas elecciones del próximo 11 de abril. Llamamiento que apela a la responsabilidad de los ciudadanos ante la grave crisis «sanitaria, económica, moral, educativa y política» en que está inmersa la nación, probablemente la peor de su historia. «De esta crisis pluridimensional o salimos juntos o no salimos», dice la Conferencia Episcopal en su declaración, titulada «La política que se necesita» (Fratelli tutti, 177).

Perú elige el 11 de abril a un nuevo presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco diputados al Parlamento Andino. Y lo hace entre la desidia y el hartazgo generalizados de sus ciudadanos por la sucesión de escándalos —amaños en la judicatura, corrupción, «vacunagate»— que en poco más de dos años han obligado a dimitir a tres presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino. El actual mandatario, Francisco Sagasti, asumió el cargo de manera interina el pasado 17 de noviembre.

Los obispos no se andan con ambages a la hora de denunciar que «la clase política, salvo algunas excepciones, se ha vuelto autorreferencial y vive de espaldas al pueblo». Señalan que se debe «retomar la senda de la buena política» y que hacen falta «candidatos honestos y responsables, con espíritu de servicio, capaces de dialogar y de tender puentes a favor del bien común (…)».

Esta vez —opinan— quienes se postulan como candidatos tienen «una responsabilidad mayor» que otras veces, pues la magnitud de la crisis es tal que «se corre el riesgo de que el pueblo pierda la esperanza y caiga en una depresión colectiva respecto a la política». «Ningún candidato o partido podrá sacarnos de ella por sí solo», advierten.

Como en otras ocasiones, la Iglesia católica pide a los partidos políticos que destierren de la campaña «los epítetos humillantes y las ofensas a sus rivales y prioricen la presentación de propuestas no demagógicas sino serias y viables». E insta asimismo a los medios de comunicación a colaborar para que haya un debate sano y un diálogo respetuoso.

Tras abogar por una política «que no se subordine a la economía», sino que persiga un «un desarrollo humano integral, sostenido y sostenible, en el que se atienda de modo preferencial a los pobres», la Conferencia Episcopal llama, por último, a emitir «un voto consciente e informado» para fortalecer la democracia en este año del bicentenario de la independencia nacional.

El episcopado pidió en noviembre que se garantizase la celebración de las elecciones , y el traspaso de poder en julio al gobierno que salga de las mismas. Lo hizo tras la destitución, el día 9 de ese mes por el Congreso del entonces presidente Martín Vizcarra, para quien la Fiscalía solicita ahora prisión preventiva.

Cinco candidatos con posibilidades

Aunque a la presidencia concurren 18 candidatos, solo cinco tienen realmente posibilidades. A día de hoy no hay un claro favorito. El último sondeo publicado por Ipsos Perú, sitúa en primera posición, con un 16,8% de apoyos, al centrista Yonhy Lescano. Le siguen en las preferencias George Forsyth (centro-derecha, 11,2%), Rafael López Aliaga (ultraconservador, 9,3%), Keiko Fujimori (derecha, 8,6%) y Verónika Mendoza (izquierda, 8,4%). Los otros trece aspirantes no superan el 5%. Keiko Fujimori, por cierto, está inmersa en un proceso judicial por corrupción por el que la Fiscalía pide para ella treinta años de prisión.

Según otro sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 31% del electorado está todavía indeciso. Y probablemente lo seguirá estando hasta última hora, pues en los comicios anteriores uno de cada cuatro ciudadanos han decidido su voto haciendo cola para votar el mismo día de la elección. En el país el sufragio es obligatorio por ley.

Juicio por las esterilizaciones forzadas

La campaña electoral tiene como telón de fondo un nuevo juicio al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). El exmandatario, que cumple una condena de 25 años por prácticas de guerra sucia durante su gobierno, se sienta desde el 1 de marzo en el banquillo de los acusados junto a tres exministros de Salud: Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga. Todos ellos deben responder ante la justicia por la esterilización de miles de mujeres (campesinas, pobres e indígenas, en su mayor parte) sin su consentimiento. Se calcula que las víctimas podrían ascender a 270.000, aunque el juicio se basa «solo» en los testimonios de 1.300 que sufrieron lesiones graves. Al menos, cinco de ellas murieron.

El juicio se celebra de manera telemática a causa de la pandemia y quiere esclarecer la responsabilidad de los acusados en estos hechos. La Fiscalía sostiene que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar puesto en marcha por Fujimori, que debía ser voluntario, fue en realidad un instrumento de su gobierno para «reducir la pobreza». Se trataba —argumenta— de «esterilizar a todos los pobres», pues «no hay agraviadas mujeres de otros sectores sociales».

Una mujer peruana, en su vivienda del distrito de Pamplona Alta, distrito de la periferia de Lima / EFE

 

La mayoría de las víctimas eran, en efecto, de baja extracción social y quechuahablantes. Tenían, por tanto, problemas para entender el español, algo de lo que los médicos —presionados por los objetivos marcados por la administración— se aprovechaban.

El primer día de juicio, el Fiscal presentó el caso de Mamérita Mestanza, que tenía 19 años cuando fue esterilizada en 1998. Mestanza no sabía leer ni escribir y era quechuahablante. Había acudido simplemente al centro de salud a vacunar a su hijo, pero allí le dijeron que debía ligarse las trompas. Ella autorizó la intervención a través de un formulario en español. Al día siguiente, tras despertar de la anestesia, la mandaron a su casa, muriendo poco después por complicaciones derivadas de la operación.

El abogado de Fujimori ha hecho saber que su cliente no puede ser procesado por el asunto de las esterilizaciones forzadas porque este no está incluido en el expediente por el que fue extraditado desde Chile.



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