«Expresamos, nuestra enorme preocupación ante el desborde de violencia que ha provocado ya numerosas muertes, principalmente de pobladores locales, entre los cuales niños, mujeres y personas inocentes que solamente buscaban honradamente el sustento de sus familias, así como también de miembros de las fuerzas del orden público que han sido asesinados», han dicho los pastores.
Conflictos ancestrales manipulados por el crimen organizado
Los obispos se refieren a hechos recientes como la masacre del pasado 17 de diciembre en el que fueron asesinadas 13 personas, entre ellas cuatro niños y cinco mujeres. También otros donde las víctimas han sido funcionarios del orden público como el del pasado 7 de diciembre, en el que un policía murió y otros 19 resultaron heridos en un ataque relacionado con conflicto territorial de las dos comunidades indígenas K’iche rivales. Ataques realizados con armas de alto calibre, que pueden provenir de bandas criminales narcotraficantes y de trata de personas, especialmente de migrantes que se dirigen a la frontera de México.
«En la medida en que haya crimen organizado tras los sucesos debe ser desenmascarado, capturado, enjuiciado y condenado», afirma la nota de la CEG al condenar los hechos y manifestar su indignación por el uso de la violencia como método para alcanzar reivindicaciones sociales o territoriales: “La violencia sólo engendra más violencia”.
El uso de la violencia hace indefendible una justa causa
Los obispos invitan en su misiva a buscar «medios pacíficos y conforme a la ley para argumentar posiciones o salvaguardar derechos. Los hechos violentos vuelven indefendibles las perspectivas de quienes consideran tener razones válidas para defender sus derechos y demandas».
Se trata, explican, «de un conflicto territorial que se arrastra desde la época de la colonia, cuando la corona española en su división territorial no tomó en cuenta las diferencias culturales, sobre todo, el poder económico y político de las diferentes tribus y liderazgos de los pueblos originarios. Si bien, a mitad del siglo XIX se logró hacer una separación de territorios, el aumento de la población y eventos naturales han hecho que los límites territoriales y jurisdiccionales entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán sean cada vez más imprecisos».
