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Los migrantes que trabajan en el campo: Han salvado la fresa y les duele la espalda

Vivian Clement se queja de su espalda. Sobre ella lleva el peso de mantener a su familia: Su marido, que todavía no tiene los papeles para trabajar, y sus dos hijos. Además, envía ayuda a su familia en Nigeria, sobre todo a su hermano, que necesita constantes visitas al médico. «Allí no es como aquí. Si no tienes dinero, no puedes ir al médico», recuerda. Su espalda sufre en los invernaderos de Huelva, doblándose cada vez que tiene que recoger las fresas del suelo. «De verdad que es muy duro. Hay que agacharse todo el rato, y estamos debajo de un plástico a 45 grados. Además, el agua del campo no es potable, así que no la podemos beber», cuenta.

Y, después de casi dos meses, la temporada se acaba. En Huelva se recoge el 97% de la fresa y del arándano de España. Ya toca a su fin una temporada atípica, marcada por el coronavirus y el cierre de fronteras que ha detenido la llegada de miles de trabajadores extranjeros. Al mismo tiempo, tampoco se ha visto a muchos españoles soportando las duras condiciones que describe Vivian. «Como un 80% de los que trabajamos somos de fuera, y un 20% españoles, es que es muy duro y muchos no quieren venir», es la estimación que hace esta nigeriana que entró en España en 2011 y no obtuvo permiso de trabajo hasta 2018. «Yo imaginaba que, al llegar aquí, en dos años lo conseguiría. Estaba con mi hija pequeña y tuve que quedarme varios años en casa de unas monjas. España no es fácil, ¿sabes?», interpela con sus palabras.

En el campo, Vivian puede trabajar a jornada completa. «Este año todos los días hemos hecho una o dos horas más, ha sido muy diferente a otros. Ya hemos abandonado cuatro invernaderos porque no había compradores, por la crisis», cuenta, a raíz de su experiencia. Todo esta labor la realiza por unos cuarenta euros al día.

Este salario sería suficiente si la campaña durase todo el año, pero la precariedad y la incertidumbre es parte de la vida de Vivian. Con una hija de 10 años y un bebé al que todavía hay que cambiar pañales, no puede plantearse buscar otra campaña en otra provincia, así que solo participa en la de la fresa de Huelva, donde vive. Es su segundo año en el campo y asegura que este ha sido muy diferente al anterior. El coronavirus lo ha marcado todo, también una preocupación extra, porque había que salir a trabajar en plena pandemia. «He tenido mucho miedo, porque me dolía, tenía síntomas, y nunca sabía si lo tenía», explica.

Y, a pesar de todo, los 45 grados en el invernadero son mejores que no tener nada que hacer. En cuanto termine la campaña, se verá obligada a buscar otra cosa. Irá, como siempre, a las oficinas de Cruz Roja y de Cáritas a ver si aparece alguna oferta de trabajo. «Está muy difícil, a veces te sale limpiar una oficina, pero son dos o tres horas, con eso no puedo mantener a mi familia, y ya debo varios meses de alquiler», cuenta con preocupación.

«Es más importante el producto que la persona»

Están siendo semanas de no parar para Emilio Muñoz, que presta su mano amiga a Vivian y a muchas otras personas estos días. Es difícil encontrar un momento para hablar con calma con él, pero cuando llega es un torrente de información. Desde 2013 es delegado de Migraciones de la diócesis de Huelva, y en estos tiempos de coronavirus su trabajo se ha multiplicado, porque para él las situaciones que describe trascienden los números para convertirse en nombres.

Habla de memoria, con los datos en su cabeza. Asegura que este año unos 13.000 trabajadores extranjeros han dejado de venir. «Algunos, al ver lo que había pasado en Italia, se imaginaron que cerrarían fronteras y vinieron antes. Esos sí que han podido llegar y trabajar», explica. El resto, no. Eso ha dado oportunidades a muchos migrantes. Por un lado, explica Emilio, a muchos que ya tenían papeles, pero que eran contratados para peonadas sueltas y ahora han trabajado sin parar. Por otro lado, a los jóvenes menores de 21 años que tenían permiso de residencia. Es decir, aquellos que llegaron a España siendo menores de edad.

«Todo eso, en cuanto a lo positivo. Había un gran número de inmigrantes en Huelva sin salida laboral, y ahora, por lo menos, les conocerán los empresarios. Eso, a los que ya estaban regularizados y podían trabajar, les ha venido bien. Pero también hay que destacar algunos aspectos negativos —señala Emilio—, porque evidencia que vale más una fresa que un inmigrante. Se ha antepuesto la producción a las personas». Ante ello, Emilio destaca que han sido los inmigrantes quienes han salvado la campaña. «¿A qué español le quitan el trabajo? No haría falta tanta mano de obra extranjera, con un 20% de paro, si no fuera un trabajo duro y mal pagado», reflexiona.

Y pone sobre la mesa la oportunidad de una regularización. «Estamos muy pendientes de que salga la noticia. Sería una solución para muchos que llevan aquí años y no han conseguido los papeles a pesar de haber trabajado, y de que incluso sus hijos van aquí al colegio», afirma Emilio. Eso, además, sería una buenísima noticia para evitar, o al menos paliar, muchas situaciones de vulnerabilidad. «En estas circunstancias de necesidad para el empresario y para el inmigrante, todo vale. Si al trabajador le dicen que trabaje dos horas más, lo hará. Si le piden trabajar sin contrato, también», comenta.

Tampoco olvida que la situación de los empresarios que cultivan fresa o frutos rojos no es fácil. «Desde que sale la fruta del campo hasta que llega al consumidor, el precio se quintuplica. ¿Cómo se rentabiliza? Con un sobreesfuerzo de los trabajadores y pequeños empresarios», analiza.

De campaña en campaña

Uno de los que realiza ese sobreesfuerzo es Senghor, otro inmigrante al que Emilio ha ayudado enormemente durante estos años. Este es el nombre ficticio de un senegalés que nos atiende tras más de diez horas de trabajo en el invernadero. «Si cuento algo malo y el jefe sabe que he sido yo, mañana me echa». Y cosas malas para contar hay, como las horas extra. «Nos las pagan, pero más baratas. La hora normal a 6 euros, la hora extra a 5. Para las dos y media o tres tenemos que terminar, pero seguimos, y lo hacemos debajo del invernadero, con mucho calor», explica. Además, en instalaciones donde no hay agua potable… un agua que ellos tienen que traerse de casa, y que suele terminarse hacia la una del mediodía. Este senegalés nos atiende cansado. Como a Vivian, también le duele la espalda. Él se ha dedicado estas semanas a recoger arándanos entre el infernal calor que se experimenta entre los plásticos, al que hay que sumar el ritmo obligado de trabajo. «Tienes que hacer mínimo de tres cajas por hora, cada caja tiene casi cuatro kilos. Si un día no llegas, el jefe te da un aviso, pero si al segundo no te das prisa, te echa. Y aquí no hay sindicatos», se queja.

Este es el tercer año que vive como temporero. O, mejor dicho, sobrevive. En cuanto termine la campaña de los frutos rojos irá a Castilla-La Mancha, donde empieza la cebolla. Después, seguramente busque trabajo en la pera. Luego tocará la vid, y después la aceituna, en pleno frío invernal y en Jaén. A ella le seguirá la campaña de la naranja, y vuelta a los frutos rojos. El ritmo de las estaciones y las cosechas marca la vida de Senghor, que asume la incertidumbre que le ha tocado. «No es seguro. Vas y, entre una campaña y otra, puedes estar uno o dos meses sin trabajar», expresa.

Lo positivo de este año de haber podido trabajar más se mezcla con la inseguridad en cuanto a la salud. «Nos tenemos que comprar mascarillas porque no nos dan», explica. Además de lo duro que fueron para él los 28 días que estuvo sin trabajar por el confinamiento, los tiene contados. Un ingreso menos para quien vive prácticamente al día. Saca cuentas y, por más que lo intenta, acepta que aún no puede traer a su mujer y a su hijo desde Senegal. «Sin un trabajo fijo, ¿cómo? La vida es muy dura y yo solo no puedo dar de comer a mi familia», se lamenta.

Cada vez que cambia de provincia, varias veces al año, busca un nuevo alquiler. Lo hace en pisos compartidos, porque no puede permitirse asumir el precio de un piso entero cada mes. «Entre todos son 500 euros, pero hay que añadirle la luz, el agua, la comida y las bombonas». Podría ahorrar algo más, pero eso significaría vivir en alguno de los asentamientos diseminados por la provincia, en peores condiciones. «Yo no puedo vivir en una chabola, las condiciones son demasiado malas», sentencia.

Dónde vivir, un problema de salud

Pero en los asentamientos de Huelva viven entre 2.000 y 2.500 personas en condiciones de insalubridad. Muchos de ellos no tienen papeles. Otros sí, pero ahorran el dinero que les costaría un alquiler para poder enviar algo a su familia o aguantar en los momentos en los que no hay trabajo. Juanma Breva es el responsable del área de exclusión social de Cáritas diocesana de Huelva. Como tal, se encarga del apoyo a los asentamientos chabolistas, que se localizan en los municipios de Lucena, Moguer, Palos de la Frontera y Lepe. Con la vista puesta antes de la campaña de la fresa, «que ya está prácticamente finiquitada», valora este año como «complicado».

En el aspecto laboral, reconoce que la situación ha mejorado respecto a otros años para quienes se encontraban ya en España. «Estimamos que, en torno al 50% de quienes viven en estos asentamientos, estaban documentados, y por ello han tenido la oportunidad de trabajar. Pero la otra mitad, no», explica. También valora positivamente «el esfuerzo que se ha hecho con medidas urgentes y el dinero liberado para mejorar o paliar las circunstancias del COVID, aunque muy poco se ha puesto en marcha para los asentamientos».

Desde su perspectiva, ha sido un tiempo de mucha mayor carga de trabajo, supliendo en muchas ocasiones las actividades que llevaban a cabo voluntarios. «Ha sido duro. Primero ha habido que extremar mucho las medidas de higiene, que es un proyecto de apoyo de las parroquias, y nuestro trabajo es acompañar a los voluntarios. Pero suelen ser gente mayor, por lo que implica que pertenecen a colectivos de riesgo. Así que, desde Cáritas diocesana, hemos sido los técnicos quienes hemos atendido el proyecto», explica. Además de difícil, define la situación como «rara», a falta de un calificativo más contundente. «Ha sido muy complicado cumplir las medidas del confinamiento. Nos bombardeaban con la higiene y el lavado de manos, mientras que ni siquiera hay servicios básicos de agua o luz en los asentamientos», señala.

Breva no señala esta insalubridad solamente por intuición o experiencia. En marzo, poco antes del inicio del estado de alarma, se presentó un informe realizado por la facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva (UHU), en colaboración con Cáritas. Las conclusiones que arroja el estudio son demoledoras. «En todos los asentamientos se ha observado la presencia de ratas y en la mayoría de ellos conviven animales domésticos en condiciones de salud muy bajas», dice el informe, que ha detectado pulgas, piojos y chinches en más del 70% de estos asentamientos. Solo en tres hay luz, y el agua potable rara vez se encuentra cerca. Por destacar algún punto positivo, a estos lugares aún no ha llegado la infección por coronavirus.

EN PRIMERA PERSONA

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Desconcierto e incertidumbre

El problema de dónde vivir para quien, como Senghor, se mueve cada mes o dos meses, es a menudo la vivienda. Uno de esos sitios «de paso», pero que se convierten en todo un hogar es La Casa Nueva, a las afueras de Sagunto (Valencia). Es el nombre de las instalaciones, pero también de una asociación fundada por vecinos de la localidad y muy apoyada por la parroquia de Santa María, su párroco Don Camilo, como le llaman en el municipio, y por Cáritas.

Uno de los voluntarios de La Casa Nueva es Vicente Calabuig. La llegada del confinamiento coincidió con los últimos momentos de la campaña de la naranja, por lo que han vivido un complicado éxodo. «Pero ha sido difícil porque, con el confinamiento, en teoría no podías salir más que a trabajar. El problema es que ellos no sabían si iban a encontrar trabajo en Lleida, por ejemplo», explica. La solución que encontró, a petición de los propios habitantes de La Casa Nueva, fue redactar él mismo unos certificados. «No era nada seguro porque yo no era el que les contrataba. Lo cierto es que aquellos certificados funcionaron, porque algún chico me llamó diciendo que les había parado la policía y les habían dejado seguir sin problemas», cuenta.

Una de las tareas de Calabuig es mediar con empresarios. «Precisamente, por la zona de Fraga (Huesca), me ha llamado hoy un chico que tiene la tarjeta roja, que da derecho a trabajar. Pero la tinta del sello que le ponen se suele borrar, y el empresario no se creía que era auténtica. Por suerte, hemos podido hablar con él y convencerle de que era auténtica y no iba a tener ningún problema», cuenta, como ejemplo de uno de los muchos trámites que realiza durante estas semanas.

Pero viajar no significa tener trabajo garantizado, ni aun en estas circunstancias de alta demanda de temporeros. «Si no van con una empresa con la que han trabajado antes, tienen que esperar a que la suerte les acompañe. Alguno, por ejemplo, se fue a Lleida a buscar trabajo y tuvo que volver. Ahora está en Fuentidueña de Tajo, en la campaña de la cebolla», explica.

El futuro, en el aire

Personas como Vivian o Senghor han hecho posible salvar la cosecha de esta primavera. Ambos llegaron a tener papeles después de una lucha tediosa que duró años. Como recompensa, tienen un trabajo incierto, inseguro, y con unas condiciones difícilmente asumibles por la mayoría de las personas. Día a día se tienen que enfrentar a situaciones de mucho esfuerzo y poca recompensa. En parte, lo llevan gracias al apoyo de personas como Emilio, Juanma o Vicente, que son capaces de poner nombres e historias a las estadísticas.
Para Emilio, después de estos meses, queda una pregunta en el aire: «Me preocupa el mensaje de “mantenemos a los inmigrantes que se han colado y quitan el dinero a los españoles”, que ya venía de la crisis de 2008. Es un mensaje populista que se va a incentivar, y que estoy escuchando hasta en niños. ¿Qué ocurrirá ahora?».

MÁS: OPINIÓN

-«Caporalato», por José Luis Pinilla SJ

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