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Legalidad democrática vigente y búsqueda de la concordia y el bien común – editorial Ecclesia

Legalidad democrática vigente y búsqueda de la concordia y el bien común – editorial Ecclesia

            La grave situación que se vive en Cataluña y, por ello, en España y, por extensión, en la misma Unión Europa, fue abordada por los obispos españoles, en una declaración de la Comisión Permanente de la CEE, que publicamos en la página 9 de nuestro número de la pasada semana. Esta declaración se produjo en las vísperas del 1 de octubre, fecha del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, referéndum que tampoco ha contado con las pertinentes homologaciones democráticas.

El punto 5 de la declaración institucional de la Permanente recuerda literalmente que la CEE, «en otra ocasión también difícil para nuestra convivencia democrática y pacífica», afirmó que «es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución». El documento al que alude esta cita fue publicado por la Plenaria de la CEE tras la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

A la Constitución Española de 1978, también se refirió el Rey Felipe VI en su espléndida intervención de la noche del 3 de octubre. Así, el Jefe del Estado español subrayó que «vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley». Porque, «sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos».

Por su parte, el documento Orientaciones morales ante la situación actual de España, instrucción pastoral de la CEE aprobada en noviembre de 2006 con 63 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones y 1 voto nulo, afirma en su punto 73 que «la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas, que, sin recurrir a la violencia, pretenden modificar la unidad política de España. Pero enseña que, en este caso, como en cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada».

Cuatros años antes, también la Plenaria de la CEE, en Valoración moral del terrorismo en España, sus causas y consecuencias (esta instrucción pastoral fue aprobada por 63 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones), en su punto 35 aseveró: «Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable».  Y el documento añadió a renglón seguido: «Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo es inadmisible». Y es que «es necesario respetar y tutelar el bien de una sociedad pluricentenaria».

Teniendo en cuenta todo esto, apelamos a salir de la actual situación desde la legalidad democrática vigente en España (la que emana de la Constitución, la ley de leyes) y desde el compromiso de todos y entre todos en pro de la concordia y del bien común. Y uno de sus medios, desde estos principios recién enunciados, pasa igualmente por «el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos», como afirmó la CEE el pasado 27 de septiembre. Un diálogo –al diálogo nunca hay que tenerle miedo, ni rehusarlo- que sea «honesto y generoso y que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado».

Junto a todo ello, es asimismo preciso serenar los ánimos de todos, extremar la racionalidad y la sensatez, «evitar decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias» y orar insistentemente, como urgen la CEE y los obispos con sede en Cataluña (Ecclesia, número 3.903, página 8)

Por último, Ecclesia, que no habría entrado en este tema si no fuera por sus evidentes y graves repercusiones morales, desea asimismo remitir a nuestros comentarios Editoriales de los números 3.899-3.900 y 3.904, ambos muy recientes. Igualmente, invitamos a la lectura del recuadro de la página 35 de nuestro número de hoy con el parecer expresado al respecto por el Papa al embajador de España ante la Santa Sede.

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