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La vida pública exige ejemplaridad, legalidad y responsabilidad – editorial ECCLESIA

La vida pública exige ejemplaridad, legalidad y responsabilidad – editorial ECCLESIA

La vida política en España, como era de prever tras los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, vive horas y días de incertidumbres y hasta perplejidades.  En Cataluña, el 10 de enero se eligió nuevo presidente de la Generalitat –el convergente Carles Puidgdemont, hasta ahora alcalde de Girona, ocupa ya el cargo en sustitución de Artur Mas-, y tampoco el panorama  resulta demasiado halagüeño. El 13 de enero, por otro lado, quedaron constituidas las Cortes Generales de España -Congreso de los Diputados y Senado- y alguna que otra sensación agridulce acompañó asimismo la jornada.

Fuera ya de lo estrictamente político, el lunes 11 de enero comenzó en Palma de Mallorca el juicio del caso Nóos, la conocida presunta trama de corrupción, que sienta en el banquillo a la hija menor del anterior Rey de España, hermana, pues, del actual. Y a lo largo de 2016, llegará la hora de la Justicia para otros destacados  procesos contra la lacra de la corrupción. Y bueno es que las responsabilidades se diriman ante los Tribunales, se esclarezca la verdad, se dicten sentencias justas y, en la medida de lo posible, se pueda reintegrar al erario público –y privado, si corresponde- lo a él indebida y vergonzosamente sustraído o el lucro dolosa e ilegalmente logrado.

En relación con este mismo tema, habida cuenta de su repercusión social y su relevancia institucional, bueno será recordar las palabras que don Juan Carlos I pronunció en uno de sus últimos discursos de  Navidad: «Necesitamos ejemplaridad, seriedad y rigor en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”. Y es que, además, la Justicia –como igualmente subrayó entonces el ahora monarca emérito- ha de ser igual para todos.  Debemos, pues, dejar hablar a la Justicia –evitando presiones indebidas y juicios paralelos, tan destructivos y tantas veces precipitados e injustos- y esperar y desear que la Justicia sea, sí, justa.

En medio de todo, emerge, a nuestro juicio, una triple necesidad, que es obligación. La primera, sí, es la ejemplaridad. Si a todas las personas se nos debe exigir un comportamiento adecuado, esto obliga aún más a quienes, por las razones que sean –cargo, elección, designación, cuna, historia, consagración,…- prestan un servicio público y para el que se les dota de medios y de posibilidades especiales. La ejemplaridad en la vida pública no puede ser un plus; es –repitámoslo- un deber.

La segunda de estas necesidades es el cumplimiento de la legalidad vigente. No puede haber salida a nuestros problemas y a nuestras reivindicaciones fuera de la ley, que, en el caso concreto de España, la marca la Constitución de 1978, un texto que, por supuesto puede ser reformado, como todo en la vida, pero  cuya reforma debe hacerse desde la ley y debe hacerse desde el diálogo, el encuentro y el consenso entre las distintas formaciones políticas parlamentarias, los agentes sociales y el verdadero sentir de la ciudadanía, de quien nadie –la ciudadanía- es dueña ni portavoz  en exclusividad.

Legalidad es también ajustarse a las formas y a los modos que la ley, en el rango que corresponda, establece y estipula.  Y las formas, tanto en la vida privada como, y sobre todo, en la vida pública, importan y su quebranto puede poner en entredicho la recién invocada y precisa ejemplaridad. Por ello, creemos que, independientemente de lo que determinen los servicios jurídicos del Estado al respecto, la fórmula de juramento o de promesa a la hora de tomar posesión de un cargo debe omitir la auténtica “panoplia” de discursos y soflamas que hemos escuchado estos días tanto en Cataluña como en el Congreso y en el Senado. La libertad de expresión no está reñida con la formalidad y el respeto a lo prescrito. Los mítines son para otros momentos.

Por último, España demanda, apremia responsabilidad (ecclesia, número 3.810, página 5). Una responsabilidad incrementada para no poner en riesgo la recuperación económica; una responsabilidad que se ajuste a los resultados del 20-D, en su real y completa aritmética; una responsabilidad que ponga el bien común del Estado por encima de los intereses partidistas y personalistas; una responsabilidad que se traduzca en diálogo verdadero con todos y entre todos y a no crear ni exclusiones sistemáticas, ni políticas revanchistas y frentistas.

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