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La marea naranja vuelve este domingo a la calle contra la Ley Celaá

La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha convocado para este domingo una nueva concentración de vehículos por todas las ciudades de España, al igual que sucedió el pasado domingo 22 de noviembre, para teñir de naranja las calles y manifestar su desacuerdo con la Ley Celaá.

Se trata de la sexta movilización de la plataforma antes de que la LOMLOE sea sometida a debate y votación el próximo 23 de diciembre en el Pleno del Senado.

Enmiendas «vivas»

Tal y como ha informado Europa Press, el dictamen de la Comisión de Educación de este viernes es el que se votará el próximo miércoles en el Pleno del Senado, donde el Gobierno necesita mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de una Ley Orgánica, un umbral asumible para el PSOE dado que los grupos que apoyaron la norma en el Congreso también alcanzan la mayoría absoluta en el Senado.

La Ley solo tendría que volver al Congreso si el Pleno del Senado aprobase alguna enmienda «viva», enmiendas que no se aprobaron en Comisión. De momento, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de un último debate el próximo 29 de diciembre.

Para Más Plurales, la preocupación radica en que la Ley Celaá contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de «demanda social» de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones. Por ello, la plataforma advierte que la supresión de la «demanda social» de los centros privados sostenidos con fondos públicos «deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos», lo que para ellos supone un «ataque a la libertad» porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

La asignatura de Religión

La asignatura de Religión también sale afectada con este nuevo texto, ya que no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. Las protestas contra esta Ley también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar «con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», lo que para Más Plurales se interpreta como el cierre de estos centros.



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