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La Justicia salvadoreña ordena reabrir el «caso jesuitas» y la UCA exige que no se lo instrumentalice políticamente

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha ordenado reabrir el «caso jesuitas». Su fallo, dado a conocer el día 5, da diez días de plazo para que se modifique la resolución de la Sala de lo Penal de 2020 que exigió que no se investigue a los autores intelectuales de la masacre.

La Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» de San Salvador (UCA), a la que pertenecían los seis jesuitas y las dos mujeres asesinados el 16 de noviembre de 1989, señala que el nuevo pronunciamiento confirma que «ha existido violación al debido proceso, pues sistemáticamente se ha bloqueado el acceso a la justicia, y se ha denegado el conocimiento de la verdad a través de la aplicación de distintos artilugios por parte de los funcionarios judiciales».

«Creo que es un avance importante en la lucha por la verdad y la justicia de parte de todos aquellos que estamos en contra de la impunidad y creemos que la verdad y la justicia son fundamentales para construir un futuro de paz en el país», ha afirmado el rector, Andreu Oliva SJ. El sacerdote barcelonés, que sustituyó al Padre José María Tojeira como rector en 2011, ha declarado a la agencia EFE que han recibido la noticia «con agrado» y que el caso había sido cerrado en «contra de la ley salvadoreña y del derecho a la verdad y a la Justicia» del pueblo y las víctimas. 

Andreu Oliva y José María Tojeira, en foto de archivo.

Fallo inesperado

La UCA lamenta, no obstante, cómo se han desarrollado los hechos, pues «el inicio del proceso constitucional en el cual se ha vertido el fallo» ha tenido lugar «de manera sorpresiva y sin ninguna participación de los familiares de las víctimas, la UCA o la Compañía de Jesús», algo que califica en una nota del 7 de enero de «lamentable» y de «completo despropósito».

La Universidad exige que «no se instrumentalice políticamente» el caso, que «no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas» y que no haya presiones sobre las instancias judiciales. Demanda asimismo que se lo denomine «Masacre en la UCA» —y no «Masacre de los jesuitas», como lo presenta el fallo constitucional— para honrar también la memoria de Elba y Celina Ramos, la cocinera de la residencia y su hija asesinadas también aquella noche por los militares junto a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López.

La Compañía de Jesús siempre ha deseado que a todos ellos se les imparta justicia en El Salvador, pero hasta la fecha no ha sido posible. En 1991 hubo un juicio amañado en el que fueron absueltos siete de los nueve militares que habían sido procesados. Y a día de hoy los considerados autores intelectuales siguen sin poder ser llevados a los tribunales. Entre ellos están el expresidente Alfredo Cristiani y los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda. Otro alto mando, René Emilio Ponce, ya ha fallecido, y el coronel Inocente Montano fue extraditado y condenado por la Audiencia Nacional Española en septiembre de 2020 a más de 130 años de prisión.

Cuando se hizo pública la sentencia a Montano, la UCA hizo pública una declaración en la que afirmaba: «La continuación del proceso judicial en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del horrendo crimen, es una deuda de la justicia, y no debe seguir esperando más».



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