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La Iglesia participa en la reconstrucción desde los más frágiles

La Doctrina Social de la Iglesia, es decir, la iluminación evangélica para la acción social de la Iglesia en el mundo, se asienta en un principio intocable: la vida humana es sagrada. El cuidado de la dignidad de la persona se realiza en el bien común, el de todos y el de cada uno. Esta polaridad, dignidad-bien común, genera de manera permanente los demás principios de la DSI: la libertad-subsidiariedad, la participación, la solidaridad y el destino universal de los bienes. Es el esqueleto de un tesoro llamado a ser más conocido por los católicos españoles, sobre todo en estos tiempos de pandemia cuando la sociedad se enfrenta a una de las peores crisis del siglo. Estos principios básicos sostienen la reciente intervención de Cáritas en el Congreso ante el Grupo de Trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidado de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Cáritas, es decir, la Iglesia, resalta la situación de los más empobrecidos y propone seis puntos que tienen como eje la dignidad de la vida humana: garantizar los derechos, el empleo del hogar y sistema de cuidados, la vivienda, la garantía de ingresos mínimos, las ayudas a las personas migrantes y las leyes sobre prostitución y Trata. Desde esta atención irrenunciable, habrá de promoverse la actividad económica, con el protagonismo de trabajadores y empresarios, que genere los bienes y servicios necesarios para sostener todas las acciones y ayudas propuestas.
Precisamente el 29 de mayo el Consejo de Ministros aprobaba el Ingreso Mínimo Vital, un paso importante para todas aquellas personas que están al borde de la pobreza severa (menos de 370 euros para una persona y menos de 776 euros para dos adultos y dos menores de edad). Por eso, Cáritas valora muy positivamente esta medida porque supone «un alivio para las extremas condiciones de vida de cientos de miles de hogares españoles —en estos momento golpea a 1 millón de personas entre las familias que Cáritas acompaña— que carecen de ingresos y que podrán acceder a partir de ahora a una medida protectora capaz de garantizar sus derechos básicos».
Mucho se ha hablado sobre esta medida intentando contraponer a los obispos españoles frente al Papa Francisco. Concretamente, el Pontífice se dirigía a los movimientos y organizaciones populares y en ese contexto proponía un salario universal para los trabajadores más humildes y sin derechos, en el horizonte del desarrollo humano integral que precisa de una base ineludible: «Tierra, techo y trabajo». Pero el Ingreso Mínimo Vital es una medida que no está llamada a la permanencia, sino a sostener a quienes en este momento se acercan al abismo de la pobreza. Las condiciones de pobreza severa han aumentando un 30% a causa de la pandemia, y este momento las personas más frágiles son quienes más las sufren. Sin embargo, una vez más, este Ingreso Mínimo Vital se olvida de los migrantes y de los jóvenes. Y si hay una institución en este país que conozca profundamente la precariedad en la que están las personas en situación administrativa irregular, es la Iglesia. Normalmente, mediante una economía sumergida y a la que no queremos mirar de frente, viven, trabajan y contribuyen a la sociedad española. Esta exclusión se contrapone a «la propia Ley Orgánica de Extranjería que reconoce su derecho a acceder a prestaciones sociales básicas».
Por otra parte, los jóvenes mayores de 18 años tampoco podrán acceder a esta ayuda y aunque pudieran solicitarla a partir de los 23 años, uno de los requisitos exigidos es el haber vivido de forma independiente durante 3 años. ¿Qué joven en este país y en este contexto puede cumplir esa condición?
Se dan pasos concretos, y si la DSI tiene por principio que la vida humana es sagrada, es necesario que la Iglesia continúe velando por quienes ni siquiera podrán acceder a esa renta, que al fin y al cabo, supondrá para sus beneficiarios el coste del alquiler de una vivienda, en el mejor de los casos.

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