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La Iglesia de Paraguay condena el secuestro del exvicepresidente Sánchez

La Conferencia Episcopal de Paraguay ha condenado, a través de un comunicado de su Consejo Permanente fechado el 11 de septiembre, el secuestro del expresidente Óscar Denis Sánchez, acaecido en el norte del país. El político, de 74 años, fue capturado el miércoles día 9 en su hacienda «La Tranquerita», en el departamento de Concepción, junto a uno de sus empleados, Adelio Mendoza, de 21 años. La acción armada ha sido reivindicada por el Ejército Popular de Paraguay (EPP), que exige a cambio de sus vidas la entrega de alimentos y productos básicos a cuarenta comunidades indígenas de la zona y la liberación de dos detenidos. El precio de los víveres solicitados asciende a dos millones de dólares y deberían ser entregados en un plazo máximo de ocho días.

Los obispos han expresado su «solidaridad y cercanía» a familiares y amigos de los capturados. «La vida y la libertad —indican— son bienes sagrados de la humanidad. De ninguna manera pueden ser objeto de atropello o manipulación por parte de sectores políticos, económicos o ideológicos». Y añaden: «Condenamos y repudiamos los secuestros de personas y el accionar criminal de grupos extremistas que operan, principalmente en la región norte del país. Volvemos a hacer un llamado para que depongan las armas, liberen a todos los cautivos y abandonen definitivamente el camino de la violencia». La jerarquía recuerda asimismo que «el secuestro, el narcotráfico, el asesinato y todo atentado contra la vida en su dignidad, su integridad y su libertad son acciones perversas, que como sociedad paraguaya debemos repudiar y desterrar (…)». El EPP, que cuenta con poco más de un centenar de efectivos, opera en el norte de Paraguay mediante secuestros y extorsiones.

Matanza de dos niñas

La captura de Sánchez y Mendoza tuvo lugar en Bella Vista, a solo diez kilómetros del lugar en el que una semana antes los militares realizaron un operativo en el que mataron a dos niñas de 11 años. Fue en la comunidad de Ybi Yaú. Las menores, al parecer, eran hija y sobrina de dos líderes guerrilleros. Según sus familiares, el ejército las vistió con uniformes antes de asesinarlas. Luego mintió sobre su edad, asegurando que tenían entre 16 y 18 años. La oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha pedido una investigación al respecto.

La oficina de prensa de la Conferencia Episcopal hizo público el 6 de septiembre un comunicado sobre este suceso en el que exige a los organismos públicos que ajusten sus actuaciones a la ley y siempre con criterios de «transparencia, proporcionalidad y justicia».

«Los procedimientos durante el operativo en el que resultaron víctimas las dos niñas son confusos y han dejado muchas dudas e interrogantes», dice la nota. «Los órganos institucionales involucrados, el Comando de Defensa Interna y Ministerio Público, así como otras autoridades competentes, deben arbitrar todos los medios necesarios para el completo esclarecimiento de los hechos ocurridos, en la mayor brevedad. La Iglesia condena la violencia, cualquiera sea su origen; así como la violencia estructural de la inequidad social que genera exclusión y priva a amplios sectores de la población, en especial a los niños y a los ancianos, de los bienes esenciales para una vida digna, y que amenazan la paz social». Asimismo, concluye, «rechaza categóricamente cualquier acto de violencia proveniente de grupos extremistas que actúan al margen de la ley e insta a las autoridades del gobierno a poner el máximo empeño en identificarlos y sancionarlos acorde a las leyes que regulan nuestra nación».

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