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La Fundación Madrina propone la dinamización del entorno rural a través de familias sin recursos

La Fundación Madrina (FM) ha solicitado al Gobierno de España implantar medidas en favor de la repoblación rural, valiéndose de la disponibilidad de familias en una situación económica precaria. Ante la pérdida de tejido social en los pueblos de España, esta fundación, focalizada principalmente en atender a madres y familias en situación de vulnerabilidad, pretende conseguir con esta iniciativa, concentrada en 15 puntos, «dar vida a los pueblos» evitando que se cierren sus escuelas y servicios colaterales, y «deslocalizar» la pobreza «materno-infantil» desde las grandes urbes hacia las áreas rurales sin menores de edad.

Esta propuesta está enmarcada dentro del programa «Pueblos y Abuelos Madrina», que desde hace 16 años traslada a familias con hijos pequeños desde las ciudades hasta los pequeños municipios de nuestra geografía.

Luchar contra la pobreza y la despoblación

FM denuncia que desde el Gobierno, y fuera de las declaraciones institucionales, no exista voluntad política ni presupuesto para trabajar por las zonas rurales. Por todo ello, FM desea conseguir que los pueblos vuelvan a tener vida y puedan convertirse en el «amortiguador de las desigualdades sociales».

El aislamiento sanitario y social entre comunidades autónomas, unido a las diferentes leyes y ayudas sociales que actualmente rigen cada uno de los territorios de España, impidiendo la movilidad geográfica entre territorios de familias vulnerables que buscan una mejora en su calidad de vida, «anclan —según afirma desde la Fundación Madrina— definitivamente la pobreza al lugar de origen de la misma»; situación agravada por la pandemia.

Desde esta organización, considerada de interés público, se ha denunciado la gran «desigualdad social y sanitaria» entre comunidades, siendo los más pequeños de casa quienes sufren esta situación gravosa. Según los datos aportados por el equipo de comunicación de FM, se estima que un 18% de los niños nacidos en nuestro país no cuentan con documentación ni derechos sanitarios plenos.

Para evitar que esta situación siga perpetuándose en el tiempo,  la Fundación Madrina propone una serie de medidas que exigen al Gobierno:

  1. Crear un mapa de zonas rurales con alertas de despoblación e inminente pérdida de servicios en diferentes niveles.
  2. Favorecer en zonas rurales y pequeños municipios el realojo de familias vulnerables con hijos menores y en riesgo de situación de calle, procedentes de grandes urbes, con la habilitación de viviendas en propiedad del municipio, o de particulares.
  3. Generar un plan de mejora y habitabilidad de viviendas vacías en estos municipios de zonas rurales de la España vaciada, para uso exclusivo de realojo de familias vulnerables con hijos menores, ofreciéndolos como residencias con un alquiler mínimo social y con una carencia de pago de hasta 6 meses, hasta que la familia empiece a cotizar.
  4. Recuperación de la red de transporte público rural que conectan las zonas rurales con las capitales de provincia, donde se hayan los servicios principales de hospitales y registros, actualmente eliminadas y desatendidas por parte del Ministerio de Fomento.
  5. Crear una ‘tarjeta social única’ e igualitaria en todo el territorio español, que proporcione los mismos derechos y ayudas sociales para todas las familias vulnerables con hijos menores, y que incluya igualmente ayuda social con posibilidad de pago para transporte, medicamentos, alojamiento y comida.
  6. Que cualquier familia vulnerable que se traslade de un municipio o de comunidad autónoma a otra, tenga acceso a los mismos derechos sociales y sanitarios de la comunidad de la que procede, manteniendo la antigüedad de la comunidad de origen, y sin tener que esperar de dos a 3 años para tener una antigüedad de empadronamiento y ser atendido con los mismos derechos.
  7. Crear una ‘tarjeta sanitaria única’ en todo el territorio español que preserve los mismos derechos sanitarios de la población más vulnerable e infantil, especialmente en atención primaria, hospitalaria, así como en relación a recetas y medicamentos prescritos a través de receta electrónica; con el fin de salvaguardar la salud y la integridad de los más vulnerables, especialmente niños, aun careciendo estos de empadronamiento, registro de nacimiento o documento de residencia, o bien tarjeta roja de refugiado.
  8. Que el empadronamiento no sea una causa de exclusión social o de pérdida de derechos sociales, y que se garantice el derecho a empadronamiento universal de toda persona que viva en territorio español, manteniendo la antigüedad del mismo empadronamiento para así permitir la movilidad geográfica entre comunidades sin perder estos derechos; especialmente para familias vulnerables con hijos menores, que deban trasladarse a zonas rurales desde otra comunidad o municipio para conseguir un empleo y un hogar.
  9. Crear una “Caja solidaria única intercomunitaria” financiada por el Estado, y que asuma los derechos sociales y sanitarios de las familias vulnerables que se muevan de una comunidad a zonas rurales de otra comunidad, permitiendo así que las familias busquen una mejor calidad de vida en estas últimas con alojamiento o trabajo.
  10. Garantizar la asistencia sanitaria y social plena y permanente de familias realojadas con hijos menores en zonas rurales.
  11. Generar un Plan de empleo y emprendimiento en zonas rurales a través de un programa de “emprendimiento rural” que favorezca, promueve y recupere los trabajos tradicionales de estas zonas, especialmente fomentando la agricultura y ganadería ecológica y ambiental.
  12. Amparo y protección del hogar y empadronamiento obligatorio para mujeres gestantes y madres con hijos menores de 3 años, a las que les es imposible empadronarse en ningún lugar o bien acceder a ninguna vivienda por su condición de madre con hijos menores.
  13. Aumento de las transferencias directas del estado hacia las zonas rurales objeto de despoblación, fomentando la movilidad hacia estas zonas de familias vulnerables con menores a cargo, con el fin de paliar la pobreza rural especialmente en colegios, vivienda, transporte, sanidad, “escuelas interconectadas”, y ayudando asimismo a salir del impacto negativo generado por la pobreza extrema y “materno infantil” de las familias vulnerables situadas en las grandes urbes.
  14. Ayuda directa especial a familias vulnerables que deseen realojarse en zonas rurales; sugiriendo que las ayudas sociales se den por unidad familiar y no por hogar o empadronamiento, ya que hay hogares donde conviven varias familias en la misma situación de pobreza y que nunca podrán acceder a ninguna ayuda social, por esta situación de hacinamiento injusto, provocado por la gestión de la pandemia.
  15. Apertura y agilización de la administración del estado y de las administraciones locales y autonómicas, para mitigar el efecto perverso que este hecho origina sobre el aumento de la pobreza de familias vulnerables, quebrando los derechos sociales, sanitarios y laborales de estas familias vulnerables y que se exige en esta situación de crisis.

La Fundación Madrina ha detectado desde hace años la falta de incentivos para luchar contra la despoblación rural, motivada por numerosos hechos:

  • La legislación social actual ancla la pobreza en el lugar donde se origina, imposibilitando la deslocalización de esta.
  • Se limita la movilidad geográfica de la pobreza debido a las ayudas sociales locales que anclan a las familias más vulnerables al sitio en el que residen.
  • Aumento alarmante de falta de acceso al derecho de empadronamientos de personas en viviendas y habitaciones, motivado por la denegación de ayudas sociales si conviven más ayudas en un mismo hogar. Se ha detectado igualmente que algunos propietarios aprovechan esta situación e intentan beneficiarse cobrando hasta un extra de 300 € por empadronamiento en las grandes urbes.
  • Crecimiento de la pobreza estructural incentivada por la “nueva pobreza” que se está consolidando debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.
  • Eliminación de líneas de transportes públicos desde pueblos hacia la capital, y en el que muchas personas que no cuentan con vehículo propio, como ancianos, embarazadas y niños, no pueden poder acceder al hospital de la capital o a documentaciones o registros importantes.


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