Iglesia en España Nacional

La enseñanza concertada, al borde de la quiebra técnica

 Más de un millón y medio de alumnos afectados ante el inicio del curso 2012-13. La concertada se une para denunciar los graves recortes que viene sufriendo

Las organizaciones mayoritarias de la enseñanza concertada, patronales y titulares (FERE-CECA, EyG, CECE, UECOE, FEDACES, FECC y APSEC), y sindicales (FSIE y USO), se unen en este inicio de curso 2012-13, para denunciar la insostenible situación que se está produciendo en los centros, la importante degradación de las condiciones sociolaborales de los trabajadores por los sucesivos recortes y el reiterado incumplimiento de los conciertos y de los acuerdos laborales por parte de algunas comunidades autónomas.

Con ocasión del inicio del curso escolar 2012-13, las organizaciones mayoritarias de la concertada estiman absolutamente necesario recordar a toda la sociedad que desde 2010 los centros y trabajadores de la enseñanza concertada están sufriendo recortes y reajustes en términos análogos y simultáneos a la escuela pública, sin que el Ministerio de Educación haya convocado ninguna reunión de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, ni se haya tenido en cuenta la naturaleza privada de los centros concertados, ni la existencia de los convenios colectivos del sector.

La imposición sucesiva de recortes aprobados en dos Reales Decretos-Ley (8/2010, 14/2012 y 20/2012), están llevando a la enseñanza concertada a una situación límite sin que haya un cauce abierto de diálogo y negociación con los responsables del Ministerio de Educación, ni se hayan previsto mecanismos temporales de reversión a las condiciones anteriores.

Catálogo de recortes

Como muestra de estas afirmaciones podemos mostrar una larga lista de recortes que pueden terminar poniendo a muchos centros al borde de la quiebra técnica:

Aumento de la capacidad de las aulas en un 20%. Esto supone en unos casos la eliminación de unidades concertadas y en otros la atención a más alumnos con menos medios y con un mayor coste de inversión en mobiliario, ordenadores, etc. (RD Ley 12/2012).

Reducción del pago por sustituciones y obligación de extinguir los contratos de interinidad en verano (RD Ley 12/2012).

Aumento de la jornada lectiva del profesorado en Primaria, sin tener en cuenta los acuerdos suscritos con las comunidades autónomas (RD Ley 12/2012).

Reducción de los salarios del profesorado. La reducción se ha aplicado en términos análogos a la aplicada a los profesores de la enseñanza pública, y supone una pérdida de poder adquisitivo desde 2010 que en muchas CC.AA. se aproxima al 20%. En ningún caso, se indica la duración de estas reducciones.

Efectos de las rebajas sucesivas en los salarios de los docentes en pago delegado.  Impuestas por los dos últimos gobiernos, estas rebajas han supuesto la ruptura de las reglas de la negociación colectiva y la imposibilidad de la firma del Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada desde 2010.

Reducción de los gastos para funcionamiento de los centros (LPGE 2011 y RD Ley 20/2012). En cuanto al déficit histórico del módulo de conciertos, si comparamos la curva de incremento del IPC desde diciembre de 1993 a junio de 2012 con la curva del coste real de la partida de Otros Gastos, apreciamos una pérdida de capacidad adquisitiva de los centros del 30% (sin tener en cuenta el impacto del incremento del IVA de septiembre de 2012).

Retrasos de varios meses por parte de administraciones autonómicas como Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia en el abono de los gastos de funcionamiento. Estos retrasos, unidos a la imposibilidad de obtener líneas de crédito de las entidades financieras, están provocando una auténtica falta de liquidez en los centros.

Mantenimiento del déficit histórico que arrastran los módulos de concierto. No podemos olvidar que hemos llegado al punto de que el módulo por unidad cubre tan sólo entre un 50 y un 70% del coste real de impartición de las enseñanzas, dependiendo de niveles y CC.AA.

Reducción considerable de las unidades de apoyo de compensatoria, de refuerzo o integración que estaban destinadas a la atención de los alumnos con mayores problemas de aprendizaje.

Drástica reducción de las ayudas para comedor, transporte, libros de texto, etc., que algunas CC.AA. concedían a los alumnos de centros concertados (aunque siempre en menor cuantía que a los alumnos de los centros públicos).

Efectivamente, la situación era ya muy difícil a comienzos de 2012, pero la reducción del módulo económico aprobada en julio (Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio), y su aplicación por las comunidades autónomas, ha provocado una indignación creciente entre todos los sectores de la comunidad educativa, que ven cómo la Administración recorta salarios del profesorado con carácter retroactivo, reduce los gastos de funcionamiento, elimina unidades y apoyos destinados a los alumnos con necesidades educativas especiales y, además, incumple sus propias obligaciones de abonar mensualmente las cantidades de las que dependen, por ejemplo, el salario del personal de administración y servicios.

Por todo ello, las organizaciones mayoritarias de la enseñanza concertada solicitan al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la urgente convocatoria de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, abriendo una línea de diálogo permanente para analizar los efectos y la reversión de todas estas medidas en cuanto la situación económica española lo permita.

Confiamos en que el Gobiernos va a oír a las peticiones de las organizaciones del sector de la concertada que aquí presentamos, que al fin y al cabo son reflejo de las necesidades de aquéllos a los que representamos: alrededor de un millón y medio de alumnos, más de ciento cincuenta mil trabajadores y cerca de tres mil quinientos centros educativos.

 

 

 

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