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La dimisión del magistrado Enrique López, por Roberto Esteban Duque

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La dimisión del magistrado Enrique López, por Roberto Esteban Duque

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Enrique López, presenta hoy su dimisión poco después de que diera positivo en un control de alcoholemia al que la policía le sometió al saltarse un semáforo en rojo y de ser interceptado por circular con su moto sin casco. La reacción del magistrado consistió en reconocer los hechos y asumir las consecuencias, sosteniendo asimismo que existen “circunstancias personales” que justificarían su comportamiento.

Por su parte, el TC evitó pronunciarse sobre la conducta del magistrado, que considera un mero “asunto privado”. La respuesta o la actitud del TC -propia de la ética contemporánea o del pensamiento político moderno- tiende a una ética ocupada casi exclusivamente en cuestiones relativas a la justicia, concernientes a las relaciones humanas. En el ámbito de cualquier otra virtud, asignada a la esfera privada o de la conducta individual, sostiene la imposibilidad de alcanzar enunciados vinculantes entre las personas. Del uso que el magistrado ha hecho de su espacio de libertad, el TC no se pronuncia, se niega a hablar, es algo puramente privado y subjetivo. Cada persona se maneja en la vida como quiere. Entonces, ¿por qué ser moral? ¿Por qué observar finalmente reglas de justicia?

Sin embargo, la conducta individual y las relaciones interhumanas guardan una estrecha relación interna. La justicia es vulnerada mucho más por la intemperancia o por la imprudencia que por la por la propia injusticia. El magistrado Enrique López se ha visto obligado al asentimiento del imperio de la ley, pero es imposible hablar de la justicia sin integrarla en el organismo total de las virtudes morales, o con independencia de la virtud del individuo. No hay que decidir, sino decidir bien. Sólo puede haber justicia como virtud del individuo y como institución cuando se viven todas las demás virtudes morales. Las causas que hayan llevado al magistrado a semejante conducta y que podían justificar su comportamiento (aunque no hagan bueno lo malo) no le importan al TC. De esta manera, el sistema de normas y leyes se encuentra tácitamente al servicio de los intereses de cada uno. Lo que equivale a reconocer que lo fundamental es la libertad y el deseo de cada uno.

No se trata de poner en duda la necesidad del Estado de Derecho, de la soberanía de las instituciones o de las instancias estatales decisorias, cuando precisamente son estas instituciones las que hacen posible la convivencia y la paz. La factibilidad de la justicia mediante la organización social con independencia de la virtud del individuo es la quintaesencia de la filosofía política de Hobbes y está presente en el dictum de Kant, cuando afirmaba: el problema de la constitución del Estado se puede solucionar incluso para un pueblo de diablos siempre y cuando se logre neutralizar el conflicto mediante un sistema de leyes coactivas.

Pero es un error considerar que lo único importante son las reglas o leyes institucionales dotadas de validez pública, y que todo lo demás pertenece al ámbito de las “actitudes privadas”, consideradas irrelevantes, siempre y cuando no se sostenga que los vicios privados son de utilidad pública. Si no queremos que la sociedad se desintegre no bastará un cálculo de intereses, sino consentir en la necesidad de dirigir la voluntad hacia el bien, ordenando la vida en conformidad con la razón y con la verdad. Dicho de otro modo: el derecho, en caso de que sus instituciones se separen por completo de sus principios y fines morales, perdería su fundamento absoluto.

El magistrado se ha equivocado. Incluso a través de la comisión de un delito el delincuente ha revelado y descubierto su mundo interior. No ha dimitido, sino que ha sido forzado a dimitir, conforme al art. 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El magistrado ha reconocido el mal en su espesor, y su dimisión era una exigencia y una justificación del bien. Sólo el bien es verdad y justicia, el único camino de vida justo y digno de confianza para todos los que lo eligen. Sólo el bien se justifica a sí mismo y justifica la confianza en él, más allá de la servidumbre de las pasiones, de las limitaciones del egoísmo individual y colectivo. De no haber dimitido, no sólo  se pondría en peligro la autoridad, sino incluso dejado indefensos el orden, la moralidad y la justicia.

Es necesario restablecer el vínculo perdido, tanto por el socialismo como por el liberalismo, entre la vida pública y la privada. Si aquella se corrompe, la vida privada carece de significado y finalidad. Si la vida privada es criminosa, la vida pública quedará infectada por un virus destructor.  En Europa nos hemos puesto de acuerdo para que la vida pública y la privada no sean interdependientes. Se piensa que hay determinados asuntos incorregibles, irremediables, que lleva a no distinguir ya entre humanidad y animalidad, entre cordura y locura, entre virtud y vicio.

Es preciso superar la concepción que niega la moralidad como tarea histórica, como asunto del hombre colectivo, y que la reduce a las motivaciones morales subjetivas de la persona individual. La moralidad no es un sentimiento personal, ni se puede reducir a ser la norma del comportamiento privado. La vida moral se revela como tarea universal y colectiva. De lo contrario, un “pueblo de diablos”, tendrá leyes no menos diabólicas.

Roberto Esteban Duque

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