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La CEE responde a la ministra Belarra y recuerda el compromiso de la Iglesia con la infancia

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló a la Iglesia como cómplice de «abusos por encubrimiento». Una declaración que realizó en el ámbito del debate parlamentario de aprobación de la Ley contra la violencia a la Infancia que tuvo lugar este 15 de abril Congreso de los diputados. Ante esta afirmación, la Conferencia Episcopal Española ha considerado, a través de una nota de prensa, que es «una acusación gravemente injusta».

Según la CEE, dichas palabras «pretenden ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas», y  además, «no se corresponde en absoluto con la verdad». En dicha nota, emitida este viernes 16 de abril, han subrayado que desde la Iglesia «renuevan el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores» y de la misma forma, «seguirán dando pasos adelante».

Además, han agradecido «el trabajo de todos los que dentro y fuera de la Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y en su formación, para un futuro mejor».

La ley, «una buena noticia»

Al margen de la polémica suscitada con las declaraciones de la ministra, desde la Conferencia Episcopal Española califican de «buena noticia» la Ley contra la violencia a la Infancia aprobada en el Congreso de los diputados. «Es una buena noticia que el Congreso se haga eco de una problemática que afecta a la sociedad española», han expresado desde la CEE.

Es más, los obispos aseguran que «estudios independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema en nuestro país. Esos estudios han señalado que el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección».

La Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española. Por eso, han explicado, «aesde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su actividad.

Las congregaciones religiosas han desplegado un importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores y también la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis españolas».

Compromiso de la Iglesia

La CEE ha recordado que, como parte de su misión, «la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano».

En este fin trabajan miles de laicos, sacerdotes y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad. «Su trabajo no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación», han concluido.

 



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