La asignación tributaria no es una subvención, afirma el consejero del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar
Esclarecedora conferencia en Madrid de Manuel Aznar López, consejero del Tribunal de Cuentas
El miércoles 25 de enero, en Madrid, el consejero del Tribunal de Cuentas Manuel Aznar pronunció una conferencia sobre la fiscalización de la asignación tributaria a la Iglesia católica. Fue en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (RAJL), y la conferencia llevó el título “La asignación tributaria a la Iglesia católica desde la perspectiva de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas“.
El tema, que acaparó buena parte del debate político y, sobre todo, mediático en la segunda semana de enero (ecclesia, número 3.867, página 5) tenía como precedente una moción de los consejeros en el Tribunal de Cuentas elegidos a propuesta del PSOE y del IU, mediante la cual se instó, en el pasado mes de diciembre, a que el citado tribunal instara al Gobierno en aras a fiscalización. La moción, como ocurrió ya en años anteriores, fue desechada por los vocales propuestos por el PP -mayoritarios en el Tribunal de Cuentas en una proporción de 7 a 5- con el apoyo del fiscal. Dos de los vocales que votaron a favor, con la adhesión de otros dos, redactaron votos particulares en los que defendieron la competencia del Tribunal de Cuentas para fiscalizar la asignación procedente del IRPF.
Esos dos votos particulares fueron contestados detalladamente por Aznar durante su conferencia en la RAJL, acto que, según señalan fuentes del sector mayoritario del tribunal, se organizó mucho antes de que se produjera, en diciembre, el debate sobre el programa de fiscalización para 2017. Aznar y su equipo han estudiado concienzudamente la cuestión de la financiación de los cultos no solo en España, sino también en otros países europeos.
Libertad de la Iglesia para distribuir los fondos
Así, en contrario de los votos particulares aludidos, Aznar se refirió los “obstáculos” existentes para llevar a cabo esa fiscalización. En primer lugar, sostuvo que el Acuerdo de 1979 entre el Estado y la Santa Sede -en los que se establece la obligación del Estado de asignar a la Iglesia católica el 0,7% del IRPF de los contribuyentes que lo deseen- tiene la naturaleza jurídica de tratado internacional cuya aplicación e interpretación corresponde sólo a las partes signatarias.
Manuel Aznar mencionó en segundo lugar el “carácter global y único” de la asignación, que, a su juicio, “significa que la Iglesia católica es libre de distribuir la cantidad recibida entre sus distintas necesidades”. “Comprobar ese reparto de los fondos implicaría fiscalizar la actividad de la Iglesia, lo que desbordaría el ámbito subjetivo de competencias del Tribunal de Cuentas ya que la actividad fiscalizadora recaería sobre un organismo no perteneciente al sector público”.
A su parecer, el Tribunal de Cuentas tampoco podría ampararse en que la ley le otorga la competencia objetiva de fiscalizar las subvenciones estatales -como sostiene uno de los votos discrepantes- porque “la asignación tributaria a la Iglesia no tiene naturaleza subvencional ni de ayuda”, sino que es una participación en el rendimiento de un tributo en virtud de una obligación del Estado que dimana de un tratado internacional.
En tercer término, el consejero puso de manifiesto la inexistencia de un consenso doctrinal sobre el propósito que declaran los Acuerdos de 1979 de que la Iglesia Católica alcance su autofinanciación. Unos autores, dijo, mantienen que se trata de un compromiso y otros lo consideran una mera declaración de intenciones sin eficacia jurídica. Según subrayó, esas “incertidumbres exegéticas” dificultan el ejercicio de la función fiscalizadora.
Finalmente, Aznar señaló que las pautas hermenéuticas que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “no ayudan a despejar las dudas” dada la “ausencia de un estándar común a toda Europa” en materia de financiación de las iglesias, dentro del “amplio margen de apreciación” que se reconoce a los Estados.
Manuel Aznar López, hermano del expresidente del Gobierno de iguales apellidos, nació en Oviedo en 1948. Es jurista y fue elegido en 2012 por el Senado para el cargo del consejero del Tribunal de Cuentas. Es experto en temas de marginación social y en la defensa de los servicios sociales.
Pie de foto: El jurista Manuel Aznar López.
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