Es franciscano de la Cruz Blanca y vive en Huesca, en un proyecto de acogida a personas con exclusión social que también tienen una enfermedad. Juan Ignacio Vela Caudevilla es el presidente nacional de Lares, que engloba a más de 600 entidades en todo el país con algo más de 1.000 residencias de mayores, 55.000 plazas y 35.000 trabajadores. Estos números, siendo significativos, ni mucho menos son mayoritarios en el sector. Representan entre el 15 y el 20% de las plazas de residencias en España. «Somos pocos, pero creo que tenemos una cierta incidencia a nivel social, representando al sector no lucrativo», explica. Gran parte de esas 600 entidades pertenecen a la Iglesia y, aquellas que no, asumen la carta de identidad de Lares, que se sostiene en el humanismo cristiano.
—Han participado en la mesa de reconstrucción del Congreso. ¿Qué balance haría?
—Hemos tomado la palabra en un grupo de trabajo sobre política social y nos hemos podido reunir con políticos de varias formaciones, como el PP, Ciudadanos o el PSOE. Creo que hemos conseguido algo que, hace un tiempo, habría sido impensable. Ahora, casi todos los partidos llevan en su argumentario que las residencias son centros sociales, no hospitales. Por primera vez sentimos que nuestras reivindicaciones son escuchadas. Estamos a gusto, pero lo consideramos insuficiente porque el sector de los cuidados tendría que ser un eje transversal en las políticas.
—Dice «por primera vez». ¿Se sintieron escuchados cuando comenzó la crisis del COVID?
—Para nada. Intentaron construir un relato falso, acusando a las residencias de que había muertos porque no estábamos preparados. ¿Cómo íbamos a estarlo, si al país entero le sorprendió la pandemia? Por ley nos obligaron a ser centros sanitarios. Piénsalo, uno de los criterios para no ser aceptado en una residencia es tener una enfermedad infectocontagiosa. Y después, nos negaron las derivaciones a los hospitales. El intento de construir el relato de que éramos culpables tuvo también la complicidad de muchos medios que habían sido los primeros en recibir subvenciones.
—Medios… ¿y políticos?
—Las declaraciones de una ministra en rueda de prensa diciendo que los militares habían encontrado muertos en las residencias hicieron más daño que cualquier otra cosa, cuando la realidad era que las funerarias no daban abasto para retirar cadáveres. Por suerte, creo que ya nadie defiende esa narrativa.
—Más allá de los relatos, ¿cree que debe cambiar algo en cuanto al modelo privatizador de nuestro país en cuanto a las residencias?
—En Lares fomentamos la economía social en la línea de la Doctrina Social de la Iglesia. No creemos que el de los cuidados sea un sector para buscar rentabilidad económica, sino que interesa el buen servicio. La entrada de lo que llamamos modelo mercantil, por ejemplo fondos de inversión, fue para sacar mayor dinero que el que tendrían con los fondos en un banco. Ahí, unos han sido muy perjudiciales y otros no tanto. Pedimos a la administración que proteja el tercer sector, que en estos meses ha tenido que realizar una inversión extra de 50 millones en EPIs, personal e infraestructuras. Si hay planes para el turismo, ¿por qué no para apoyar a la gente que trabaja por los mayores? En nuestra sociedad valoramos al que cura, pero consideramos que quien cuida está obligado a ello; los valores no están en consonancia con las necesidades.
—Con ese sobreesfuerzo de inversión, ¿hay riesgo de que desaparezca alguna residencia?
—A diferencia del modelo mercantil, no creo. Ahorramos más de 228 millones al Estado cada año que no paga nadie. Tenemos menos ingresos, somos más competitivos, y a veces conseguimos pagar incluso mejores sueldos a los profesionales. Por otro lado, estamos donde el público no llega o donde al mercantil no le interesa, como pueblos pequeños. Ahí cumplimos una importante labor, también social, de fijar el empleo y la población.
—Precisamente, los trabajadores y trabajadoras, que son mayoría, sufren condiciones de precariedad laboral en los cuidados.
—Buscamos dignificar el sector. Si se valorara, no cobraría menos el que cuida que el que monta coches, y recibiría mejor formación. Su labor debe valorarse con salario económico y emocional.
—¿Podemos pensar que «dejar» a un familiar en una residencia es desentenderse?
—El gran problema de las personas mayores es la soledad. Antes de la pandemia, 2,3 millones de personas mayores de 65 años vivían solas en sus casas. Que los hijos lleven a sus padres a las residencias es reflejo de una sociedad. Esta crisis, antes que sanitaria o económica, es humanitaria, porque parece que los valores se nos hayan olvidado un poco a todos. Los núcleos familiares han cambiado y más de la mitad de parejas se separan antes de entrar a una residencia. Vivimos más, pero con peor salud. La Red Europea de Envejecimiento mostraba en un estudio que las enfermedades crónicas se adelantan 5 años en hombres y hasta 8 en mujeres. Este virus es muy inteligente; se ha metido, sobre todo, en nuestras formas de vida.
—El confinamiento causa muchos problemas de salud mental, sobre todo en mayores. ¿Se puede llegar a un equilibrio entre aislamiento y salud mental?
—Hemos dado millones a las farmacéuticas para vacunas, ¿cuánto invertimos para darnos abrazos en tiempos de pandemia? El aislamiento, no lo olvidemos, es una técnica usada como tortura en guerra. Cuando alguien comete un delito, lo aislamos. ¿Cómo prevenimos el contagio sin matar la esencia de nuestra forma de vivir? Nosotros hemos denunciado que prohibir a los familiares despedirse de sus seres queridos iba contra los derechos humanos y al final lo han permitido. Tenemos que buscar medios para que haya formas de relación entre nosotros.
—En una situación normal, ¿cuál sería el modelo de cuidados para una sociedad?
—En España faltan planes de cronicidad. El sector social y el sector sanitario deberían trabajar en coordinación, y no lo hacen. Además, las residencias no pueden ser una sanidad lowcost de las personas mayores, sino que deben poder acceder en su totalidad a los centros de atención primaria: han pagado toda su vida para ello.
—¿Y cómo se imagina las residencias?
—Hace un tiempo nadie hablaba de ellas. Pero los 9 millones de mayores de 65 años son un 20% de la población española y el 25% del censo electoral: necesitan respeto y atención por parte de los políticos. Lo lógico sería tener previsión y cuidarnos para cuidar el futuro. Los mayores deben tener una atención centrada en la persona, y las residencias tendrían que ser espacios más reducidos, próximos y abiertos a la comunidad. Es importante, también, que entrar en una residencia no suponga un corte en la vida de la persona, sino que continúen la historia de cada uno de nosotros.
—En esta crisis, ¿hay algún tipo de residencias que hayan salido mejor paradas?
—Que en una haya habido más o menos casos no significa necesariamente que se haya actuado bien o mal. En las residencias es donde ha habido más fallecimientos, pero si no dejaban derivar al hospital tenían que morir en algún sitio. Ha habido una visión en la sociedad de que el sanitario era un héroe, y por tanto si alguien moría en el hospital no pasaba nada; pero si fallecía en una residencia, fiscalía te abría un informe. Ha habido una discriminación por edad en el acceso a la atención sanitaria. Eso va en contra del artículo 14 de la Constitución Española.
—Habla del modelo de residencia, de cuidados… ¿y qué hay de la Ley de Dependencia?
—Cada día fallecen 64 personas que tenían concedida una plaza y esperaban a que se hiciera efectiva. Actualmente hay más de 200.000 personas esperando plaza. Para atender lo que hay ahora, que no nos termina de convencer, y absorber a las personas que esperan, cada año hasta 2030 tendríamos que invertir mil millones de euros al sistema de dependencia en España. Esa cifra, hablando de sanidad, no es dinero. Pero en servicios sociales, sí.
