Opinión Última hora

Jaque a la ministra Celaá, por Juan-Carlos López

Confinados en nuestras casas, incapaces de ser escuchados por la sociedad civil, con un Parlamento casi desactivado por el estado de alarma y con la mayor crisis humanitaria de las últimas décadas. No. No nos resignamos a aceptar que la llamada Ley Celaá entrase sin contestación por la puerta grande del Parlamento. Un simple hastagh sirvió para aglutinar a medio centenar de diócesis que, apoyadas después por otros movimientos, pusimos en jaque digital una estrategia ética, estética y jurídicamente inaceptable.
A mediados de febrero el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales la LOMLOE. El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 2/2006 (LOE, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero) y deroga por completo la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE, en este caso aprobada por el Gobierno de Rajoy). Como si de una maldición esotérica se tratase, nuestros últimos modelos educativos parecen condenados a caducar a los siete años de vigencia. Toca ahora el de 2020. No parece, sin embargo, tiempo suficiente para darle estabilidad a un sistema que pretende educar a quienes tendrán que sostener la España del futuro.
No obstante es lo que hay, vamos por la octava ley educativa de la democracia y sospecho que esta no será la última. Ni la mejor. La inercia que arrastramos, la propia inconsistencia jurídica de la propuesta legislativa y las difíciles aritméticas parlamentarias nos hacen barruntar que, de prosperar este proyecto, no tardaríamos en encontrar alternativa por parte de quienes, en un futuro más o menos inmediato, desalojarán al actual ejecutivo de la presidencia del Gobierno. Y otra vez a empezar.
En este contexto, los delegados diocesanos de Enseñanza, siempre expuestos al recurrente debate sobre los supuestos privilegios de la asignatura de Religión y preocupados por las manifestaciones de la ministra respecto a la libertad de educación, articulamos providencialmente una respuesta en red que generó un movimiento social hasta la fecha desconocido. A la causa fueron sumándose asociaciones, federaciones y confederaciones de padres, patronales educativas, grupos sindicales, asociaciones de profesores y muchos particulares que finalmente despertaron al gigante dormido.
Junto a la petición de frenar la Ley Celaá, los delegados diocesanos incorporamos el mensaje #ReliEsMas, una marca que ya se ha reivindicado como la voz de 3,3 millones de alumnos que exigen que la asignatura de Religión sea plenamente curricular, es decir: que disponga de una carga lectiva suficiente, que tenga asignatura espejo para aquellos que libremente no la eligen y que disfrute de plena evaluabilidad académica.
El efecto de lo que se vino en llamar la «Quedada Digital» fue inmediato: Centenares de entradas en medios digitales, en papel, en radio y en televisión recogieron la necesidad de parar una ley vertical que distorsiona los legítimos intereses de una parte importante de la sociedad civil, se impone sin consenso, se tramita con nocturnidad y alevosía y nace amortizada porque se diseñó en un contexto pre COVID-19 que ya nada tiene que ver con el nuevo paradigma que nos espera.
Los promotores pudimos certificar que siempre es posible defender pacíficamente el bien común, denunciar los intereses sectarios y visibilizar el descontento social. Ante el asombroso silencio de la clase política, los delegados reivindicamos el necesario pacto en el campo de la educación, tal y como lo ha hecho el propio Papa Francisco en los últimos meses. Esta experiencia resultó fantástica.
Quizá uno de los mayores éxitos de la «Quedada Digital» fue descubrir la extraordinaria capacidad de coordinación de las delegaciones diocesanas que, desde sensibilidades distintas, suscribimos una causa común y dinamizamos nuestros entornos para canalizar una protesta que, al menos, abrió un debate hasta la fecha silenciado. De esta iniciativa algo nos queda claro: el trabajo en equipo y la sensibilización por capilaridad siempre generan resultados positivos.
Las redes sociales han sido de esta manera el soporte para visibilizar la inmoralidad de quienes pretenden tramitar una ley educativa en un estado de confinamiento generalizado, sin el consenso político necesario, con la perspectiva de un inicio de curso incierto, desconociendo eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad, con un profesorado asfixiado por la acelerada conversión metodológica, con familias superadas por el cierre de los colegios y maniatadas por la precariedad que se avecina. Las redes sociales han llegado para quedarse y es preciso aprovecharlas. Cuestión de supervivencia.
En el V Congreso de Profesores de Religión de Castilla y León celebrado en Salamanca en octubre de 2019, Isidro Catela decía que «en esta brecha entre la opinión pública y la opinión publicada, facilitada en buena medida por las redes sociales, tenemos una gran oportunidad. Ya no dependemos de lo que otros quieran decir sobre la clase de Religión. Nosotros podemos y debemos articular discursos y estrategias para construir un relato acorde con lo que la clase de Religión es. Sí. Estoy hablando de la necesidad de bajar al barro. De pensar y articular un proyecto, fundamentalmente para redes sociales que vaya creando a medio y largo plazo un argumentario cultural sobre la asignatura de Religión. Hay que hacerlo cuanto antes, sin francotiradores, lo más unidos posible.
Que hayamos conseguido varias veces el Trending Topic de Twitter no le otorga un plus de autoridad a la causa de la libertad de educación. Sin ese reconocimiento seguiría siendo una causa legítima, pero sí demuestra que la comunidad educativa de cuña cristiana debe adquirir la necesaria cultura digital para posicionarse adecuadamente en los nuevos areópagos de las redes sociales y crear así relatos favorables a la enseñanza de las religiones.
Nadie discute que la Ley Celaá incorpore meritorias aportaciones al panorama educativo, por ejemplo la pretendida igualdad de oportunidades o el incremento presupuestario para becas, pero en su conjunto la propuesta ministerial es absolutamente inaceptable porque reduce la libertad de las familias al tensionar la red pública con la de iniciativa social y margina con descarada prevaricación la enseñanza de las religiones.
Hay mucho camino por recorrer. La fuerza de quienes entendemos la educación desde el humanismo cristiano estará en la capacidad de estrechar vínculos efectivos de comunión.
Solo así podremos defender un modelo educativo integrador, de todos y para todos, abierto y respetuoso con la sagrada libertad de los padres de educar a los hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas. Sobran intereses particulares.
Juntos estamos convocados a defender el bien común y obligados, por tanto, al diálogo honesto desde este lado de la trinchera. Sin monedas de cambio. Ya vendrán después las reivindicaciones particulares que, a buen seguro, serán invencibles si no se fagocitan por el camino.
Desde el servicio a la verdad, los delegados diocesanos y todos los agentes de la comunidad educativa cristiana tendremos que seguir despertando conciencias y promoviendo espacios creativos de encuentro para serenar ánimos, dialogar y tender puentes en la búsqueda de soluciones para la escuela. Sabemos de quién nos hemos fiado y solo con Él y desde Él mantendremos el norte que se nos regala en el Evangelio. Que el Espíritu nos ilumine.

Por Juan-Carlos López Hernández
Delegado diocesano de Enseñanza de Zamora

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