Cáritas, CONFER, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC), entidades todas ellas promotoras de la iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» (ITD), reclaman «un ingreso mínimo garantizado» y la adopción de medidas sociales urgentes para apoyar y cuidar a las personas que más están sufriendo a causa de la crisis del COVID-19, de manera especial a las que se hallan en la calle y a las que nunca reúnen los requisitos para percibir alguna renta mínima.
En su manifiesto con motivo del 1 de mayo, festividad de san José Obrero y Día Internacional del Trabajo, ITD señala que en estos días de pandemia, empleos como los de los trabajadores del hogar y de cuidados, agricultores, establecimientos de alimentación, repartidores, etc. se han descubierto esenciales y que, sin embargo, están siendo ejercidos «en condiciones precarias y en la mayoría de los casos sin la protección adecuada».
«No nos cabe duda —denuncia el manifiesto— de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, hubiera tenido un menor impacto, sin la indecente precariedad laboral, ese “virus” que caracteriza el sistema de relaciones laborales, que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias; si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado con los recursos que necesitan y que fueron recortados como consecuencia de la anterior crisis financiera».
La plataforma afirma que el desempleo registrado y el estructural son «la punta del iceberg de una crisis del empleo mucho mayor; que no computa los trabajos no reconocidos, ni el empleo suspendido por expedientes de regulación temporal». «El empleo que en primer lugar se ha destruido —recalca— es el más débil, el que carece de redes de protección social. Por ello, a todas las personas que verán reducidos sus ingresos, incluso hasta límites que no garanticen el mínimo para vivir dignamente, se suman las que no cuentan con ningún tipo de protección».
Además de «un ingreso mínimo garantizado en un programa articulado que integre las políticas sociales en España», ITD reclama también el derecho a la prestación por desempleo para las empleadas de hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y de cuidados; la «regularización extraordinaria y urgente» de los trabajadores sin papeles y sin derechos de ciudadanía; un pacto de Estado por el trabajo decente; y el fortalecimiento de los derechos sociales en Europa.
