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Iglesia por el Trabajo Decente advierte sobre los retos que plantea la pandemia para el empleo digno

Con motivo del 1 de mayo, jornada en la que se conmemora los derechos de los trabajadores y se celebra a san José obrero, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), lanza un manifiesto en el que alerta cómo el impacto de la pandemia está debilitando, empobreciendo, precarizando y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes.

Este deterioro —advierten las entidades de inspiración cristiana que impulsan en España esta iniciativa (Cáritas, Conferencia Española de Religiosos CONFER, HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica JEC y Juventud Obrera Cristiana JOC)— provoca que «el derecho al trabajo esté en riesgo, lo que supone que el pacto social entre en crisis y, con ello, la propia democracia».

Cambiar el sistema productivo para poner a las personas en el centro

Con más de 700.000 personas en ERTE; con una tasa de desempleo inasumible en contraste con nuestra población activa., donde 3.719.800 millones de personas (1.728.400 hombres y 1.991.400 mujeres. EPA 4T2020) no tienen trabajo; con casi 600.000 hogares sin ingresos, la ITD cree que esta profunda crisis, derivada de la covid-19, pone de relieve la necesidad de un cambio de sistema productivo, basado en trabajos que aporten valor, sujetos de unas condiciones laborales dignas, y donde las personas estén en el centro.

El Manifiesto denuncia la destrucción en el último año de miles de empleos y que muchos de los ERTE puestos en marcha se hayan resuelto en despidos. Asimismo, los empleos considerados esenciales –muchas veces ejercidos en condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de protección sanitaria—, tampoco se han visto reconocidos en una mejora de sus condiciones. «Y las medidas de protección social diseñadas para paliar los efectos de la crisis –afirman desde ITD— no ha llegado a las personas que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido con el subsidio temporal previsto para las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital».

Otra de las consecuencias sociales de la pandemia es el agravamiento de las condiciones de pobreza entre la población migrante en situación administrativa irregular, donde el desempleo y la economía informal son mayoritarios, sin posibilidad de acceso al sistema de protección.

Ante este panorama, ITD insta «ahora más que nunca a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las personas que lo necesitan».



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