Coronavirus Iglesia en España

Hora de eliminar desigualdades

Son tiempos recios, estos que vivimos. La pandemia de COVID-19 ha llevado la muerte y el sufrimiento a varios millones de personas en todo el mundo; muchos millones más se encuentran confinados en sus casas para evitar la propagación del letal virus; las actividades económicas no esenciales están en muchas partes paralizadas; media humanidad, que vive al día, se enfrenta al fantasma del hambre al no poder salir a la calle a ganarse el sustento; los sistemas de bienestar se cuestionan, las relaciones sociales se han hecho virtuales… Nuestro mundo, en suma, el que conocíamos hace tan solo un par de meses, ha sido provisionalmente puesto patas arriba por un «bichito» que no distingue entre ricos y pobres, entre religiones, razas y culturas. De repente, los debates bizantinos sobre temas supuestamente trascendentales han desaparecido de la escena mediática, diluidos como azucarillos en un mar de preocupación e incertidumbre. ¿Volveremos pronto a la normalidad? ¿Seguiremos siendo nosotros y nuestro mundo los mismos cuando esto acabe? ¿Cuánto tardará en llegar la anhelada vacuna?

En la era de la tecnología, un simple virus ha evidenciado nuestra fragilidad y nos ha recordado que nadie vale nada por sí mismo. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, ha subrayado la paradoja que vivimos estos días: para sobrevivir a la enfermedad debemos aislarnos unos de otros, y sin embargo, al hacerlo, advertimos que no podemos estar sin los demás. Nos cuesta respetar hasta la distancia de seguridad al entablar una conversación, tenemos necesidad de establecer contacto, de relacionarnos. Caemos en la cuenta de algo que ya sabíamos pero que no verbalizábamos: que el hombre es tanto más hombre —más persona, más humano, más imagen de Dios— cuanto más se relaciona con sus congéneres; que necesitamos de nuestros semejantes para realizarnos, para crecer en nuestro «yo». Y ahora, por ello, nos sentimos como vacíos, huérfanos… y hasta desorientados, porque somos testigos a un tiempo del egoísmo de quienes solo piensan en sí mismos —saltándose irresponsablemente a la torera las disposiciones de las autoridades, como si esto no fuera con ellos—, y de sublimes testimonios de solidaridad, entrega y hasta heroísmo por parte de tantas y tantas personas sencillas y de gran corazón. La vida, en todas sus facetas.

OIT: 195 millones de personas perderán su trabajo

Si el mundo fuera el de antes, este 1 de mayo millones de personas saldrían a las calles en todo el planeta a conmemorar el Día del Trabajo. Esta vez, sin embargo, los desfiles y manifestaciones habrán de ser virtuales, aun cuando la reivindicación del derecho a un trabajo digno sea más acuciante que nunca en vista del descorazonador panorama que se nos viene encima.

Millones de personas, en efecto, han perdido ya o lo harán en las próximas fechas sus puestos de trabajo debido a la ausencia de actividad económica. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que las disposiciones de confinamiento y distanciamiento social decretadas por los gobiernos afectan a unos 2.700 millones de personas, el 81% de la fuerza de trabajo mundial. El pronóstico de la institución para el segundo trimestre del año es desolador: van a perder su empleo 195 millones de personas.

La cifra es muy superior a la de la crisis de 2008. Pero, ¿pueden compararse ambas crisis? «Esta es, en principio, menos grave que la otra, que fue una crisis de confianza en el sistema bancario, el cual constituye el corazón del sistema económico», nos tranquiliza, en principio, el hermano jesuita Raúl González Fabre, profesor de Ética Económica en la Universidad Pontificia Comillas. Cuando haya un buen tratamiento contra la enfermedad o se disponga de una vacuna eficaz —añade— ocurrirá como con otras enfermedades muy mortales y contagiosas que ya nadie o casi nadie padece, y las aguas volverán a su cauce. «Sin embargo —advierte también— esta crisis pilla a los gobiernos más endeudados por efecto de la anterior y, por tanto, con menos capacidad de acción».

Algunos países han sido reacios a adoptar medidas drásticas de aislamiento. Sus dirigentes, o bien minimizaron inicialmente la amenaza del virus, o bien consideraron que el daño que acarrearían tales medidas a la riqueza nacional y al empleo sería mucho mayor. En Estados Unidos, cuya tasa de paro era de solo el 4,6% antes de la pandemia, han perdido su trabajo en un mes 22 millones de personas. El 28 de abril, la primera economía del planeta lideraba la lista mundial de víctimas de COVID-19 con 56.253 fallecidos.

En nuestro país las cosas están proporcionalmente aún peor. Las muertes, según el cuestionado recuento oficial, sumaban ese mismo día 23.521. Se cuentan por millones los trabajadores que han de afrontar un ERE o un ERTE, y por cientos de miles las empresas que pueden quebrar. La situación de muchas personas que carecían de ahorros y no pueden recibir subsidios o ayudas de sus familias está siendo ya angustiosa, y lo será más si no se implementan ayudas de emergencia.

El 22 de abril el Servicio de Estudios del BBVA pronosticó que la tasa de paro en España llegará este año al 20,5% —ahora era del 13%—, y en 2021 del 17,3%. Según sus cálculos, se tardará al menos un trienio en volver a recuperar esa cifra del 13%. Todas estas proyecciones, en cualquier caso, hay que cogerlas con alfileres, dado que ni siquiera se sabe cuándo va a poder reactivarse plenamente la actividad económica, o —lo que sería un verdadero drama— si no habrá necesidad de nuevos confinamientos más adelante. «Las consecuencias de la crisis dependerán mucho de cuánto dure la excepcionalidad sanitaria», apunta González Fabre. «Si se detuviera este mes, la economía española decrecería este año alrededor de un 10%, y el ingreso del Estado por impuestos, más o menos lo mismo. (…) Cuanto más largo sea el periodo de semiparalización de la economía por razones sanitarias, mayor será el impacto y más largo el periodo de recuperación. Eso me hace pensar que, esté como esté la cuestión sanitaria, la gestión económica actual basada en el no-contacto físico, no podrá extenderse más allá de mayo». Hay voces más pesimistas que estiman que el desplome de la economía estará más cerca del 15% que del 10%.

Para salir de esta crisis va a haber que pedir ayuda. Y esta, seguramente, no nos va a salir gratis. Enrique Lluch Frechina, profesor de Economía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, pone el foco en el incremento del gasto del sector público, y advierte que si el endeudamiento es grande «algunos países, incluida España, pueden tener problemas para pagar su deuda».

Se va a disparar el hambre aguda

A nivel mundial, la pandemia ya está teniendo consecuencias muy graves para las personas más vulnerables. Y estas van a ir en aumento. El Programa Mundial de Alimentos comunicó el martes 21 de abril que, según sus estimaciones, el número de personas con «hambre aguda» (la más severa, derivada de la escasez de alimentos) va a pasar de 135 millones en 2019 a 265 millones este año.

Quienes más sufren los efectos del confinamiento forzoso —al margen de pobres de solemnidad, migrantes, refugiados, etc.— son los «trabajadores informales y de la economía popular que carecen de un salario estable». Se trata, en palabras del Papa, de los descartados del sistema, de «los excluidos de los beneficios de la globalización». Francisco los ha tenido muy presentes estos días, y el Domingo de Resurrección —la fecha no es casual— pidió para ellos «un salario universal». Lo hizo en una carta que dirigió a los movimientos populares, donde están representados millones de estas personas. «Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; [un salario] capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos», fueron sus palabras concretas.

¿Pero a qué se refería exactamente el Santo Padre con este llamamiento en estos momentos de emergencia? ¿A una «renta mínima», a una ayuda temporal similar a la que ya están otorgando muchos gobiernos a sus ciudadanos confinados, a una «renta básica» permanente? El profesor Lluch, miembro del Consejo Científico de la Fundación FOESSA y director del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, no cree en absoluto que se refiriese a una «renta básica». «En mi opinión, por cómo lo expresa y por lo que ha dicho en otras ocasiones, el Papa pide que estas personas que tienen unos trabajos precarios y unos ingresos muy bajos y en ocasiones inseguros, tengan al menos un salario mínimo que les permita llevar una vida digna».

El primer problema al abordar estos temas es el de la terminología. Por «renta básica» se entiende una prestación del Estado, de por vida, a todos sus ciudadanos, independientemente de que estos trabajen o no, hayan cotizado o no y tengan ingresos altos o bajos. En realidad, a día de hoy, se trata de un concepto más teórico que real, pues hasta ahora esta clase de prestación solo está implantada en Alaska, cuyos habitantes perciben unos 2.000 dólares anuales procedentes de los ingresos del petróleo. Groenlandia también tiene algo similar y Finlandia ha hecho algún experimento al respecto, pero sin resultados concluyentes. Se trata, como puede verse, de territorios escasamente poblados y con unas condiciones de vida muy duras donde el individuo por sí solo no puede sobrevivir y necesita de la «solidaridad social» que le pueda proporcionar «una caja común».

Cosa bien distinta es el «ingreso mínimo» (vital o no) que se reclama para los sectores más vulnerables. El modelo de «economía social de mercado» vigente, puesto en marcha tras la Segunda Guerra Mundial, está cimentado, como es sabido, en un «principio contributivo»: es decir, yo aporto periódicamente al sistema, y el sistema luego me devuelve esa contribución en forma de prestaciones de desempleo, pensiones, etc. La pasada semana, el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, afirmó en rueda de prensa telemática que en este momento de emergencia «es urgente y necesario atender a quienes se encuentran en situaciones de verdadera necesidad», pero advirtió al mismo tiempo que ello «no debería ser una coartada para un subsidio permanente». «Pensar en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un horizonte deseable a largo plazo para la organización del común. Hay una serie de cuestiones que siendo urgentes en el momento tienen el riesgo de hacerse permanente», advirtió.

Emilio José González, doctor en Economía con especialidad en Integración Económica, y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Comillas, comparte esta opinión. «Hay que ayudar a quien tenga dificultades, y evidentemente no dejarle caer (no digamos ya si se trata de personas mayores, jubiladas, enfermos, etc.), pero a la gente capaz hay que darle todas las oportunidades que necesiten, y formarla… pero pedirle también que asuma su responsabilidad sobre su propia vida. (…) Vivimos muy bien de la caja común y tenemos un problema de desincentivos para que la gente trabaje».

España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene un esquema de rentas mínimas estatal. Ello no quiere decir que carezcamos de él, sino que lo tenemos muy fragmentado, con alrededor de treinta sistemas distintos, entre nacionales y de las comunidades autónomas. «El Gobierno —argumenta el profesor Lluch— está aprovechando este momento y quiere hacer esa ley de rentas mínimas nacional, que pretende sea definitiva y permanente. Pero de momento, todo en ella es incertidumbre (…). Y desde luego, no parece el momento adecuado para ello, estando en la situación en que estamos. Tiene sentido implementar unas ayudas de emergencia para personas que caigan en la pobreza o se queden sin ingresos porque se han quedado sin empleo, pero lo otro hay que hacerlo bien, y con lo problemático que es, sacarlo corriendo no parece la mejor idea. No es cosa para este momento concreto, no parece lo más adecuado».

El profesor González ve en el proyecto gubernamental «una maniobra de naturaleza político-electoralista». «Las autonomías están mucho más cerca de los ciudadanos y conocen mejor las necesidades de estos, por lo que me parece un error. Más al contrario, yo trataría de que en lugar de las autonomías fuesen los Ayuntamientos los que se hicieran cargo de ellas porque conocen mejor aún los problemas y necesidades de la gente».

Algunas medidas adoptadas estas últimas semanas por determinados países para afrontar la pandemia han tenido gran repercusión en los medios. En Estados Unidos, por ejemplo, unos 80 millones de personas van a recibir ayudas de su gobierno: un cheque de 1.200 dólares los adultos y 500 los menores de 17 años. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe también ha autorizado la entrega de 100.000 yenes (850 euros) a cada ciudadano. Lo hizo al día siguiente de decretar la emergencia sanitaria en todo el país. «En el caso de Japón, las ayudas están condicionadas a que el perceptor no tenga otro tipo de renta», explica el profesor González. Pero en Estados Unidos no ha habido una selección por renta. «Allí el sistema de protección social es mínimo, y las prestaciones por desempleo más bien cortas, y ante el temor de revueltas sociales contra el gobierno y de problemas de seguridad ciudadana, se ha optado por dar unos ingresos mínimos a gente que lo ha perdido todo y no tiene nada». Los cheques de Trump —añade— se explican por «el temor a perder las elecciones y a posibles revueltas sociales en un país en el que el Estado del Bienestar es mínimo».

Deuda externa

El Domingo de Resurrección el Papa Francisco abogó también por la cancelación de la deuda de los países más pobres, para que esta no lastre aún más su lucha contra la pandemia. Unos días antes, y en el mismo sentido, había sonado con fuerza la voz del cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de Cáritas Internacional, quien en una Eucaristía que ofició en el Pontificio Colegio Filipino pidió «un jubileo» por el perdón de la deuda.

Los ministros de Finanzas del G-20 han acordado recientemente una moratoria de pagos. «El tema de la condonación —afirma el profesor González al respecto— de momento no es el primero en las agendas de los países». «El FMI ha aprobado unas líneas especiales de crédito a los países en vías de desarrollo y más atrasados para evitar su quiebra y que no les falte financiación. Pero ese dinero hay que devolverlo, porque es la caja común para ayudar a todos a resolver situaciones difíciles como las actuales. En caso contrario, el FMI se queda sin instrumentos para afrontar nuevas crisis en el futuro. Con respecto a esta crisis, lo suyo sería que la ayuda del FMI se transformase en préstamos por parte de países para que el FMI recuperase su dinero, que los países que recibieran esas ayudas se lo debieran a los países desarrollados y que luego estos procedieran a una condonación. Con respecto a las deudas anteriores, llevamos ya dos o tres décadas reduciendo la de los países menos desarrollados a través del Club de París».

Si las economías más pudientes están teniendo dificultades para abastecerse de los materiales sanitarios necesarios para encarar la pandemia, las de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo tendrán muchas más. En este sentido, la ONU ya pidió al G-20 en marzo que eliminase aranceles y otras barreras que dificultasen su suministro.

¿De qué otra manera se podría ayudar en estos momentos a las naciones más pobres? ¿Cómo se podría acortar la creciente brecha entre países desarrollados y subdesarrollados? El profesor González Fabre no lo duda: «Desde mi punto de vista, lo más importante que puede hacerse es dejar vender a las poblaciones pobres de todo el mundo lo que quiera que produzcan, a las poblaciones ricas. Así salimos nosotros de pobres, vendiendo a Europa, y así salió Corea del Sur, vendiendo al resto del mundo. Secundariamente, también hay que dejar movilizarse más a los trabajadores del Sur hacia países del Norte, de manera que puedan capitalizar a sus familias de origen. Finalmente, alguna ayuda al desarrollo bien enfocada puede también resultar útil».

El profesor Emilio José González considera fundamental, además de acometer inversiones para que sus habitantes no tengan que dejar su tierra, ayudarles a generar medios de vida que vayan más allá de la explotación de los recursos naturales. El 60% de las exportaciones de América Latina —nos dice— son recursos naturales. Ahora bien, de nada servirán las ayudas al desarrollo si estas no llegan a su destino, y para ello, y para que lleguen inversiones, ha de ponerse fin a la corrupción de unos gobernantes que se enriquecen robando al pueblo y luego transfieren sus fortunas a los bancos del Primer Mundo. «El día en que alguien no se pueda llevar tranquilamente el dinero robado a los bancos de Londres o Suiza se habrá dado un paso muy importante contra la corrupción. Se evitaría el saqueo de los recursos. Es necesario un acuerdo internacional para evitar eso».

Tagle: «Una ocasión para la paz»

La pandemia va a dejar un mundo en recesión y convulso, con cientos de millones de personas necesitadas de alimentos, cuidados médicos y asistencia social. En la citada homilía de hace unas semanas, el cardenal Tagle clamó también contra los gastos militares y pidió que estos fueran redirigidos a políticas sociales. «¿Podríamos detener las guerras, por favor? ¿Podríamos dejar de fabricar armas, por favor? ¿Podríamos salir de la tumba y gastar el dinero en seguridad real?», inquirió.

Casualmente, estos mismos días se ha hecho público el gasto mundial de la humanidad en Defensa en 2019. Por desgracia, en el informe no hay sorpresas: ha vuelto a aumentar por tercer año consecutivo. Esta vez, hasta alcanzar la exorbitante cifra de ¡1,75 billones (con b) de euros! La mitad de esa cantidad corre a cuenta de Estados Unidos y China. Los gastos de los países de la OTAN representan, en conjunto, el 56% del total.

Estos mismos días también, el presidente Trump ha decidido que Estados Unidos suspenda su aportación a la Organización Mundial de la Salud, de la que con 900 millones de dólares (ejercicio 2018-2019) era su primer donante. El segundo, la Fundación Bill y Melinda Gates, en seguida redobló su cuota. El fundador de Microsoft y su esposa contribuyen a la OMS con 530 millones. España lo hace con 26 millones de euros. Washington dedicó a Defensa el año pasado 732.000 millones de dólares y España se ha comprometido a llegar en 2024 a los 18.470 millones de euros, el 1,53% de su PIB.

«Esta crisis —ha dicho el cardenal Tagle— podría convertirse en una ocasión para la paz y la reconciliación si nosotros, como una sola familia humana, tenemos la humildad de reconocer la locura de la discriminación, los prejuicios, la dominación y la violencia, y también la humildad para elegir la acogida, el respeto, la compasión, el servicio y la paz».

El Papa también se ha referido a este tiempo de prueba que estamos viviendo como una oportunidad. «Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad», dijo el día 19. Su frase resonó rotunda en la semivacía iglesia del Santo Espíritu in Sassia, donde ofició la Eucaristía. Era el domingo de la Divina Misericordia. Francisco recordó que «la misericordia no abandona» a los últimos, y advirtió sobre un virus todavía peor que el del COVID-19: el del «egoísmo indiferente» que lleva a «descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás». Es entonces cuando dijo: «Es tiempo de eliminar las desigualdades. Aprendamos de la primera comunidad cristiana, que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles (…). “Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno” (Hch 2, 44-45)». Y remató: «No es ideología, es cristianismo».

Lecciones y peligros de esta nueva crisis

La pandemia nos está dejando algunas lecciones de las que deberíamos tomar nota. La primera es evidente: un mundo globalizado requiere de respuestas globales a problemas globales. Y estas no llegan. No ha ocurrido ahora con la pandemia —que cada país afronta por su cuenta, con las medidas que cree más oportunas—, ni está ocurriendo, como apunta el profesor González Fabre, con fenómenos globales más lentos, pero no menos importantes, como el calentamiento global o el problema de las migraciones.
«Hemos fallado en constituir mecanismos políticos de alcance mundial para manejarlos, y ahí siguen, a su paso potencialmente catastrófico. La crisis financiera de 2008, sin embargo, que fue más rápida, condujo en unos años a nuevas reglas internacionales para las finanzas. Lo más importante que podemos aprender es la urgencia de globalizar también las relaciones políticas respecto a fenómenos globales».
El profesor de Comillas advierte también contra algunos peligros derivados de la nueva situación. El primero es «que los gobiernos utilicen la epidemia para establecer mecanismos permanentes de control sobre la población, de índole informacional (a través de apps en los móviles), comunicacional (censura de prensa y redes sociales), de movimientos (endurecimiento de las condiciones de frontera), de precios, de dependencia política por subsidios (tipo PER), etc». «A corto plazo —añade— algunas de estas cosas pueden ser necesarias por razón del bien común. A medio plazo, o sea, en cuanto tengamos un tratamiento eficaz [contra la enfermedad], ya no serán necesarias y conoceremos la verdadera identidad política de cada gobierno: si se apresura a devolver las libertades, o prefiere cultivar discursos del miedo respecto a los posibles peligros del futuro, para mantener tanto poder sobre la gente como pueda». Otra de las consecuencias negativas de la pandemia está siendo el auge del nacionalismo, «una peste añadida».
Enrique Lluch, por su parte, se pregunta si aprenderemos algo de lo que estamos viviendo y qué futuro queremos construir. «El hecho de tener que ir a comprar mascarillas a la otra parte del mundo tiene que ver con una economía cuyo objetivo es que cada vez se produzca más y que las empresas puedan ganar más dinero. (…) Tenemos un sistema que prioriza que siga habiendo crecimiento, que las empresas sigan teniendo beneficio y, también, claramente, a los que prestan dinero».

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