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El Gobierno central ordena la devolución de 44 obras de Sijena a Aragón

El Gobierno central ordena la devolución de 44 obras de Sijena a Aragón
El ministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución es también el responsable de la consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña desde finales del mes de octubre. Por eso, el juez instructor pidió el pasado 15 de noviembre que se pronunciara ante la petición de la entrega de las 44 obras que el Museo de Lleida conserva del monasterio de Sijena y que ya se había reclamado a los consejeros Santi Vila y Lluís Puig. Y lo ha hecho este martes después de recibir el requerimiento judicial: el ministro procederá de forma inmediata a dar instrucciones a los órganos competentes del Departamento de Cultura de la Generalitat para que se proceda al cumplimiento de la sentencia de 2015 en el sentido de que se entreguen las piezas.Par proceder a la entrega, el ministerio solicitará información a la Generalitat para saber la ubicación exacta de todas y cada una de las obras, así como de la fecha en que se procederá a la entrega de los bienes. En el momento de que se disponga de toda esa información se procederá a trasladarla al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca que lleva el caso para que ejecute el traslado de las piezas.

La providencia que dictó el juzgado a mitad de mes en la que se requería al ministro que ordenase la entrega inmediata de las 44 obras, el magistrado Antonio Martín González, que sustituyó a Carmen Aznar hasta que se nombrara a su sucesor, recordó al ministro que podía acabar como los dos consejeros catalanes, procesados por desobediencia, por no cumplir la ejecución de las sentencias. También, que si desoía su requerimiento enviaría a la fuerza pública por los bienes de Sijena.

Desde Bruselas, el exconsejero de Cultura Lluís Puig ha lamentado en un tuit la decisión del ministerio: “Un puente más roto. ¿Así quieren restablecer el diálogo? y ha reprochado al alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, el soporte de su partido a la aplicación del 155 y le ha acusado de incumplir la legislación catalana. Por su parte, Jusèp Boya, director general de Patrimonio de la Generalitat, tras conocer la decisión tomada el ministro a través de este diario ha asegurado que jurídicamente no se puede hacer nada ante esa decisión. “Más allá del recurso que se presentó la semana pasada por parte del consorcio del Museo de Lleida, no podemos hacer nada más. El ministro es el que, de forma impropia, es el que tiene la firma”. Para Boya “es más que discutible si el ministro puede ir en contra de una resolución firmada por un anterior consejero, pero estamos dentro del campo de los excesos del 155 y hay barra libre”. Para el político no queda más que “la resistencia civil” ya que “jurídicamente no se puede hacer nada. Se envió un escrito, no un recurso, porque se nos prohibió hacerlo, al ministro y al juez, pero mientras continúe esta situación actual no se puede hacer nada más. Es como una tormenta perfecta”. En todo caso remata: yo me lo esperaba, porque conocía los movimientos que se habían hecho desde Aragón, en un momento en el que pesa más lo político que lo cultural. Ellos mismos están abriendo una caja de Pandora, pero al final la conclusión no es que el problema sea el patrimonio sino que el patrimonio está en Cataluña” y concluye: el propio ministro ha sido víctima de este juego”.

Las 44 piezas que el ministro ha ordenado que se entreguen en cumplimiento de la sentencia del 2015 son las piezas que permanecen en el Museo de Lleida que no se entregaron en julio de 2016 cuando si lo hicieron las 53 (51 porque dos están desaparecidas) que estaban depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. La sentencia de 2015 fue recurrida por la Generalitat a la Audiencia Provincial de Huesca y se está a la espera, desde hace dos años, de que se pronuncie. De hecho el Museo de Lleida pidió la semana pasada que la Audiencia emitiera su sentencia. Desde el Museo de Lleida se aseguraba que si la ejecución provisional se llevaba a acabo y después se resuelve a favor de Cataluña “el daño podría ser irreversible y la tensión social innecesaria”.

 

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