La Fundación Foessa ha hecho público un estudio sobre el Ingreso Mínimo Vital(IMV), que valora positivamente su aprobación. «Es paso muy importante que sitúa a España un poco más cerca de la media europea de protección social», afirma la fundación. Pero, al mismo tiempo, alerta de que tal y como está planteada la norma, presenta varios aspectos en los que se puede mejorar. En concreto, por la falta de cobertura para personas en situación administrativa irregular, jóvenes de menos de 23 años, familias que comparten vivienda con otras, o personas que residen en lugares con financiación pública. Son capas de población sobre las que Foessa destaca que hay que poner atención.
Bajo el título «Vulneración de derechos: Ingresos Mínimos», los expertos de Foesasa analizan a lo largo de tres capítulos el modelo español, con objeto de identificar los puntos débiles del modelo propuesto, el grado de respaldo social del mismo y lo que su implementación pueden suponer para reducir la pobre extrema importante o para acabar en otra oportunidad pérdida.
Como se señala en la introducción, «el sistema de ingresos mínimos se plantea como uno de los soportes básicos de la protección social para el mantenimiento de un nivel de vida digno de la ciudadanía» y «su objetivo primordial es facilitar un bienestar mínimo a la población vulnerable reduciendo la pobreza». «Sin embargo –subrayan los autores—, el modelo español desde su origen ha presentado tres principales elementos deficitarios: un alto grado de desigualdad territorial, una baja intensidad protectora y una cobertura limitada».
Acogida favorable por la sociedad
El estudio de Foessa indica que según el barómetro del CIS de mayo, la mayoría de personas encuestadas avala la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital de carácter estatal (83,4%).
Y de acuerdo a los resultados de su propia encuesta EINSFOESSA de 2018 (Encuesta Sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa), existe también un amplio respaldo social por parte de la ciudadanía acerca de la importancia e idoneidad de un sistema de garantía de ingresos mínimos para proteger a la población, en particular la más vulnerable: el 88,1% de la población de España cree que quienes reciben ayudas sociales lo hace porque las necesitan para vivir; un 47,3% piensa que las Administraciones públicas deberían desarrollar políticas de garantía de rentas para todo el mundo, y en un 49,7% solo para quienes lo necesiten.
Asimismo, el juicio de la inmensa mayoría entre quienes las reciben es que las rentas mínimas cubren poco o casi nada las necesidades básicas (entre ambas suman el 84% de las respuestas).
Mantener la inversión social
Cabe señalar, además, que otras cuestiones sobre las que se pone el acento es la necesidad de que las Comunidades Autónomas mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicas como prestación económica que pueda complementar el Ingreso Mínimo Vital o dar cobertura a aquellos perfiles a los que el IMV no llegue.
Junto a ello, urge racionalizar el sistema de prestaciones para optimizar su impacto, sin que ello suponga una reducción de los fondos destinados a ellas; acompañar el IMV con un complemento de vivienda que evite que el importe de la nueva prestación se destine casi únicamente al coste de la vivienda y de los suministros (el coste de la vivienda y la inversión que las familias tienen que dedicar al pago de la misma supera el 50% de los ingresos en muchos hogares); y facilitar por parte de las Administraciones los mecanismos de empadronamiento, dado que esta es condición sine qua non para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
