Editoriales Ecclesia

Fiscalizar las cuentas y respetar la voluntad de los contribuyentes – editorial Ecclesia

Fiscalizar las cuentas y respetar la voluntad de los contribuyentes – editorial Ecclesia

            Uno de los temas informativos de la segunda semana de enero en España ha sido la proposición de Podemos, secundada por el PSOE, de apremiar al Tribunal de Cuentas para que fiscalice las cuentas de la Iglesia. El contexto (más bien, pretexto…) esgrimido para ello es el régimen vigente de la asignación tributaria, del que —bueno será recordar ya de entrada— el Estado es mero canalizador o gestor de la libre y soberana voluntad de contribuyentes, que, en el caso de la Iglesia y de otras instituciones de fines sociales, cada año, son requeridos a marcar o no la X de apoyo en uno de los dos casilleros correspondientes, en los dos o en ninguno (en este caso, el 0,7% imputado revierte íntegramente en las arcas públicas). Y la argumentación de esta petición de fiscalización pública no está exenta de un tufo de desconfianza y de un no descartable oportunismo populista en aras a una supuesta mayor transparencia.

         El vicesecretario económico de la CEE, en declaraciones a distintos medios de comunicación, ha respondido con claridad al respecto. En primer lugar y como es obvio, a través suyo, la Iglesia recuerda su voluntad con cumplir con la ley, de seguir cumpliendo con la ley. Y es que desde la entrada en vigor de la asignación tributaria, hace ya tres décadas, la CEE presenta ante el Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo suscrito en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, toda la documentación, «hasta los justificantes bancarios, y los mayores de las cuentas de todo lo que recibía». Cuando en 2006, se produjo una reactualización de este acuerdo (en sustancia, consistió en la subida —del 0,5% al 0,7%—  del porcentaje que los contribuyentes pueden asignar, la finalización del complemento o dotación presupuestaria y la asunción del recargo del IVA también para las actuaciones eclesiales), el Gobierno pidió a la CEE una ampliación y mejora de la memoria económica sobre cómo se invierte el dinero que los ciudadanos otorgan a la Iglesia a través de la declaración de la renta. Dicha Memoria justificativa (no menos de medio millar de páginas) ha ido cada año mejorándose y ampliándose más, es presentada y glosada también ante la opinión pública y ante los fieles y auditada y contrastada por empresas independientes.

         ¿Que ahora hay que seguir mejorando, ampliando y pormenorizando esta Memoria u otra? No hay ningún problema y, en particular, desde hace un año la CEE cuenta con convenios e instrumentos de transparencia, probablemente mucho más veraces y comprometidos con la verdad que los de otras instituciones, que sí perciben y hasta viven del erario público. Para la Iglesia, la transparencia, no  eslogan, marketing, moda o dictado de lo políticamente correcto, sino un deber de conciencia, una exigencia de fidelidad al Evangelio y a sus contribuyentes, donantes y destinatarios.

         Con las argumentaciones precedentes, ya estaría clara la posición y la disponibilidad de la Iglesia. Pero es que hay todavía más y hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Cuál es? Muy sencillo: que la misión del Tribunal de Cuentas es fiscalizar a los entes públicos y a sus cuentas. Y el dinero que se percibe por la asignación tributaria no es un dinero público, sino el resultado de una soberana y libre —lo dijimos ya antes— decisión de los contribuyentes. Al Gobierno no le compete otra misión en la asignación tributaria que gestionar el deseo de los ciudadanos y no aporta, por tanto, ni un céntimo más de lo que estos deciden, de modo que si, por un ejemplo, ningún contribuyente decidiera marcar la casilla, la Iglesia recibiría 0 euros, y así proporcional y sucesivamente.

         En medio de todo esto, tampoco está de más recordar que el 23% del dinero que emplea la Iglesia revierte a la sociedad; que solo los bienes de interés cultural, de acuerdo con un estudio de KPMG, suponen el 2,5% (30.000 millones de euros) del PIB para España; que los colegios vinculados con la Iglesia ahorran al Estado más de 2.600 millones  de euros; y  que más de cuatro millones de personas son asistidas en centros sociales eclesiales.

Pero, tranquilidad…: la Iglesia, cuya misión es evangelizar y hacer el bien, singularmente a los más necesitados, hace y seguirá haciendo lo que determina y eventualmente pueda determinar la ley justa y seguirá mejorando la transparencia de sus cuentas y de su gestión económica.

 

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