Diócesis Iglesia en España

Extremadura: los profesores de Religión denuncian la intención de la Junta de reducir su horario de clases

Asociación de Docentes de Religión de Centros Públicos de Extremadura

El 27 de abril de 2018 el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura publicaba una Resolución del Secretario General de Educación por la cual se abría el plazo de consulta pública para la modificación del Decreto 98/2016 de Currículo de ESO y Bachillerato. El 14 de mayo, la Directora General de Personal Docente convocaba una Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario en la que el tercer punto del orden del día es aprobar la modificación de ese Decreto.

 

Con la aprobación de ese borrador la Junta de Extremadura asume su obligación de incluir la asignatura de Religión en 2o de Bachillerato. Pero, de camino, se lleva a cabo una importante reducción de la carga horaria de la asignatura tanto en la etapa de ESO como en Bachillerato: concretamente un 25%. La carga horaria, de aprobarse el próximo jueves esta modificación, quedaría como sigue:

 

1o ESO: 1 hora semanal.

2o ESO: 1 hora semanal.

3o ESO: 1 hora semanal.

4o ESO: 1 hora semanal.

1o Bachillerato: 1 hora semanal, y vinculada a Ética y Ciudadanía.

2o Bachillerato: 1 hora semanal.

 

Esa reducción podría parecer insignificante o asumible si no fuera porque –de nuevo- no sólo se vuelve a maltratar a una asignatura como la de Religión Católica, que es elegida por el 81% de los alumnos en Extremadura (fuentes de la misma Consejería de Educación y Empleo), sino porque ese 25% de reducción de la carga horaria es un 25% menos de sueldo para un profesor de una asignatura al que se le niega sistemáticamente un convenio colectivo, la posibilidad de defender sus derechos si no es por la vía judicial: estamos –nuevamente- ante la persecución ideológica de una asignatura, ante el acoso laboral de un colectivo, ante recortes encubiertos con el cumplimiento de sentencias judiciales.

 

Estamos ante el secuestro de toda la comunidad educativa (padres, alumnos, profesores) que se ven maniatados por los vaivenes y afanes persecutorios de la Consejería de Educación y Empleo (¡sí, “Educación” y “Empleo”!). Este secuestro va ya por su cuarto año o curso escolar: en 2015 el gobierno autonómico del Partido Popular aprobaba un Decreto de Currículo para aplicar la LOMCE. En 2016 el gobierno de Fernández Vara y de su Consejera, Dña. Esther Gutiérrez, derogaban el Decreto de Monago y aprobaban el suyo. En 2017 una Instrucción del Secretario General de Educación, D. Rafael Rodríguez de la Cruz, modificaba el Decreto para cumplir con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y ahora, en 2018, otra modificación para cumplir con dos sentencias del Tribunal Supremo, y a sabiendas que la Instrucción del curso anterior puede ser prorrogada. ¿No es esto –acaso- un secuestro de toda la Comunidad Educativa? ¿No provoca esto –acaso- inseguridad en claustros, alumnos y padres? ¿No se observa aquí mala intención por parte de la Junta de Extremadura? Cuatro años, cuatro cambios normativos. Cuatro alteraciones en algo tan importante y decisivo como es la Educación, máxime siendo Extremadura una de las regiones que más está sufriendo el descalabro de la despoblación y de la fuga de talentos. Nuestras administraciones aumentan la brecha en las dificultades de los procesos educativos. ¿Y a quién le echa la culpa la Administración? A la asignatura de Religión.

 

Un profesor de Religión imparte –con suerte-, clase a todos los niveles educativos de un Instituto. Es, con mucha diferencia, el docente que a más alumnos imparte docencia. Cada curso académico, sin embargo, se encuentra ante el mismo problema: el desconcierto y el desasosiego de no saber cuántas horas va a impartir a la semana –recordemos, por favor, que los maestros y profesores de esta materia cobran por horas, ¡sí, por horas!-, y por tanto, el desconcierto y el desasosiego de no saber cuánto dinero va a entrar en su casa a final de mes para sustentar a sus familias. Tienen más que asumido estos docentes que se les evalúa anualmente: ya que cada año se someten a la posible elección o no de su materia por parte de padres y alumnos. Y es la única asignatura que, además de todo lo anterior, tiene Instrucciones para su organización a comienzo de curso: no hay instrucciones para la organización de ninguna otra asignatura. ¿Cómo no llamar a esto persecución ideológica o ERE encubierto?

 

A los docentes de esta materia no nos gusta estar todo el día en el candelero de los medios de comunicación ni en las tertulias políticas: no somos nosotros los que generamos un problema. No estamos en contra de otras asignaturas ni de otros docentes, porque trabajamos codo con codo con todo el claustro docente por el bien del alumnado. Cuando la ideología se pretende imponer en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo lo que se obtiene no es precisamente un alumnado formado en una conciencia abierta y crítica –cosa que le gusta repetir al Secretario General de Educación-, sino una clase dominante frente a otra adormecida. Es lo que pretende hacer la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura con la tramitación y aprobación del citado Borrador de Modificación del Decreto 98/2016.

 

Y un último dato: la Junta de Extremadura ha recurrido las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Fruto de ese recurso, el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias – ojo, aún falta una tercera-. Todo esto cuesta dinero. Los tribunales no imponen costas, pero los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura los pagamos todos los extremeños; la sobrecarga de trabajo que se le impone a los tribunales la pagamos todos los extremeños; las gestiones, reuniones de trabajo y convocatorias para aprobar decretos de este sesgo ideológico la pagamos todos los extremeños. Todo ello es dinero público. Pues miren ustedes: los docentes de Religión de Extremadura tributamos en Extremadura; estamos pagando con nuestro dinero –igual que todos los demás- unos recursos que interpone la Junta de Extremadura, y además pagamos también de nuestro bolsillo los abogados, procuradores y procesos que hay que llevar a cabo para que la Junta de Extremadura no use la Ley como arma ideológica y les quite el pan de sus casas.

Twitter: @ADRExtremadura

Rueda de Prensa. Mérida, 15 de mayo de 2018

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