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España no debe ir a unas terceras elecciones generales – editorial Ecclesia

España no debe ir a unas  terceras elecciones generales – editorial Ecclesia

            Los días 30 y 31 de agosto y 2 de septiembre el Congreso de los Diputados de España asistió a una nueva sesión de investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno. Ha sido  la segunda vez que esto acontece en seis meses y el resultado ha sido también, al igual que en marzo pasado, fallido. Mariano Rajoy, candidato propuesto por el Rey Felipe VI a tenor de los resultados de las elecciones generales del 26 de junio (26-J) y tras la ronda de consultas con los líderes de los distintos grupos parlamentarios, una vez constituidas, el 19 de julio, las nuevas Cortes Generales, resultó derrotado, en dos ocasiones, por 170 votos a favor (los  137 del PP, los 32 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canaria) frente a  180 en contra, con los 85 del PSOE y los 71 de Podemos y resto del arco parlamentario.

         Si antes del próximo 31 de octubre, ningún candidato propuesto por el Jefe del Estado logra la investidura, España estará abocada a unas nuevas elecciones generales –las terceras en un año- que, en principio, habrían de coincidir, para mayor sarcasmo, con el domingo 25 de diciembre, día de Navidad.

         Tras los comicios del 26-J, el número 3.838 de ecclesia marcó, en su Editorial, criterios, a nuestro juicio básicos y necesarios, para salir de la actual situación de provisionalidad y dotar a España de un Gobierno estable y sólido, que pueda hacer frentes a los distintos y acuciantes retos que nuestra sociedad demanda imperiosamente. Estos criterios, exentos de cualquier connotación partidista y basados en la lógica y en el interés general, han sido, además, reiterados, en numerosas ocasiones, por distintos obispos españoles, como el cardenal presidente de la CEE (véase sin ir más lejos la página 8 del número 3.845-46).

         ¿Cuáles son estos criterios? Respetar la voluntad popular expresada el 26-J, actuar con responsabilidad anteponiendo el bien común a los interés personales y de partido y lograr el entendimiento entre las fuerzas parlamentarias, “servicio que —con palabras del cardenal Blázquez— nos deben nuestros políticos”, porque, junto a los soluciones aritméticas, se necesitan “soluciones de humanidad y de interés por los demás”, por la entera sociedad española.

         Por todo ello, creemos humildemente que el escenario hipotético, pero descartable, de una convocatoria electoral no es ni el camino ni la solución.  En primer lugar, porque el pueblo español, que ha hablado en menos de un año en dos ocasiones y ha hablado con claridad, señalando un ganador en minoría y reclamando, en consecuencia, el diálogo, el consenso y el entendimiento, debe ser respetado; en segundo lugar, porque la incipiente recuperación económica de nuestro país peligra tras un año sin Gobierno en plenitud de funciones; y, en tercer lugar, porque en modo alguno unos nuevos comicios garantizarían la gobernabilidad en estabilidad y solidez del Estado y podríamos entrar en un permanente e indeseable bucle de interinidad y de repetición de comicios.  Unas terceras elecciones incrementarían, además,  el desprestigio —ya notable— de la clase política, desmotivarían a los ciudadanos, supondrían al precario erario público un gasto innecesario e injustificable y perjudicarían la imagen de España ante Europa y la comunidad internacional.

         En las vísperas del 26-J, el secretario general de la CEE recordó que «no es bueno para nuestro país, ante los problemas reales de la gente, desempleo, economía…, estar en una eterna espera ante la formación de un Gobierno», reclamando soluciones de “gobernabilidad y de respuesta a los problemas de la gente».  Y esto, y desde los principios glosados en el párrafo anterior, debería ser, por puro sentido común y de responsabilidad ciudadana y ética, lo que aconteciera en España antes del próximo 31 de octubre y se evitaran asimismo unas nuevas elecciones, que, aunque no serían una tragedia, sí serían un inmenso fracaso y un inaceptable ejercicio de irresponsabilidad.

         En medio de esta encrucijada, España necesita un Gobierno sólido y estable, que responda a lo votado el 26-J. Lo demanda inaplazablemente el clamor de la ciudadanía, el valor y la vigencia —con las reformas que sean precisas— de nuestra Constitución, la promoción de los derechos fundamentales —entre ellos, el de la libertad religiosa (incluido  el respeto a la tradición católica, avalada por la Constitución) y de la auténtica sociedad del bienestar, de la justicia social y de la solidaridad para todos y entre todos— y también Europa.

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