Iglesia en España

Escuelas Católicas de Madrid: «¡Basta ya!»

«Basta ya», ha exigido Rosario Cardo, vicepresidenta de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), ante la presencia de la viceconsejera de Educación, Rocío Albert. Una exigencia dirigida a quienes intentan marginar a la escuela de iniciativa social, pero también hacia esos pocos centros concertados, normalmente de nueva creación, que vulneran el espíritu de servicio social y de interés público de la escuela concertada, estableciendo condiciones que dificultan el acceso de la población escolar con situaciones socio-económicas más frágiles. Asimismo, ECM ha manifestado su preocupación ante la inminente reforma educativa prevista por el Gobierno que sitúa a la escuela concertada en la exclusión y subordinación respecto de la escuela pública. «La escuela concertada no es una coyuntura; es una estructura», ha insistido la vicepresidenta. «Una estructura de pluralidad y libertad que promueve la calidad, al impulsar la innovación y la creatividad; y que permite la equidad e igualdad de oportunidades, al facilitar que las familias puedan elegir modelo y centro educativo sin que su situación socio-económica suponga una limitación para ello». Por último, Cardo, ha querido recordarle a la viceconsejera aquellos temas pendientes que requieren un compromiso real por parte de la Administración educativa como son: el pago de sustituciones durante el periodo estival; la dignificación del módulo económico y de la partida de otros gastos; la jubilación parcial; la recuperación de los conciertos por los centros de FPGS; o la generalización de la dotación para orientadores escolares en Primaria.

Al respecto, Rocío Albert ha defendido el derecho a elegir de las familias: «Llevamos 25 años garantizando la libertad de elección y vamos a seguir haciéndolo”. No obstante, sí ha expresado su preocupación ante la nueva ley de Educación, ya que la ministra «parece no haber recogido nuestras peticiones sobre libertad educativa…». En relación a las necesidades de la escuela concertada ha asegurado su disposición a atenderlas, especialmente aquellas que llevan tiempo demandándose, ­­­­­­­­pero para ello «necesitamos tiempo y recursos».

Suprimir la demanda social

Por su parte, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas (EC), ha analizado la reforma educativa, explicando los esfuerzos que están llevando a cabo para conseguir que el Gobierno admita ciertas modificaciones a través de enmiendas, que se puedan negociar con el Parlamento, ya que «la tendencia es suprimir la demanda social». También se ha referido al pin parental, señalando su sinsentido en nuestros centros, ya que estos se basan en un proyecto educativo conocido y elegido por los padres.

Asimismo, en la Asamblea se ha presentado el Postgrado Especialista en Competencia Digital Docente, cuyo objetivo es poner al servicio del aprendizaje los conocimientos digitales del profesorado, para que sus alumnos aprendan más y mejor. Dicho Postgrado, que cualifica con el título de ´experto´ por la Universidad de Comillas, se ha desarrollado en el Marco Europeo en Competencia Digital para Educadores.

También la Asamblea ha servido para informar a los asistentes acerca de la evolución de la nueva federación de AMPAS «Educación y Familias», una entidad llamada a ser la voz de los padres y madres de nuestras escuelas, en los momentos complejos que atraviesa la libertad de enseñanza y la escuela concertada.

Durante más de cuatro horas se han abordado otros temas de actualidad jurídica y pedagógica que interesan a los centros. Entre ellos, cabe destacar: las propuestas formativas de innovación educativa y de BEDA; aspectos jurídico-laborales; e informaciones diversas, como la relativa al informe FOESSA sobre segregación social y escolar presentado por don Francisco J. Gómez, profesor titular de Economía Aplicada de la UCM.

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