En una carta dirigida al Ministerio de Educación, Escuelas Católicas ha advertido al Gobierno de que algunas medidas que finalmente han sido adoptadas «con una calculada ambigüedad en la Orden Ministerial», son contrarias a la ley vigente y a la propia Constitución: «En ella, delega competencias que le son propias y genera graves diferencias territoriales, como las que ya se están observando en algunas CC.AA. que han comenzado a legislar según sus propios criterios».
Según Escuelas Católicas, «en un momento tan complejo como el que estamos viviendo y tan lleno de incertidumbres, no es responsable ahondar en las desigualdades territoriales, algo que está fomentando el Ministerio al delegar en las consejerías de Educación los criterios sobre promoción de curso y titulación en ESO y Bachillerato» que demás advierten, «no tienen en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes».
Respetar la ley vigente
La organización destaca la ley vigente en la que se especifica que «no se podrá pasar de curso con más de tres materias pendientes en ESO o de dos en Bachillerato; y no se obtendrá el título de Bachiller sin haber aprobado todas las áreas». Asimismo, explican que «según establece nuestra Constitución, corresponde exclusivamente al Estado fijar los requisitos para la obtención de títulos académicos oficiales; no es una materia delegable, ni tampoco es susceptible de modificación por la normativa dictada en el marco del estado de alarma».
Por todo ello, Escuelas Católicas es partidaria de que el tercer trimestre tenga una evaluación en general positiva, «pero con una clara finalidad de refuerzo o mejora de nota que permita premiar el trabajo en casa de los alumnos, que reconozca la importancia del esfuerzo de los docentes, y que obligue a que los criterios de promoción y titulación contenidos en la LOE se apliquen en todo el Estado», tal y como señala la Constitución.
Compromiso con los más vulnerables
Los colegios de Escuelas Católicas han redoblado su compromiso y han adoptado una serie de medidas complementarias dirigidas a todos los alumnos, «poniendo suma atención a las necesidades especiales de los que están en situación de vulnerabilidad, como quedó reflejado en el informe publicado la pasada semana y que va actualizando según dispone de datos», han destacado.
Proceso de admisión de alumnos
El proceso de admisión de alumnos del próximo curso también es un tema que preocupa a Escuelas Católicas, ya que el Gobierno permite que las consejerías de Educación asignen las funciones de las comisiones de garantía de la escolarización a la inspección educativa o a otra oficina administrativa. «El traspaso de estas competencias de un órgano colegiado, como es la comisión de garantía, con participación de representantes de los titulares de los centros, profesores y padres de alumnos, a un organismo unipersonal dependiente, no diseñado legalmente para ello, puede provocar opacidad en el proceso y no ofrece las garantías necesarias para que se cumpla la libertad de elección de centro por parte de las familias».
En la misiva, advierten que Escuelas Católicas realizará un estudio jurídico para valorar el alcance de estas medidas contrarias a la legislación y adoptar las decisiones que procedan, sin descartar acudir a los Tribunales de Justicia. Pero, por encima de todo, pondrá todo su empeño en lo que considera más importante en este momento: «seguir trabajando para que cada alumno aproveche al máximo las nuevas oportunidades de aprendizaje y que nadie quede atrás por inconvenientes derivados de la pandemia».
