La escuela concertada vuelve a sufrir el acoso de determinados sectores, en esta ocasión con un informe de la FAPA Giner de los Ríos y CICAE, ya publicado en mayo de 2019, que trata de generalizar situaciones excepcionales. Tal y como anunció en su momento, Escuelas Católicas ha enviado hoy a sus más de 2.000 centros educativos una infografía que extracta el completo estudio que publicó el pasado 4 de diciembre y que fundamenta jurídicamente el derecho de los padres a la elección de centro para sus hijos, puesto en cuestión por Isabel Celaá. Esta infografía expresa gráficamente los tres ejes en los que se sustenta el derecho de los padres a elegir centro educativo: la Constitución Española (artículos 27.1 y 27.3); diversas sentencias del Tribunal Constitucional (que abarcan desde 1981 hasta 2018); y una extensa normativa internacional. También las sucesivas leyes orgánicas educativas españolas han reafirmado dicho derecho de elección dentro de la libertad de enseñanza: LODE (1985), LOE (2006) y LOMCE (2013).
Cuando todavía resuena en los medios la polémica surgida cuando la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ponía en cuestión el derecho constitucional de las familias a elegir centro educativo, continúa el goteo de críticas a la enseñanza concertada. En esta ocasión se trata de un informe de la FAPA Giner de los Ríos y CICAE (asociación de colegios privados), que apunta erróneamente que “en el 90% de los casos, los colegios concertados exigen cuotas obligatorias a los padres”. En realidad, este informe se circunscribe a 50 centros cuidadosamente seleccionados del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (frente a un total de 489 centros concertados existentes) y, en ningún caso, afecta a centros pertenecientes a Escuelas Católicas, mayoritaria en la enseñanza concertada. De nuevo algunos sectores han tratado de generalizar una situación irregular que es absolutamente excepcional. Afecta, en todo caso, a 45 centros de la llamada “nueva concertada”. De hecho, así lo reconoce la propia CICAE, que ha señalado que su estudio excluye a las escuelas católicas, ya que estas “no tienen ánimo de lucro”.
Escuelas Católicas lamenta que constantemente se ponga en tela de juicio a la enseñanza concertada, bien por no reconocer la fundamentación jurídica de su existencia, bien por condenarla falsamente por contravenir determinados aspectos de la ley. Es imprescindible para nuestro sistema educativo dejar de alimentar este falso debate y permitir trabajar a nuestras escuelas, católicas y concertadas, escuelas que, tal y como señalaba públicamente en el mes de noviembre Quentin Wodon, economista del Banco Mundial, “contribuyen al menos con 12 billones de dólares en capital humano a la riqueza de las naciones”. Y es que, por encima de los derechos legales y de la contribución económica, está su compromiso social, fruto de su motivación evangélica.
