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Es cuestión de derechos fundamentales, y de lo que se trata es del bien común – editorial Ecclesia

Editorial Revista Ecclesia
Editorial Revista Ecclesia

            Con el comienzo del servicio de José María Gil Tamayo como nuevo secretario general y portavoz de la CEE, se están sucediendo distintas entrevistas periodísticas. En nuestras páginas 8 y 11 de este mismo número, damos cuenta de las dos ruedas de prensa desarrolladas hasta ahora en Añastro. Junto a comentarios sobre informaciones puntuales y hasta polémicas y declaraciones varias de intenciones,  en las  entrevistas han estado también presentes algunas cuestiones permanentes y hasta recurrentes que conciernen, sobre todo, a las relaciones Iglesia-Estado y a algunos de sus “frentes” abiertos. Con evidente acierto y sensatez, Gil Tamayo ha enmarcado dichas cuestiones no en sus perfiles más o menos polémicos, sino en los principios en los que se basan e inscriben.

Desde 1979, recién llegada la democracia a España y en las mismas Cortes Constituyentes que aprobaron la Constitución vigente, las relaciones Iglesia-Estado español se rigen por unos Acuerdos bilaterales, de carácter  internacional y de rango de ley orgánica. Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 no sancionan ni prescriben legalmente ningún privilegio para la primera, sino que se insertan en el respecto a los derechos fundamentales y se ponen al servicio del bien común. La separación, autonomía y cooperación entre ambas instituciones son los principios sobre los que se asientan estos Acuerdos. El Estado español se declara aconfesional. Y la Iglesia, como ya señaló el Concilio Vaticano y han reiterado desde entonces todos los Papas, es este el modelo que desea: el de la aconfesionalidad, el del Estado laico, en sentido positivo, colaborador y respetuoso.

La libertad religiosa y la libertad de los padres para elegir la educación que desean para sus hijos, por citar dos emblemáticos ejemplos, no son nunca una concesión que el Estado otorga, sino un deber por parte de este,  que debe posibilitar y regular los derechos fundamentales.  La Iglesia católica nada tiene en contra –todo lo contrario- de que el Estado llegue a Acuerdos con otras confesiones religiosas. Pero, por ello mismo, la Iglesia católica está en el deber de reclamar y recordar las exigencias que los derechos conllevan. Y esto,  ahora mismo, nos sirve para demandar que, también en Bachillerato, la clase de Religión –Religión Católica u otra- siga siendo de oferta obligatoria por parte de los centros educativos y de libre elección por parte de los alumnos. La LOMCE, que ha supuesto avances significativos al respecto en relación a la LOE y a LOGSE, no debería ahora, como hemos escrito varias veces en ECCLESIA, ser cicatera en lo que a Bachillerato corresponde. Confiar, pues, en una solución justa a este problema no es reclamar ningún trato de favor, sino el ejercicio de un derecho, el clamor de un deber.

Gil Tamayo ha recordado también estos días que los partidos políticos no deben utilizar a la Iglesia y a sus acuerdos con el Estado para hacer política, ni soflamas partidistas. También en ECCLESIA lo venimos reiterando sin cesar. No entendemos ni la necesidad ni la lógica de arremeter contra los Acuerdos Iglesia-Estado, cuando estos no solo contribuyeron eficaz y ejemplarmente a la llegada y al asentamiento de la democracia en España, sino que han sido y siguen siendo un marco adecuado para el bien común y el desarrollo de los derechos y de las libertades de todos.

También se ha referido el nuevo secretario general y portavoz de la CEE a la identidad, a la verdad, del acuerdo que sobre materia económica rige las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Esta no percibe subvención o ayuda económica alguna por parte de aquel, sino que el Estado canaliza lo que libre y voluntariamente deciden los ciudadanos –en este caso, contribuyentes- destinar a la Iglesia, la cual, además, se somete cada año a un “referéndum” –por decirlo gráficamente- con la anual declaración de la renta.

Y en la relación al aborto y con palabras textuales de Gil Tamayo, resulta obvio que este, el aborto, que jamás puede ser un derecho, “no está en la agenda de la Iglesia, sino en la de la defensa de los Derechos Humanos”, el primero de los cuales es el derecho a la vida. Y lo que la Iglesia pide “no es que se persiga a nadie, sino que se establezca un marco legal que proteja el derecho a la vida de la persona y, por tanto, también la vida del ser humano todavía no nacido”.

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