Editorial Revista Ecclesia
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Opinión

En medio de debates soberanistas, tres documentos de la CEE que siguen en vigor

En noviembre de 2002, la Asamblea Plenaria de la CEE aprobó con 63 votos a favor, ocho votos negativos y cinco abstenciones el  documento Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Cuatro años después, en noviembre de 2006, también la Asamblea Plenaria de la CEE, con 63 votos a favor, seis “noes”, tres abstenciones y un voto nulo –una indiscutible mayoría cualificada, en ambos casos- ratificó la instrucción pastoral Orientaciones Morales ante la situación actual de España. Once y siete años después, ambos textos, del máximo rango y del máximo organismo colegial de la CEE, siguen en vigor, siguen siendo una válida y luminosa guía para tener criterios sobre las distintas coyunturas del panorama político español, no desde posiciones partidarias, sentimentales, fosilizadas e ideologizadas, sino desde la fe cristiana y desde la doctrina social de la Iglesia.

Es más, cuando en octubre de 2012, la Comisión Permanente de la CEE aprobó la declaración Ante la crisis, solidaridad, con su anexo final titulado Sobre los nacionalismos y sus exigencias morales, la votación registró otra mayoría más que cualificada: 17 votos a favor, cuatro abstenciones y ningún voto en contra.

El principio del bien común es el hilo conductor, el reclamo y la apelación constante de estos pronunciamientos de la CEE. La doctrina, ahora en concreto, del documento de 2006 sobre los nacionalismos y sus exigencias morales (números 70 a 76) se nutre además de la otra emblemática instrucción pastoral colectiva de nuestro episcopado, la de 2002, y a cuyo número 35, sobre el  nacionalismo y la  convivencia de todos los españoles, remitimos de nuevo.

         La Iglesia no entra en confrontaciones o debates políticos y partidistas. La Iglesia nada tiene que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles y de modos concretos de la configuración de los Estados. La Iglesia, que reconoce la legitimidad de las  posiciones nacionalistas, siempre que no recurran a la violencia o a métodos ilegítimos, recuerda también que sus propuestas «deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada».

         ¿Seremos capaces entre todos de releer, vivir y actuar, con serenidad e interpelación, desde estos textos del magisterio de nuestro episcopado y a contribuir a lo justo y al bien común?

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