Iglesia en España

Emilio Muñoz (Migraciones de Huelva): «Llevábamos varios años denunciando lo que dijo el Relator»

La de Huelva, a través de su titular, José Vilaplana, es una de las cuatro diócesis españolas representadas en el encuentro de obispos del Mediterráneo que desde el 18 de febrero y hasta este domingo 23, se celebra en la ciudad italiana de Bari (Italia). Participan en él unos cincuenta prelados de las dos orillas —entre ellos los españoles Omella (cardenal de Barcelona), González Montes (obispo de Almería) y Catalá (Málaga)— y uno de los temas que aborda es el de las migraciones.

Para ilustrar la realidad del fenómeno migratorio en la más occidental de las provincias andaluzas, ECCLESIA ha conversado con Emilio Muñoz, laico, director del secretariado de Migraciones de aquella diócesis y miembro de su Consejo de Pastoral.

Hace unas semanas, el secretario general de la ONU para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, visitó varios de los asentamientos de inmigrantes de la diócesis. Su informe posterior fue demoledor. «Las condiciones que observé en Huelva son simplemente inhumanas», dijo el experto australiano. «Rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. [Los inmigrantes] están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado. Muchos han vivido allí durante años y pueden pagar un alquiler, pero dijeron que nadie los aceptará como inquilinos».

Muñoz se emociona al recordar los varios incendios —algunos con víctimas mortales— que se han producido en ellos los últimos tiempos. La cruz de Lampedusa, elaborada con madera de botes naufragados frente a las costas de esa isla italiana, recorre desde hoy 22 de febrero y hasta el 8 de marzo distintas localidades de la diócesis en la esperanza de que su presencia ayude a despertar las conciencias adormecidas ante la realidad que viven estos hermanos.

—Emilio, lleva usted al frente de la delegación desde el 13 de marzo de 2013, el mismo día en que fue elegido el Papa Francisco.

—Sí, no se me olvidará la fecha. Empecé a trabajar aquí a raíz de un estudio que hice sobre infravivienda para la Universidad de Huelva.

—Hábleme de esa visita del relator de la ONU.

—Estuvo en uno de los ocho asentamientos que hay en Lepe. Dentro de la diócesis tenemos unos treinta, algunos de ellos diseminados. Ahora que se va a iniciar la campaña agrícola podrá haber viviendo en ellos unas 3.500-4.000 personas, el 98% inmigrantes. Más de la mitad de esas personas (unas 2.000) están en los asentamientos de Lepe, localidad que tiene unos 20.000 habitantes.

—El porcentaje es importante…

— Sí, pero yo cuando hablo de estos temas siempre lanzo la misma pregunta para romper el estereotipo. ¿Cuál es el municipio de Huelva que tiene un mayor porcentaje de inmigrantes? Y nadie acierta. Es Sanlúcar de Guadiana, un sitio turístico donde el cincuenta y tantos por ciento de la población la conforman holandeses, ingleses y alemanes que están allí con sus barcos.

—La denuncia de Alston es muy dura. Y de ella se hicieron eco los grandes medios y televisiones. ¿Cómo recibieron ustedes su informe?

—¡Con un aplauso! Si hubiésemos estado en la Maestranza lo sacamos a hombros, porque llevábamos tiempo denunciando la situación y ahora avala lo que decíamos. En realidad, en ese informe no hay nada nuevo. ¡Nada! El relator de la ONU viene a decir que las condiciones de salubridad son pésimas. Pero lo dice en dos líneas, mientras que desde hace varios años nosotros estamos denunciando eso mismo con documentos magníficos hecho por grandes profesionales y que no han tenido apenas repercusión. Desde 2017, por ejemplo, están sobre la mesa sendos informes de Cáritas y de ASNUCI (Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad), y el pasado enero se cerró el trabajo de investigación que ha hecho la universidad de Huelva con alumnos de último grado de Enfermería sobre las condiciones de salubridad en los asentamientos. Los informes eran «Realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva. Análisis, diagnóstico y propuestas», y el proyecto «Convivencia e inmigración: derechos fundamentales y organización de recursos humanos». Las ONG están haciendo un gran trabajo y son las que llevan el peso de la atención en los asentamientos, especialmente Cáritas.

—El relator dice que las personas que visitó están a kilómetros del agua.

—Sí, así es. Hay que tener en cuenta que si el Ayuntamiento permite que el agua llegue a las parcelas en las que están los asentamientos ese terreno se puede considerar urbanizable.

—Hábleme de los migrantes de los asentamientos. ¿Cuál es su perfil?

—Se trata de personas que han venido por el «efecto llamada» a trabajar en la recogida de la fruta, pero que al llegar se encuentran con que no pueden hacerlo, sobre todo por falta de documentos. También hay personas que tienen trabajo pero que no pueden costearse una vivienda. Hay que tener en cuenta que en la zona no hay un parque suficiente de viviendas para alquilar, y que sigue habiendo muchos propietarios que no aceptan a inmigrantes porque saben que son temporeros, que tienen que mandar dinero a casa, que deben dinero a quienes les han ayudado a venir, etc. y temen que no les puedan pagar la mensualidad.

—Estamos hablando de marroquíes y subsaharianos, ¿verdad?

—Fundamentalmente. La contratación en origen es mayoritariamente a marroquíes, también a personas de los países del Este, pero principalmente a marroquíes. Los manijeros (las personas que presentan al empresario las cuadrillas que trabajarán en la recogida) suelen ser magrebíes, aunque también hay autóctonos de confianza de los empresarios.

—¿Cuántas personas pueden trabajar en el campo en Huelva?

—Mira, el sector agrario es el motor de nuestra sociedad. La provincia tiene unos 550.000 habitantes, y el 20% de la población trabaja directamente en él o en las industrias de transformación, embalajes, servicios, etc. vinculadas. La campaña de la fresa, por ejemplo, requiere de aproximadamente 100.000 personas. Y de ellas, unas 65.000 son personas que viven aquí establemente —sean inmigrantes o no— y que se contratan de un año para otro. Entre ellas hay extranjeros procedentes de Rumanía, Polonia, Ucrania, etc. ya integrados que a nuestros ojos no cuentan como inmigrantes, algunos ya de segunda generación.

—¿Y el resto, hasta esos 100.000 de los que más o menos me habla?

—Están, por un lado, los contratados en origen, que el año pasado fueron aproximadamente 17.000. Se trató fundamentalmente de «mujeres marroquíes», porque está demostrado que su producción es más alta y su adaptación, mejor. El perfil más demandado para un contrato de origen es el de una mujer, marroquí, separada y con hijos. Desde el punto de vista de su cultura, esas mujeres tienen un problema y necesitan salir para poder vivir con una cierta dignidad, lo que las hace trabajar concienzudamente para poder quedarse. El resto, otras 17.000 personas más o menos, son personas que van a ser contratadas, o no, en función de cómo vaya la campaña, lo cual dependerá del clima. Si hace calor, la fruta madurará en seguida; si frío, se retrasará la recogida de la frambuesa, la fresa, la mora, los arándanos, y habrá que contratar a otras personas para que suplan a las que hayan venido con un contrato en origen y se tengan que ir. Estos últimos migrantes, por tanto, no saben si serán contratados ni en qué condiciones.

—Ellos son, pues, los que se hallan en peor situación…

—Claro. La situación del campo en España es, desde hace años, cada vez de una mayor precariedad, porque el precio de las materias primas (gasoil, fitosanitarios, plásticos para los invernaderos, etc.) no evoluciona de manera acorde a los beneficios. ¿Cómo se traduce esto en Huelva? ¿Quién paga realmente ese desequilibrio? Pues el que recoge la fruta, el último de la cadena. Al empresario le van a pagar el mismo precio sobre camión, independientemente de cuánto sea lo que él pague al temporero… Pero este no puede decir que no recoge la fruta porque no tiene otra posibilidad de subsistencia, porque tiene que mandar dinero a su país y porque, además, quiere seguir en contacto con el empresario, el cual, si cumple, al año que viene o dentro de unos meses, lo volverá a llamar.

—Hay un mantra que afirma que los migrantes están quitando el trabajo a los españoles…

—Sí, pero no es verdad. Hace unos años se empezó a preguntar por qué se contrataba para las campañas de la recogida a inmigrantes y no a población autóctona. Así que se trató de cubrir esos puestos con españoles. Se dijo que para esa campaña se iban a necesitar 23.000 personas y se abrieron las listas del SAE (Servicio Andaluz de Empleo). Se presentaron muy pocos, hubo menos de mil solicitudes, y como no todas reunían los requisitos exigidos se contrató a 600 o 700 personas. De ellas, solo terminaron la campaña unas 400. Esto ocurrió en 2017-2018. Ahora sigue habiendo un acuerdo con el Gobierno andaluz para poner las plazas que se requieran a disposición de personas desempleadas, y no se cubren.

—Volvamos a los asentamientos que hay en la diócesis. Dice que son unos treinta. ¿Cómo son? ¿Qué clase de viviendas hay en ellos?

—Son infraviviendas hechas con los materiales que encuentran. Los palés de madera sirven para sustentar los techos, y los plásticos de los invernaderos se utilizan para forrar las chabolas y proteger a sus moradores del agua. Por dentro se ponen cartones, de los que se tiran en los polígonos industriales. Hay asentamientos que crecen precisamente cerca de los polígonos porque ahí están los desechos y así no hace falta transportar nada. En el interior, colchones viejos que encuentran, pequeñas cocinitas que han desechado otros, bombonas de gas con tapones sin ninguna seguridad… Todos, materiales inflamables y sin ninguna seguridad. Se dan todos los elementos para que pase algo.

—Ya ha habido incendios…

—Varios en Lepe y más recientemente, la pasada Navidad, otro en Palos de la Frontera, donde murió un chico. Había cerrado su chabola por dentro con un candado para que no le robaran, pero cuando se produjo el incendio lo primero que se quemó fue el chaquetón que contenía la llave que abría el candado. Murió abrasado, pegado a la puerta, llamando por teléfono para que alguien le sacara. Se quemaron en total 16 chabolas en un complejo aislado, construidas de manera concatenada.

—¿Y los otros incendios, los de Lepe?

—Fueron tres, y muy seguidos, y son los que provocaron los informes de Cáritas y de ASNUCI a los que he hecho referencia antes. El asentamiento en cuestión está muy cerca de un centro comercial y el Ayuntamiento, en su plan urbanístico de 2018, estaba buscando sitios de expansión. El alcalde lo visitó con algunos empresarios. Lo hizo cuando en Lepe ya se sabía que se iba a hacer un nuevo centro comercial y muchos decían incluso dónde iba a ir. Los incendios, uno detrás de otro, como digo, se produjeron a principios de octubre de 2019. Al día siguiente del último de ellos, unas palas excavadoras entraron por un lado del asentamiento y barrieron todo, y a los dos días una empresa valló el terreno. Solo faltó colocar el cartel de «Próxima construcción: centro comercial».

—¿Se pueden evitar los asentamientos?

—Hay muchas formas de que no haya asentamientos. Si lo que queremos es acabar con ellos, sin más, podemos hacerlo de un plumazo. Pero debemos ser conscientes de que en Huelva se ha pedido mano de obra, y de que quienes vienen a trabajar son ante todo personas. Esta es la visión que no podemos perder. Y he de decir también que, por lo general, la gente aquí es muy solidaria.

—Hábleme de los voluntarios que trabajan con los inmigrantes.

—Son personas entregadas a la causa. Es imposible ser aséptico ante la situación que estamos viviendo, porque seríamos robots y no personas con corazón. El papel de los laicos que se involucran en este tema es fundamental, porque luego transmiten su visión cualificada en los foros en los que se mueven por su condición de médicos, arquitectos, abogados, etc.

—El tema de los migrantes abarca muchos frentes, ¿verdad?.

—Lo que nosotros vivimos en Huelva no es un problema que se pueda mirar solo desde la migración, el sector agrícola, los empresarios, los sindicatos, la vivienda o la sanidad. Es un problema estructural.

José Ignacio Rivarés

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