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El Servicio Jesuita a Migrantes presenta su informe 2020: «La existencia de los CIE es innecesaria»

Esta mañana ha tenido lugar en el Senado la presentación del informe del SJM sobre la realidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) el pasado año.  

Bajo el título Razón jurídica y sinrazón política y con cerca de un centenar de participantes entre la asistencia física y virtual, este trabajo desde el SJM dirige la mirada hacia el internamiento en tiempos de coronavirus, con especial atención a la insuficiente atención sanitaria. Los CIE cerraron sus puertas ante la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, de una forma inicialmente descoordinada y caótica, aunque luego se percibió el fundamento jurídico y las decisiones claras de la Policía y de la Fiscalía. Sin embargo, una decisión política ilógica que tomó la vía represiva motivó su vuelta a la actividad a partir de septiembre del año pasado, con insuficientes medidas preventivas anti covid y aislamientos severos para personas contagiadas, con el consiguiente clima de angustia y ansiedad para los internos.

Cifras de una realidad que la covid-19 no ha hecho sino agravar

En 2020 fueron internadas en los CIE un total de 2.224 personas, la gran mayoría (79%) por motivos de devolución tras entrada irregular, seguida de motivos de expulsión (16%). 42 menores fueron identificados, casi un 2% del total de internos, una cifra demasiado elevada pero inferior a la real, ya que pone en entredicho la fiabilidad de las pruebas de determinación de la edad, como indicaron durante su turno de intervención tanto Josep Buades Fuster SJ como Cristina Manzanedo, autores junto a Josetxo Ordóñez, del informe.

Por otro lado, 766 internos solicitaron asilo y 84 fueron aisladas de forma preventiva. Un dato importante refleja el innecesario sufrimiento al que se somete a las personas que acaban en un CIE: del total de personas devueltas en España (1.904), solo un 28% lo fueron desde CIE, así como del total de expulsiones (1.835), un 38% desde CIE. El 47% de los internados fueron finalmente puestos en libertad por diversos motivos al no poder ejecutarse su repatriación forzosa. 

Los tribunales, tal y como ha detallado Manzanedo, que formó parte de todo el proceso judicial, admitieron el pasado año la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de la muerte de Samba Martine, en Madrid en diciembre de 2011. Un acto de justicia y reparación, fruto de casi una década de lucha judicial y social por parte de la familia y organizaciones sociales cercanas. 

«El procedimiento de Martine ha sido un litigio muy largo donde la propia administración reconoce fallos estructurales, sobre todo en la falta de coordinación sanitaria. Durante todo el proceso contrastamos que los CIE son espacios opacos. Negaron todo desde el principio y no pusieron en marcha ninguna investigación al respecto. Este trabajo ha sido gracias a la sociedad civil». 

El presente informe profundiza en una serie de derechos que han sido objeto de tutela judicial y que es preciso garantizar en la práctica. Entre ellos la instrucción exhaustiva ante denuncias de torturas y tratos degradantes e inhumanos; la detección de perfiles de protección internacional o de menores de edad; o la posibilidad de la simple multa por estancia irregular. Ante esta vulneración de derechos, que se suma a las ya continuadas, como la deficiente atención sociocultural, jurídica y sanitaria, las visitas de las diferentes ONG se hacen más importantes que nunca. Los equipos de visitas a CIE de SJM pudieron realizar su trabajo normal hasta la declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de los centros, pero al retomarse el internamiento, solo en Madrid han podido continuar la labor. 

Por su parte, Josep Buades SJ, a la pregunta de ECCLESIA sobre la libertad religiosa en los CIE, ha dicho que salvando casos puntuales, como Fekri, interno en Barcelona proveniente de Argelia, donde cinco agentes se burlaron de él cuando estaba rezando en su celda, el resto de policías «tienen un trato muy profesional. Está garantizado el derecho fundamental a la libertad religiosa». En este punto Buades ha querido resaltar la labor del capellán de Barranco Seco, en Canarias, que sigue redoblando los esfuerzos en el trato interreligioso y atendiendo a los católicos que están en ese centro. 

Un CIE contiguo a una prisión: la apuesta política por el internamiento y la vía represiva

En el horizonte próximo se dibujan proyectos de obra en CIE que denotan una clara apuesta política por el internamiento y la vía represiva. Se confirma el proyecto de un nuevo CIE en Botafuegos, Algeciras, con una inversión de casi 27 millones de euros entre 2021 y 2024. Además, la financiación que se plantea en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, sumada a las ya publicadas en años anteriores, eleva la cifra a más de 32,5 millones para el periodo 2019-2024. El nuevo centro de Algeciras copa la mayoría, pero los otros 6 millones se destinan a la reforma y acondicionamiento de los centros ya existentes, lo que demuestra una clara intencionalidad política.

En este informe, SJM reitera su compromiso de acompañar y defender a las personas internas en los CIE, reclamando una vez más su cierre y la búsqueda de otras alternativas jurídicas y políticas para las personas que caen en la irregularidad. Las propuestas conclusivas señalan la necesidad de, al menos mejorar la prevención y atención sanitaria, si no suspender los internamientos en pandemia. Continúa siendo preciso corregir situaciones de derechos vulnerados, como las denuncias de tortura o el internamiento de perfiles vulnerables como menores y solicitantes de asilo. La sinrazón de la existencia de los CIE se hace aún más patente en contexto de pandemia global



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